Castrismo vs. sector privado: la trampa que nadie quiso ver

LA HABANA, Cuba. – La lluvia de intervenciones, arrestos y decomisos de mercancía en negocios del sector privado cubano es la comidilla por estos días. Desde que comenzaron a televisar los operativos policiales a través de “reportajes sumarios” para predisponer a los ciudadanos en contra de los emprendedores, no se habla de otra cosa.

Muchos critican y condenan mientras otros, más avezados en la costumbre de leer entre líneas, se muestran escépticos. El régimen comunista declara que los cuentapropistas encausados han atentado contra el bienestar social al acaparar productos en plena crisis provocada por la COVID-19; pero lo cierto es que buena parte de la mercancía expropiada estaba almacenada desde antes que se declarara el período de excepcionalidad a consecuencia de la pandemia.

Los operativos son tan perfectos que parecen preparados. La gente halla raro que lo que viene sucediendo hace años estalle justo ahora, en un momento tan crítico y a la vez oportuno para que la dictadura levante la moral e intente recuperar la fe de la ciudadanía en su descabellada gestión.

El volumen de mercancía ocupada es demasiado grande como para implicar solo a pequeños comerciantes. Aunque el foco inquisidor se posa sobre las caras de empleados rasos y administradores, la cadena de cohecho se extiende en línea vertical, con muchos carnés del partido hundidos en la mierda hasta el tope.

No andan despistados quienes consideran que el régimen dio cordel a ciertos negocios privados para arrearles el trancazo en el momento adecuado. La corrupción y la ilegalidad son males tan crónicos en Cuba que los negociantes se descuidan y realizan sus movimientos sin una pizca de discreción. El Estado se limita a hacer la vista gorda hasta que llega el momento de recoger los frutos de tanta indulgencia; una táctica que asegura el reflujo de efectivo y bienes hacia sus canales sin gastar un centavo.

Ha llamado la atención que a uno de los cuentapropistas caídos en desgracia le decomisaron dos autos, entre ellos un Audi. Ese detalle podría ser un aviso para quienes se dejaron llevar por el impulso de comprar coches de segunda mano, vendidos por el Estado a comienzos de año. Aquella feria pensada para desangrar bolsillos a cambio de mercancía usada, probablemente fue la trampa ideal para en un futuro cercano atrapar a quienes han estado amasando demasiada plata, según los estándares de solvencia aceptables por la dictadura.

En Cuba un Audi es privilegio de reguetoneros famosos, hijos de papá, deportistas de renombre y artistas plásticos con mucho éxito comercial. Ni siquiera los más prestigiosos especialistas en medicina poseen uno; pero la persecución no será dirigida solo a los orgullosos propietarios de un Audi. Todos los que pagaron decenas de miles de dólares por un carro de segunda mano, sea cual sea la marca, harían bien en poner su patrimonio a salvo, porque es casi seguro que irán a por ellos. Así funciona un sistema que permite a sus ciudadanos vivir en la ilegalidad hasta que la nomenclatura decida.

La riqueza “mal habida” puede incrementarse durante años y con ella la confianza, pero también la torpeza y la indefensión. Un día llegan de golpe, con las cámaras del noticiero, y se lo llevan todo. Esa conducta es típica de un régimen matrero, que sigue jugando con las mismas reglas que hace sesenta años, reformuladas apenas con un barniz de corrección. Teniendo en cuenta el tortuoso historial del sector privado en Cuba, no es nada nuevo que quien salga peor parado sea el inversionista por poner negocio y pretender crecer en un país que no ofrece garantías suficientes al emprendimiento; que da y quita violando todos los contratos; y posee un marco legal cundido de vaguedades para “marear” al que tiene dinero y ambición.

Es una estrategia que el castrismo ha implementado, con ligeras modificaciones, en todas sus grandes crisis económicas. La Ofensiva Revolucionaria de 1968 fue la primera, que a muchos les pareció justificada bajo el influjo de la joven revolución. Pero en mayo de 1994 hubo otra embestida contra “cubanos enriquecidos”, muy similar a la actual.

Fidel Castro declaró por aquella fecha que su gobierno adoptaría un paquete de medidas “duras y difíciles” para actuar contra “especuladores, capos del mercado negro y campesinos que han eludido al Estado y han vendido sus mercancías a particulares”. Tal como está sucediendo hoy, dichas medidas comprendían la expropiación de coches, viviendas y electrodomésticos si no se podía demostrar que los habían adquirido legalmente.

Castro equiparó las nuevas medidas a las que habían sido implementadas durante la Ofensiva del 68, y además precisó que se trataría de una regulación simple, que “sin trámites complicados sirviera para confiscar los bienes de aquellos que se han enriquecido de forma rápida y escandalosa”. Hoy, a pesar de las leyes supuestamente creadas para proteger al sector privado, el régimen procura evitar trámites engorrosos poniendo a los “malhechores” ante las cámaras para que el pueblo los juzgue con su escuálido entendimiento del derecho civil y empresarial.

Apelando siempre a la emocionalidad analfabeta, en cada reportaje se recalca que lo peor del hecho delictivo es que las mercancías decomisadas son las mismas que persigue la población. Sin embargo, se ve a las autoridades inventariando cajas de cerveza, malta, refrescos, ron, cigarros y chucherías. Hasta el momento no se han incautado paquetes de pollo, picadillo, salchichas, leche en polvo, café, jabones, desodorante, detergente, champú, arroz o frijoles; precisamente los productos más demandados.

Nuestra historia está llena de lecciones que permiten afirmar que estamos asistiendo a la ejecución pública del sector privado cubano, y retrocediendo aceleradamente al instante de mayor invalidez económica. El castrismo, incapaz de pensar en otra dirección, insiste en ser el único proveedor, el único rico, el verdugo implacable de cuanto huela a libertad y autonomía ciudadana. Pretende ser, en definitiva, el único sobreviviente.