Cien días para sanar una democracia herida
Cuando menos, el «Plan de Calidad Institucional» que presentó ayer en el simbólico Oratorio de Neri el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene la virtud del diagnóstico certero de los flancos más débiles que ha revelado el sistema democrático español tras una larga legislatura en manos de la izquierda radical.
Vaya por delante que no acusamos al actual Gobierno de coalición de haberse saltado el marco constitucional, pero sí de haber forzado sus costuras hasta límites preocupantes, con unas políticas de ocupación general de las instituciones del Estado que, en la práctica, han llevado a la neutralización partidista de muchas de ellas. En este sentido, las propuestas del líder popular parten de la constatación de que la arbitrariedad en los nombramientos de los órganos estatales, amparada por las leyes vigentes, ha enseñado su peor cara en manos de un Ejecutivo que ni siquiera ha buscado guardar las apariencias a la hora de ejercer su potestad.
Es más, de un Ejecutivo que no ha tenido el menor empacho en tirar del decreto ley y de los procedimientos de urgencia para, por ejemplo, renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional con candidatos surgidos de entre las propias filas gubernamentales o bloquear la facultad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para efectuar los relevos de titulares de los principales tribunales de Justicia.
De ahí, que la batería de medidas que ha planteado Feijóo no busquen tanto una reforma en profundidad del sistema, como dotar de nuevas garantías a la deseable independencia de los organismos del Estado, cuestión que, sin duda, será bien recibida por una buena parte de una opinión pública, incluso, la que se declara de izquierda moderada, que no sólo no ve con buenos ojos la actual prepotencia de la acción gubernamental, sino que rechaza la utilización de los instrumentos de gobierno desde un partidismo descarnado.
En este sentido son perfectamente asumibles propuestas como la limitación de las puertas giratorias en el Poder Judicial, la desvinculación temporal del mandato del fiscal general del Estado, la elección de los vocales de la judicatura en el CGPJ por sus pares, la restricción del recurso al decreto ley, el establecimiento de una estructura parlamentaria que vele por la calidad normativa de las nuevas leyes o la corrección de las reformas del Código Penal que han llevado a debilitar la capacidad de defensa del Estado frente a intentonas golpistas como la del «procés» –cumpliendo, dicho sea de paso, la promesa que hizo Pedro Sánchez de tipificar el delito de convocatoria de un referéndum ilegal–, o la exigencia de idoneidad profesional y desvinculación política para el desempeño de cargos públicos como la dirección del CNI y el CIS. Ciertamente, de llevarse a cabo el plan, Feijóo se ataría las manos y perdería poder personal. Pero, sin duda, es lo que hay que hacer.