Cesarismo o democracia: una quimera
“El asalto al Estado de Derecho es una amenaza a la democracia liberal y estamos viendo una ruptura, estamos viendo a los líderes democráticamente electos asumiendo poder y después minando las garantías básicas, como la autonomía judicial, la integridad electoral y la libertad de expresión.» REBECCA BILL CHAVEZ
En el siglo XXI, todo nos indica que la democracia, “doctrina política según la cual la soberanía recae en el pueblo, que ejerce el poder por medio de representantes elegidos por sufragio universal” -de acuerdo con la definición del Diccionario esencial de la lengua española- zozobra, creando incertidumbre e inquietud en los países del hemisferio occidental.
La democracia es la base de la coexistencia pacífica; actualmente las dudas emitidas en varias naciones por los actores principales en los procesos comiciales, los políticos, han enturbiado la legitimidad del funcionamiento de los sistemas políticos y electorales, así como de las instituciones que deben velar y cumplir con sus procedimientos en las diferentes naciones, causando un gran desconcierto e intranquilidad en los ciudadanos. Son estos organismos, empoderados por su sistema jurídico, los encargados de velar por el buen desarrollo del proceso comicial, de mantener un sistema democrático transparente; sin embargo, los políticos con sus deslenguadas declaraciones y actuaciones han arrojado sombras sobre su impoluto funcionamiento.
Recientemente, hemos podido observar en países como los Estados Unidos de América e Israel, como poco a poco se han ido socavando los principios de la democracia, con las actuaciones de sus dirigentes políticos. En los Estados Unidos vimos en enero de 2021 a una turba que ingresó a la sede del poder legislativo tratando de alterar los resultados electorales. El poder judicial encargado de velar por el cumplimiento del orden jurídico y mantener como el pie de la balanza la armonía constitucional, y por otro lado el legislativo como representante de los ciudadanos impidieron que se cambiara la voluntad de la sociedad estadounidense. Este acto, desmedido y desafortunado, ha dañado la imagen del más representativo sistema democrático del mundo occidental.
Tiempo después, el señor Netanyahu, primer ministro de Israel, ha demostrado una vez más el deseo autocrático de algunos políticos al querer concentrar el poder en sus manos omnímodas, imponiendo la subordinación del poder judicial al ejecutivo, impidiendo con ello la independencia y neutralidad de los defensores de la constitución y las leyes, simplemente para evitar una sentencia adversa en el caso de la investigación que actualmente se realiza en los tribunales israelíes.
Posteriormente, otro jefe de Estado, como Andrés Manuel López Obrador, en México, trató de amedrentar al poder electoral, intentando modificar sus normas de participación en los procesos comiciales, e interfiriendo en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, INE. Sin embargo, sus autoridades, las del Tribunal Electoral y las masivas manifestaciones callejeras de la ciudadanía detuvieron su ambición desmesurada.
En Colombia, el presidente Petro también ha querido inmiscuirse en las actuaciones de las autoridades judiciales, recibiendo un rotundo rechazo por parte de la Corte Suprema y el Congreso, respaldados por masivas manifestaciones de los ciudadanos colombianos en las calles. La Corte Suprema de Justicia de Colombia expresó «gran inquietud por la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución» por parte del presidente Gustavo Petro en disputa pública con el Fiscal general. Quería asumir las riendas de una institución no sujeta al poder ejecutivo. Petro tuvo que reconocer la independencia de la fiscalía general.
En Argentina, el gobierno y el poder judicial se enfrentaron entre reformas truncas y el futuro de las causas de Cristina Fernández de Kirchner. La tensión entre ambas instituciones no ha cesado. Un fallo de la Corte Suprema sumó un nuevo capítulo. El máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías que actualmente rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo central en este conflicto de poderes, que se encarga de la selección de los jueces nacionales y federales y de su control y sanción, revirtiendo una ley aprobada en el anterior gobierno kirchnerista. Los cuatro jueces del tribunal manifestaron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas y poder entre los integrantes políticos y aquellos que representan a otros sectores en la elección y control de jueces.
En Guatemala el gobierno, actuando a través de un fiscal de dudosa reputación, ha tratado de detener el proceso de la segunda vuelta electoral, al intentar anular al partido Semilla, quien llegó segundo en los pasados comicios. El Tribunal Electoral se pronunció en contra de la actuación de las autoridades y ahora todos estamos pendientes de la continuación del proceso electoral.
Mientras tanto, observamos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que simplemente absorben todos los poderes del estado a la luz de la comunidad internacional para instaurar sistemas absolutos y autocráticos que no respetan la carta magna, el ordenamiento jurídico y los derechos ciudadanos; asumiendo las tropelías, la tortura, la persecución y el acoso como sus banderas supuestamente republicanas, vinculadas al socialismo del siglo XXI, eliminando las democracias y la libertad ciudadana.
Poco a poco, los principios democráticos se han ido debilitando frente al omnímodo despotismo que quiere controlar todo el poder en nuestras naciones y perpetuarse en él. Con estos pequeños recuentos, deseamos mostrar cómo lentamente el cesarismo se va imponiendo ante los principios democráticos. La autocracia, en el mundo crece a pasos agigantados, el absolutismo nos recuerda la ambiciosa aplicación de aquellas recordadas frases atribuidas a Luis XIV “La loi cést moi, L’État cést moi”.
