China impone sanciones a Rubio y Cruz por denunciar la represión en Xinjiang
La nueva «Guerra Fría» que enfrenta a Estados Unidos y China ha entrado en tal fase de «acción-reacción» que, si Washington impone sanciones a sus dirigentes, Pekín hace lo mismo, aunque no diga en qué consisten. De forma más simbólica que efectiva, y sin poder ocultar su pataleta, el autoritario régimen del Partido Comunista impuso ayer sanciones contra sus «bestias negras» de la política estadounidense exceptuando al presidente Trump. No son otros que los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, el congresista del mismo partido Chris Smith, el embajador para las Libertades Religiosas Internacionales, Sam Brownback, y la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China. Todos ellos son furibundos anticomunistas y Rubio, una de las voces más críticas contra Pekín, lideró el mes pasado una Alianza Interparlamentaria para contrarrestar el auge internacional de China exponiendo sus violaciones de los derechos humanos.
En venganza por sus persistentes denuncias sobre los abusos que sufren los uigures en la región musulmana de Xinjiang, donde se calcula que hay un millón de personas encerradas en campos de reeducación, Pekín les impondrá unas sanciones que no ha especificado. La medida es una represalia por las sanciones que la Casa Blanca anunció la semana pasada contra una serie de cuadros del régimen a los que acusaba de violar los derechos humanos en Xinjiang. Entre ellos destacaba el secretario del Partido Comunista en dicha región, Chen Quanguo, sobre quien ya pesa la prohibición de concederle un visado para EE.UU., la congelación de activos en este país si los tuviera y el veto a que haga negocios con empresas norteamericanas.
«Acciones erróneas»
Sin concretar qué es lo que hará China contra los políticos sancionados, la portavoz de Exteriores, Hua Chunying, reconoció en su rueda de prensa diaria que se trataba de una respuesta a «las acciones erróneas» de Washington. «Instamos a EE.UU. a retirar inmediatamente su decisión equivocada y detener cualquier palabra y acción que interfiera en los asuntos internos de China y dañe nuestros intereses», señaló Hua, según informa la agencia Reuters. Aunque no dio detalles sobre dichas sanciones, entre otras cosas porque no parece que los afectados tengan intereses en China ni intención de viajar a este país, avanzó que Pekín «adoptará una respuesta más profunda dependiendo del desarrollo de la situación».
Junto a las disputas comerciales, el coronavirus y Hong Kong, Xinjiang es uno más de los muchos frentes que tienen abiertos las dos superpotencias en esta «II Guerra Fría», en la que China ha relevado a la extinta Unión Soviética. Enclavada a 4.000 kilómetros al oeste de Pekín, esta gigantesca región que ocupa tres veces las superficie de España es estratégica para el régimen chino por sus reservas de petróleo y gas natural y sus fronteras con Rusia, Mongolia, Pakistán, Afganistán, India y varias repúblicas ex soviéticas de Asia Central.
Un millón de uigures confinados
Para acabar con los atentados y revueltas que han sacudido durante los últimos años a Xinjiang, Pekín lanzó en 2014 una campaña que se ha endurecido desde que el jefe del Partido, Chen Quanguo, fue trasladado desde el Tíbet en 2016. Bajo su cargo, se ha construido una red de campos de reeducación donde se calcula que podría haber confinados un millón de uigures, la inmensa mayoría sin haber sido condenados por ningún delito. Por el mero hecho de acudir con frecuencia a la mezquita, leer el Corán o rezar en público, llevar una barba larga o tener familiares en «países musulmanes peligrosos», los uigures son encerrados durante meses y sometidos a un alienante lavado de cerebro. En clases colectivas, deben cantar alabanzas al Partido Comunista, aprender mandarín y renegar no solo de la violencia yihadista, sino también de algunos principios y costumbres del islam.
Frente a las numerosas críticas internacionales que recibe, el régimen se defiende argumentado que dichos campos de reeducación son «escuelas de formación profesional» para erradicar el integrismo islamista. Pero la represión no se queda ahí, ya que el «Gran Hermano» chino ha implantado en Xinjiang un Estado aún más policial que en el resto del país para vigilar y controlar a los uigures. Según denunciaba recientemente una investigación de la agencia AP, las autoridades han esterilizado forzosamente a miles de mujeres uigures en lo que se considera un «genocidio demográfico» para diluir a la población autóctona de Xinjiang, buena parte de la cual aspira a la independencia. Cuando anunció las sanciones contra China la semana pasada, el secretario de Estado, Mike Pompeo, catalogó de «horribles y sistemáticos» los abusos en Xinjiang, donde sus 13 millones de uigures y otros etnias sufren la mayor campaña de represión y adoctrinamiento desde la «Revolución Cultural».
