Carmen Beatriz Fernández: En horas cruciales

El domingo la oposición venezolana logró una consulta popular de gran visibilidad nacional e internacional. Fue un proceso admirable que demostró capacidad logística, compromiso democrático, y una valentía ciudadana que raya en el heroísmo. Se convocó y organizó en menos de un mes y participaron 7,5 millones de venezolanos, incluyendo unos 700 mil ubicados en el exterior. Sin tiempo, sin recursos, sin apenas medios de comunicación. No contó con el arbitraje y capacidad organizativa de la institución electoral ni tampoco con la custodia de la Fuerzas Armadas Nacionales, aspecto éste que demuestra que ambas son prescindibles en la organización de un evento electoral nacional. Tampoco fue una elección propiamente dicha, y hacía visible para quienes participaron, que el ser opositor al régimen, en Venezuela entraña riesgos.

Es claro que el gobierno trató de obstaculizar e invisibilizar la convocatoria, y que una vez ocurrida viene tratando de desprestigiarla e invalidarla. Sin embargo, la consulta tuvo un enorme valor simbólico y los símbolos en política son los elementos más poderosos, los grandes articuladores de la narrativa política.

Y en esa competencia entre narrativas el gobierno ha perdido: millones de venezolanos salieron a expresar su protesta pacífica y democráticamente. El domingo hubo un acto de desobediencia ciudadana que clamó y visibilizó las demandas por el retorno a la democracia. El relato que se ha tratado de articular desde el gobierno desde que iniciaron las protestas hace más de 100 días, es el de definirlas como violentas y focalizadas, minoritarias y alejadas del sentir mayoritario de la población. Esa narrativa cuenta con el apoyo de toda la batería comunicacional al servicio del gobierno, incluyendo en los planos internacionales la de TeleSur y Rusia Today. Ese relato busca categorizar a quienes protestan como terroristas y allanar caminos para un desenlace a lo Siria.

El relato alternativo de la oposición es que la protesta es pacífica, constitucional y clama por un desenlace electoral. Esa ha sido la clara línea de la Unidad, y ha contado a su favor con la visibilización de las muchas demostraciones de protestas pacíficas, así como las más amplias y variadas manifestaciones musicales y culturales en general. En Venezuela están dadas todas las condiciones para la rebelión social y si ella hasta la fecha no ha sido más violenta es sólo por el carácter profundamente democrático de un pueblo que ha vivido bajo democracia durante más de dos generaciones.

Siempre se ha pensado que quien tiene necesidades de existencia no puede darse el lujo de tener necesidades existenciales. Sin embargo en los más de 100 días de protesta que van en Venezuela coinciden ambas cosas. La rebelión popular que se vive en el país tiene que ver con la lucha por la propia existencia, pero también con la lucha por los valores democráticos y el régimen de libertades que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido confiscando día a día. La lucha por la existencia es literal: en el país hubo 70 homicidios por cada cien mil habitantes el año pasado (el promedio del mundo es de 7 y el de las Américas, como un todo, de 15). Pero además una hiperinflación que es récord mundial, y que ya va por su quinto año consecutivo siéndolo, alcanza el 700% anual, y el desabastecimiento en fármacos básicos alcanza el 85% del mercado. Son sólo tres de los indicadores que hablan de la dura lucha por la existencia que libran a diario los venezolanos.

Erica Chenoweth, académica de la Universidad de Denver, lleva un registro histórico de la resistencia civil en el siglo XX y es activista de la lucha no violenta en el siglo XXI. Identifica como un patrón la “regla del 3,5%”, la noción según la cual ningún gobierno ha podido soportar un desafío de más del 3,5% de su población movilizada sin acometer cambios profundos o desintegrarse. Pues bien, se calcula que en las protestas venezolanas más de 4 millones de venezolanos han salido a las calles a protestar en estos 100 días, representando casi un 20% de la población (Datanálisis, junio 2017). Y en el acto de este pasado domingo la protesta casi se duplicó, cuantitativamente hablando.

