Cien días para poner en marcha una revolución
Emmanuel Macron tiene prisa. Quiere evitar el síndrome Hollande: muchas promesas electorales y una decepcionante inactividad al llegar a la presidencia. Cabe esperar, por tanto, unos primeros cien días trepidantes y conflictivos. En su primer viaje al exterior visitará probablemente un destacamento militar francés en África y acudirá de forma inmediata a Berlín para reunirse con Angela Merkel y hablar de «la refundación» de la Unión Europea, uno de sus planes urgentes. También ha anunciado que adoptará de forma rápida y casi simultánea medidas para liberalizar el mercado de trabajo, reformar las escuelas en los barrios difíciles, acabar con la corrupción política, introducir la proporcionalidad en la ley electoral y simplificar la vida de los pequeños empresarios.
Macron ha repetido una y otra vez que se lanzará desde el primer día al campo de batalla en el que han sucumbido los programas de sucesivos presidentes: el mercado laboral. Cuando fue ministro de Economía, entre 2014 y 2016, ya impulsó una liberalización que tuvo que ser aprobada por decreto, dada la falta de mayoría parlamentaria. Ahora se plantea seguir con la desregulación por la misma vía. Quiere que cada empresa pueda pactar con los representantes de los trabajadores la jornada laboral que más le convenga, aunque el marco general siga hablando de 35 horas semanales; dar derecho a subsidio de desempleo a los trabajadores independientes y a quienes abandonen un trabajo sin ser despedidos; y reducir, integrándolos en uno solo, los diversos comités que canalizan el diálogo social en las empresas.
Los sindicatos amenazan con una movilización inmediata. Creen que no se puede hablar de diálogo social y a la vez reformar por decreto y les parece que Macron se arriesga a cometer un grave error político: según ellos, la supresión de derechos laborales concedería nuevo espacio de crecimiento a la oposición de ultraderecha. Puede darse por seguro, en cualquier caso, que en septiembre comenzará una difícil temporada de huelgas y manifestaciones.
Otra reforma que Macron quiere iniciar ya en mayo se refiere a la ley electoral. Su idea consiste en acabar con el sistema mayoritario a dos vueltas e introducir una dosis de proporcionalidad, para dar representación parlamentaria y regional a todos los partidos. Eso implicará una mayor presencia del Frente Nacional en las instituciones y, de hecho, acabará con el mecanismo de alternancia entre gaullistas y socialistas que rigió la Quinta República desde su fundación. En realidad no hay mucha prisa, porque no se celebrarán otras elecciones hasta 2019 (europeas, ya proporcionales) y 2020 (municipales), pero Macron considera que ese cambio posee un alto contenido simbólico.
Medidas contra la corrupción
El reforzamiento del eje París-Berlín, que Emmanuel Macron considera la pieza fundamental de su programa como presidente, debería ser muy urgente (en otoño se celebran elecciones en Alemania) y habría de desembocar, si consigue convencer a la canciller, en la creación de un ministro de Finanzas europeo y un presupuesto común como medidas iniciales de una «refundación«. Otra medida que Macron planteará a los socios alemanes es la modificación de la directiva sobre trabajadores desplazados. Ese libre movimiento es considerado irrenunciable en las capitales del este, especialmente Varsovia, pero en Francia se percibe como competencia desleal y ‘dumping‘ social.
Las medidas contra la corrupción en la vida pública son claras y, a la vez, difíciles de aplicar. Lo más obvio consiste en prohibir que los parlamentarios puedan emplear como asistentes a sus familiares, una práctica muy extendida que suele conducir, como en el caso de François Fillon, al empleo ficticio de la esposa e hijos. Prohibir es fácil. Mucho más complicado es evitar la picaresca: yo contrato a tu mujer, tú contratas a la mía, y seguimos acumulando sueldos. Macron también quiere acabar en cuestión de semanas con los gastos parlamentarios sin justificación (habrá que presentar facturas), reducir más adelante en un tercio los miembros de la Asamblea Nacional y del Senado y, en cinco años, acabar con las pensiones privilegiadas de diputados y senadores.
La simplificación administrativa para las pequeñas empresas entra también dentro de los primeros cien días y se aprobará, salvo sorpresas, en junio. Los pequeños empresarios tendrán «derecho al error» en sus comunicaciones con la administración (cualquier error formal implica ahora penalizaciones en la estricta burocracia francesa) y se reducirá la regulación salvo en materia penal y de salud pública.
La pieza fundamental de la reforma de la educación primaria son las escuelas de las ZEP (Zonas de Educación Prioritaria), fórmula con que se denomina a los barrios más conflictivos y degradados. El número máximo de alumnos por aula en esas zonas pasará de 24 a 12. La gran dificultad radica en conseguir antes de septiembre los 5.000 profesores necesarios para duplicar el número de clases. Macron quiere desmantelar el actual sistema de dos profesores por clase y redistribuir a los sobrantes en las ZEP. Los sindicatos de enseñantes no están de acuerdo.
