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Cierran votaciones y más de 63 mil peruanos se quedan sin sufragar mientras crece expectativa por resultados

La jornada electoral culminó en medio de denuncias por desorganización, retrasos en la instalación de mesas y falta de material que afectó a miles de ciudadanos en Lima.

Diario expreso - Cierran votaciones y más de 63 mil peruanos se quedan sin sufragar mientras crece expectativa por resultados

 

El cierre oficial de la jornada de las Elecciones Generales 2026 dejó una cifra que genera fuerte controversia: más de 63 mil ciudadanos quedaron impedidos de ejercer su derecho al voto debido a fallas en la organización del proceso electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Desde tempranas horas del día, distintos locales de votación en Lima Metropolitana reportaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio, así como la ausencia de material electoral indispensable para el desarrollo normal de la jornada.

En distritos como Miraflores, San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, la situación fue especialmente crítica, con locales donde no se logró instalar mesas o donde la apertura se produjo con varias horas de demora, desencadenando largas colas y molestia ciudadana.

Según reportes oficiales, al menos 211 mesas de sufragio no llegaron a instalarse en 15 locales de la capital, lo que impactó directamente en miles de electores que no pudieron emitir su voto dentro del horario establecido.

La crisis electoral también motivó la intervención de autoridades como el Ministerio Público, que desplegó fiscales para registrar incidencias y levantar actas ante posibles vulneraciones al derecho fundamental al sufragio.

En paralelo, diversas autoridades locales exigieron explicaciones a la ONPE y al sistema electoral, señalando que la falta de previsión y coordinación habría afectado directamente la garantía del voto ciudadano en condiciones adecuadas.

Con el cierre de las urnas, el balance preliminar deja una jornada marcada por denuncias de desorden, fallas logísticas y cuestionamientos a la capacidad operativa del organismo electoral, mientras crece la exigencia de investigaciones para determinar responsabilidades.

 

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