¿Qué pasará a partir de aquí? Está por verse. En gran medida el desenlace dependerá de lo que ocurra en el plano internacional. La comunidad internacional parece haber entendido la oportunidad del momento. La tiranización de Venezuela, por un régimen forajido sentado sobre las reservas de crudo más grandes del planeta, implica un riesgo geopolítico global real.

Venezuela está sentada sobre una bomba de tiempo, unas condiciones de vida infrahumanas afectan a más del 80% de su población, y está un default económico en puertas. La situación humanitaria puede aún empeorar. El vecino colombiano Juan Manuel Santos así lo ha entendido, y teme al impacto que ello tendrá sobre su propio país, pues una frontera viva de 2.200 kilómetros hace imparable una migración muy masiva si no aparecen soluciones urgentes. Ayer hizo un llamado a detener la convocatoria de Maduro a la Constituyente. Lo hizo, además, apenas regresando de un viaje a Cuba donde se habría encontrado con Raúl Castro. Por su parte, también ayer, Donald Trump amenazó con sanciones de proseguir el camino de la constituyente. Y la Unión Europea hizo lo propio.

Enrique Krauze ha propuesto una “salida sin precedentes” con la intervención de la comunidad internacional, inspirada en la llamada doctrina Betancourt formulada en 1959:

“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

Plantea una alianza entre Europa, América Latina y El Vaticano que permita una intervención en la situación venezolana. “Un cordón sanitario –diplomático, financiero, comercial, político– al régimen forajido de Maduro, persuadir al papa Francisco de ser más agresivo en este esfuerzo y presionar juntos a Raúl Castro para aceptar la salida democrática: cese a la represión, elecciones inmediatas, respeto a las instituciones, libertad a los presos políticos”.

Por su parte el presidente peruano Pedro Pablo Kuczysnki ha planteado una solución más americanista, con la mediación del presidente canadiente Justin Trudeau como fiel de la balanza y un trío de países escogido por cada una de las partes, que apunte a una negociación que arroje un desenlace electoral.

Contra todo pronóstico Nicolás Maduro y su gobierno vienen aguantando y podrían seguir empecinados en la convocatoria “constituyente”, aún a sangre y fuego. Se aferran a la represión como instrumento de sobrevivencia. Lo que hay detrás de este apego al poder es la convicción de no tener salidas alternativas. Varios altos cargos gubernamentales tienen serias cuentas pendientes en materia de narcotráfico y derechos humanos. La tiranización de la sociedad es en parte consecuencia de la construcción de un Estado forajido. Si bien es cierto que la represión aún no alcanza niveles masivos ni tan desmedidos como los de otras dictaduras de la historia, el régimen va claramente encaminado a ello. Con más de 90 muertos en las protestas, más de 400 presos políticos y más de 3000 procesos legales abiertos contra opositores, podríamos decir que se aplica aún la “represión al por menor”; sin embargo, el gobierno avanza hacia la hechura de una Constitución a la medida, prevista a través de un fraudulento “proceso constituyente” que secuestra el derecho a voto universal y directo, y que planea avanzar en la confiscación de libertades fundamentales. El proceso plebiscitario del domingo ha dejado al desnudo el carácter conflictivo e impopular de esa “Constituyente”, que merece ir entre comillas porque cualquier constitución implica un arreglo mínimo de convivencia y consenso social, del que ésta carece.

En el zigzagueante camino hacia la dictadura constitucional, Leopoldo López, el preso político más emblemático, ha sido beneficiado con una medida de “casa por cárcel”. La medida apunta a aligerar presiones nacionales e internacionales, y también a agrietar la unidad opositora. No debe confundirse con una señal de renovado afecto humanitario por parte del gobierno, pues se contabilizan 15 nuevos presos políticos, que han entrado a prisión desde que López fuera liberado la semana pasada, en lo que activistas de derechos humanos han denominado “la puerta giratoria de la represión”.

En Venezuela se juegan los valores democráticos del continente americano y son las próximas horas muy relevantes para escribir el futuro.