Chile: ¿Qué nos pasó?

Todo comenzó con un llamado a la evasión en el pago del pasaje del metro en Santiago, a partir de un alza de $ 30 pesos (38 centavos de dólar). De la evasión se pasó a la destrucción. Se vieron afectadas varias estaciones y trenes, lo que significó dejar sin operación a casi todo el sistema de transporte subterráneo de Santiago. En diversas regiones del país continuaron las manifestaciones y los desórdenes. Ya va casi un mes de este fenómeno. La gran mayoría han sido movilizaciones pacíficas y multitudinarias, aunque también han existido saqueos y creciente violencia.

Son días convulsionados para un país que está al fin del mundo. En un par de semanas pasamos de ser un oasis a un país en guerra, según el presidente Sebastián Piñera. Dos comentarios muy desafortunados que solo hicieron escalar aún más la crisis social.

Las movilizaciones son una manifestación de una sociedad molesta y también angustiada. No se puede negar la precariedad y la vulnerabilidad social que viven un gran número de familias chilenas.

Es cierto que Chile ha tenido un desarrollo en los últimos treinta años. Este progreso se ha expresado en crecimiento económico, disminución de la pobreza, crecimiento de la clase media y acceso a bienes y servicios. En poco tiempo se ha formado una nueva sociedad y una nueva ciudadanía. Sin embargo, el gran problema que persiste es una desigualdad estructural intolerable.

Pese al progreso experimentado, muchos chilenos se sienten excluidos de este desarrollo económico, lo que en un contexto de alta desigualdad ha creado una fuerte frustración social que explica el descontento y la movilización. Es una realidad que no puede ser desconocida.

Revisando algunas lecturas que nos ayudan a comprender mejor esta nueva realidad, encontramos un texto de Tony Judt; literalmente, en el último libro publicado por este historiador británico, Algo va mal: «El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana. Gran parte de lo que hoy nos parece “natural” data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la retórica que los acompaña: una admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio por el sector público, la ilusión del crecimiento infinito». Esta reflexión del 2010 parece explicar muy bien el estallido social en Chile del 2019.

Chile y su convivencia social llegaron a un momento límite. Estamos ante una crisis de la democracia y sus instituciones y un sistema económico que no tiene legitimidad social. Los chilenos se cansaron de un sistema que tolera los abusos de los poderosos.

También debemos decir que estamos frente a un nuevo proceso de politización de la sociedad. Es un proceso muy profundo y activo. Que explotó brutalmente y todavía no sabemos bien cómo seguirá. El nivel y profundidad de la conversación política, es decir, la discusión de los temas de la agenda, como el nivel de activación e involucramiento político, no se observaba desde 1986-1987-1988, que fueron los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet.

Cuando se produjeron estos procesos de politización en Chile (crisis de años veinte, crisis de los cincuenta y sesenta), el sistema de partidos experimentó cambios significativos. De cristalizar este proceso, no se pueden descartar cambios a los apoyos de todos los partidos. Es importante destacar que cada uno de esos procesos generó un realineamiento electoral que perduró por muchos años en el sistema político chileno. Hoy no se puede descartar que tenga impactos profundos en el sistema de representación.

El juego político en Chile cambió radicalmente. Por cierto, no sabemos con certeza cuáles serán las formas que adopte. Pero lo que surge como aproximación, y que debemos explorar con más estudios, es que las dinámicas del gran ciclo 1990-2019 se acabaron.

Por todo lo anterior, urge una conducción desde la institucionalidad política. Pero la política supone liderazgo. Supone conducción. Supone un esfuerzo comunitario. Este es el desafío de hoy para la democracia chilena.

El Gobierno no puede perder más tiempo. Debe poner orden e iniciar los cambios profundos que la ciudadanía está requiriendo. Hasta el minuto, se ha visto un gobierno confuso, reaccionario y que no encuentra el camino que permita salir de la crisis. Hoy el 79 por ciento de los chilenos y chilenas desaprueban la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno; solo un 15 por ciento lo aprueba (Cadem, noviembre 2019). Se trata del porcentaje más alto de rechazo que ha existido a un presidente y su gobierno desde el retorno a la democracia.

