Cinismo desatado

Estos días de marzo han desatado, a niveles alucinantes, el cinismo característico de la camarilla que usurpa el poder en nuestro país.

En efecto, el régimen más abiertamente violador de los derechos humanos en el hemisferio occidental pretende ahora erigirse en su defensor.

La dictadura socialista venezolana, investigada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ha sido objeto de informes concluyentes, documentados y probados, que señalan la responsabilidad de Maduro y su entorno en la ejecución de múltiples crímenes de lesa humanidad y en violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales.

Además, la dictadura chavista-madurista enfrenta una investigación formal en la Corte Penal Internacional por la comisión de esos mismos crímenes.

Esta política de escalamiento y diversificación de violaciones a los derechos humanos, iniciada desde la instauración del llamado socialismo del siglo XXI, ha sido la causante del éxodo más elevado de población en América Latina en, al menos, los últimos cien años.

Una nación estable, que creció de forma sostenida tras superar las guerras del siglo XIX, comenzó de pronto a desplazarse masivamente hacia otras latitudes, al sentirse amenazada en su seguridad personal, económica y social.

Desde la llegada al poder del difunto comandante Chávez, con un discurso de odio y división sobre nuestro pueblo, se inició un proceso de hostigamiento contra sectores sociales y políticos que se vieron obligados a buscar refugio en otros países para alejarse de esa retórica virulenta y disolvente.

Más grave aún: la nueva élite en el poder emprendió una política de alianzas y encubrimiento con sectores del hampa común. Personajes del mundo delictivo fueron integrados como funcionarios de seguridad, mientras que otros fueron incorporados a grupos de choque contra la sociedad democrática que desde los primeros días buscaba articularse frente al nuevo régimen.

Los llamados círculos bolivarianos —especie de copia de las “turbas divinas” de la revolución sandinista de Nicaragua— fueron organizados con fuerte presencia de personas vinculadas al delito, y fueron lanzados al centro de Caracas para agredir física y moralmente a representantes de partidos y organizaciones sociales no controladas por la naciente revolución bolivariana.

Corría el año 2001 cuando estos grupos tomaron las calles, con pleno respaldo del gobierno, para agredir a sus adversarios.

La convivencia con el delito llevó, en una ocasión, al entonces presidente Chávez a justificar el robo y el atraco apelando a las necesidades de determinados sectores sociales.

El investigador y criminólogo Roberto Briceño León lo expone así:

“La política de confrontación hacia sus adversarios y los beneficios electorales que le proporcionaba la polarización del país llevaron a una práctica política y unos mensajes que terminaron favoreciendo la violencia. El gobierno del presidente Chávez se caracterizó desde sus inicios por una decisión política de no reprimir el delito y de no hacer cumplir la ley, pues en sus propósitos revolucionarios no era malo irrespetarla.

La idea central subyacente era que la delincuencia y la criminalidad eran el resultado de la pobreza y del capitalismo, y que, por lo tanto, si se aplicaban políticas sociales como educación, empleo, comida, estas disminuirían el delito de forma automática.

Adicionalmente, se consideraba que la violencia era una expresión de la lucha de clases, por lo que no debía reprimirse ni utilizarse la fuerza policial contra los delincuentes, ya que lo que se buscaba era no apagar esa lucha.”

(Roberto Briceño León, “La Gramática Social de la Paz y la Violencia en Venezuela”, TeseoPress)

Desde entonces, la relación del régimen con el mundo del delito se ha ampliado enormemente. Se favorecieron las mafias carcelarias, dejando el control de las prisiones en manos de los llamados “pranes”. Incluso se anunció la creación y entrenamiento de un ejército de más de 40.000 presos para “la defensa de la revolución”.

Luego se impulsó una política de acuerdos con sectores del crimen organizado, que incluyó la asignación de territorios y la entrega de armamento a bandas delictivas que cobraron notoriedad. Esta política fue bautizada con el pomposo nombre de “zonas de paz”. Así surgieron figuras como Carlos Luis Revete (“El Koki” en la Cota 905) y Wuileisys Alexander Acevedo (“Wilexis” en Petare).

A esto debemos sumar las alianzas de la dictadura con grupos armados irregulares, como las guerrillas colombianas, operativas en diversas regiones del país.

Varios de esos grupos criminales también emigraron a cometer sus fechorías en países amigos, y otros fueron enviados por los jefes de la revolución para cometer delitos, tal y como lo ha demostrado la fiscalía de Chile con el asesinato por encargo al Teniente Ronald Ojeda.

A los efectos disolventes de la violencia criminal desatada por el socialismo del siglo XXI se suman los no menos destructivos de la ruina económica y del saqueo de las finanzas públicas, llevando nuestra migración a niveles patológicos que generan alarma, preocupación y rechazo tanto en América como en Europa. La presencia, ciertamente minoritaria, de personas del mundo del delito ha traído generalizaciones injustas, porque lo cierto es que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas migrantes son personas de bien.

De ser, en el pasado, una población bienvenida en todo el mundo, los venezolanos hemos pasado a ser objeto de severas restricciones, generalizaciones injustas, discriminación y hasta violaciones de nuestros derechos humanos.

Diversos gobiernos han impuesto requisitos de visado y medidas de expulsión. Las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, si bien criticables en algunos aspectos, no le otorgan al régimen autoritario venezolano ninguna autoridad moral para pretender erigirse hoy como defensor de los derechos humanos.

Resulta risible escuchar a los voceros del oficialismo hablar de debido proceso, detenciones arbitrarias o secuestros, cuando ellos lideran los récords de tales violaciones en el continente.

El cinismo desatado y la doble moral del madurismo no borrarán de nuestra memoria —ni de la conciencia del mundo democrático— el daño causado ni el sufrimiento infligido a nuestros ciudadanos en lo que va de este siglo.-