Chile requiere cambios fundamentales, estructurales y profundos. Desde la política, y particularmente desde los sectores económicos, se debe llevar a cabo una verdadera agenda de cambio social, económica y política en forma inmediata. El punto es cambiar un modelo que se agotó. El 73 por ciento de los encuestados consideran que la crisis que vive Chile es la expresión de un descontento social generalizado (Cadem, noviembre 2019).

Las manifestaciones pacíficas son la demostración fehaciente de un civismo que despertó. Asimismo, existe una condena mayoritaria a la violencia y a los saqueos, que deben terminar cuanto antes. Tampoco es tolerable, bajo ningún pretexto, la violación a los derechos humanos que hemos visto en estos días. Al 10 de noviembre, el organismo estatal de defensa de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha reportado más de 2.009 personas heridas en hospitales: 42 por disparos de bala, 643 por disparos de perdigones, 345 por arma de fuego no identificadas. Más de 197 personas (en su mayoría jóvenes) han sufrido heridas oculares por la acción policial. El INDH ha presentado más de 283 acciones judiciales: 5 por homicidio, 6 por homicidio frustrado, 52 por violencia sexual, 192 por torturas y tratos crueles (Informe INDH, 10 de noviembre). Se requiere una investigación inmediata y que tribunales sancionen los delitos cometidos. Para nuestro régimen democrático, no queremos ni aceptamos más muertos y heridos por agentes del Estado. El uso de la fuerza ilegitima es lo opuesto a la política de inspiración democrática.

Las movilizaciones que hemos visto nos conducen a un nuevo Chile. Se debe asumir que tenemos una sociedad más informada y demandante, que nos exige un verdadero desarrollo equitativo en todos los planos de la vida cotidiana. La gobernabilidad democrática debe construirse desde la participación ciudadana y la equidad social.

En el plano institucional es urgente, y único camino de salida, que el gobierno convoque a un plebiscito para que los chilenos y chilenas puedan votar si quieren o no una nueva Constitución y qué mecanismo se aplicará. Los datos de encuestas son claros: el 78 por ciento está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución. Es obvio que este único hecho no logrará cambiar la situación y solucionar todos los problemas, pero se requiere esta iniciativa para relegitimar la democracia chilena y dar un cauce institucional a la crisis.

En el plano económico, la tarea es impulsar una economía al servicio de todos(as) y no solo de unos pocos. La demanda de un mayor crecimiento económico debe ir de la mano con la reducción de todas las inequidades que persisten. El desafío central es construir una sociedad más solidaria y equitativa y que exista un Estado más robusto que conduzca al bienestar.

Los chilenos desean volver a formar parte de una comunidad que comparte un sueño común. Por ende, se requiere un nuevo entramado de acuerdos económicos y sociales orientados a hacer de Chile una sociedad más equitativa. Ello no es un acto de magia. En simple, los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos. A propósito de los treinta años de la reunificación de Alemania, recordamos con admiración lo que hizo el canciller Helmut Kohl ante el desafío de la unidad alemana. Kohl comenzó e impulsó el proceso de reunificación bajo un principio básico: «En Alemania no existen alemanes de primera y de segunda categoría». A tres décadas de ese hito histórico, los chilenos reclaman la misma unidad y dignidad.

Para superar la crisis no existen atajos. Por ello, tenemos que perseverar en cuidar y recrear la democracia. La justificación del Estado democrático es precisamente que constituye un conjunto de reglas y acuerdos respetados y aceptados por todos. Por lo tanto, la tarea principal es profundizar la democracia que hemos construido. Esto significa hacer los cambios sociales que nos permitan recuperar la legitimidad del Estado y de sus autoridades.

Con urgencia, los líderes políticos deben conducir al país a una sociedad auténticamente inclusiva, cohesionada y con una verdadera equidad social. Como pocas veces en la historia de Chile, estamos en un momento expectante. Se requiere con urgencia un nuevo pacto político, social y económico. Solo anhelamos, como la gran mayoría de chilenos y chilenas, una respuesta pacífica, democrática y republicana.