Colombia: Cuando el Estado se rinde
En el acto realizado en la Habana el día 24 de septiembre, con ocasión de la firma de los acuerdos que suscribieron el gobierno colombiano y las FARC, el Presidente Santos definió a la guerrilla y al Estado como “adversarios que ahora marchan juntos hacia la paz. Y el día 30 afirmó, en declaraciones concedidas a Stephen Adler de la agencia Reuter que “no se puede castigar a los guerrilleros responsables de los crímenes de guerra tan severamente, como algunos pretenden, si el país quiere un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha causado 250.000 muertes”.
En esas declaraciones el primer mandatario colombiano justifica “sacrificar algo de justicia, como un precio razonable, porque la alternativa es seguir con 30 años más de guerra”. Dijo además que sólo un pequeño sector de la sociedad se opone a los acuerdos, y que está absolutamente convencido del compromiso de las FARC con la paz.
Estos pronunciamientos han encontrado el más amplio respaldo de los gobiernos, y de los poderes internacionales. El Presidente Obama, en medio de expresiones de optimismo, comprometió el apoyo de Estados Unidos a la etapa del posconflicto. El Secretario de Estado John Kerry anunció la necesidad de ir más allá del combate contra la criminalidad y el narcotráfico. Y junto a Santos, en Nueva York, declaró el 2 de octubre a favor de la sustitución de los cultivos de coca, y planteó la necesidad de llevar adelante planes que permitan la reconstrucción del tejido social. En esa misma oportunidad el mandatario colombiano aseguro que “los guerrilleros que hoy protegen carteles y cultivos de coca cambiarán de bando”.
El Secretario General de Naciones Unidas manifestó su complacencia por el encuentro de la Habana entre Santos y Timochenko, y agradeció personalmente a Raúl Castro el aporte dado a las negociaciones. La OEA, ALBA,UNASUR, CELAC, UNION EUROPEA, así como las cancillerías de prácticamente todos los países han apoyado sin reservas las iniciativas llevadas adelante. El Papa Francisco durante la misa celebrada en la plaza de la revolución cubana, llamó a no permitir otro fracaso y confesó a los periodistas que le acompañaron en su gira por la isla que ha intervenido activamente estimulando el desarrollo de los complejos debates.
Sin embargo, a pesar de los importantes factores que concurren a apoyar los términos pactados para desmontar la confrontación armada, sectores significativos de la sociedad colombiana han condenado lo que consideran la rendición del Estado ante el chantaje armado de un grupo criminal que hasta el último momento continuó ejecutando sus abominables actos terroristas, y no parece dispuesto a arrepentirse de ellos.
La Defensoría del Pueblo contabilizó de mayo a junio de este año, mientras se realizaban las reuniones en la capital cubana, la comisión de 64 actos criminales materializados en ataques a infraestructura eléctrica y a oleoductos que dejaron sin agua y sin luz a cientos de miles de personas, causaron graves daños al medio ambiente y ocasionaron millonarias pérdidas económicas y de infraestructura. En esas acciones fueron asesinados 9 policías, se interceptaron y atacaron con explosivos a vehículos particulares, ambulancias y transportes colectivos que circulaban en las carreteras, se interceptaron camiones cargados con crudo, se derramó su contenido en las vías por donde circulaban estos transportes, y se continuó el reclutamiento forzado de adolescentes.
Los críticos del proceso de paz indican, entre otros cuestionamientos, que ninguno de los lideres de las FARC ha admitido su condición de victimarios. Iván Márquez uno de sus principales cabecillas sobre quien pesan una sentencia de 40 años de cárcel, 117 órdenes de captura por secuestros, rebelión, homicidio agravado y desapariciones forzadas ha señalado que no hay víctimas de las FARC sino “victimas del conflicto”.
Márquez, por cierto, aparece ante los ojos del Departamento de Estado como peligroso capo de la droga, a quien se le atribuye ser el encargado de supervisar la carga de aviones que transportan cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, a cambio de dinero y armas de guerra como parte de pago.
Recientemente Timochenko declaró a Piedad Córdoba en entrevista realizada a través de TELESUR, que no pide perdón por sus delitos, y confesó con toda naturalidad ante las cámaras de televisión que se preparaba un plan para matar a Santos el 4 de noviembre de 2011 “pero que Alfonso Cano ordenó suspender el atentado por los acuerdos de paz”. En ese mismo programa, el comandante de las FARC pone en evidencia las secretas y turbias relaciones de Santos y Chávez en su trato con las guerrillas refugiadas y protegidas detrás de la frontera venezolana. Dice que la primera de tres reuniones que tuvo con Chávez ocurrió en Miraflores, luego de la muerte de Alfonso Cano. Timochenko, entonces recién designado jefe del grupo armado, acudió a esa cita propuesta por Santos, para coordinar el traslado a sitio seguro del guerrillero Mauricio Jaramillo.
“Santos le pide a Chávez que hable conmigo, tras la muerte de Alfonso Cano, buscando garantías para movilizar a Mauricio Jaramillo de un lugar cercado por el ejército”, reveló Timochenko en el programa de TELESUR moderado por Piedad Córdoba. De esa manera, el hoy máximo jefe de la guerrilla reconoce públicamente lo que Uribe denunció en la OEA al final de su mandato, la existencia de campamentos terroristas en suelo venezolano. Campamentos en los que, con la protección de nuestro ejército y el visto bueno del gobierno colombiano, se garantizó la seguridad de los narco subversivos mientras se cocinaba la salida al conflicto armado. Entre tanto la FARC continuó, y continúa utilizando nuestro territorio para el tráfico de drogas y otras acciones delictivas en abierta violación de nuestra soberanía.
Mientras el gobierno de Colombia, sus aliados internacionales y la FARC manifiestan su confianza en el camino emprendido, importantes sectores políticos y sociales advierten sobre la terrible consecuencia que traería la decisión de pagar con impunidad la desmovilización de la guerrilla. Este es sin duda el punto más conflictivo que enturbia el horizonte.
Uno de los aspectos más cuestionados es la llamada “justicia transicional”. Según el ex magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla “no se pueden crear tribunales de juzgamiento después de ocurridos los hechos materia de investigación, porque violarían acuerdos internacionales y principios fundamentales del Derecho”. Y sobre la designación de estos tribunales, se advierte que sus integrantes serán escogidos mediante acuerdo del gobierno y las FARC. Es decir, los criminales tendrán la potestad de participar en la escogencia de sus jueces.
Además, el anuncio de la “amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos” planteada en el documento dado a conocer luego de la reunión Santos – Timochenko, deja abierta la posibilidad de considerar delitos conexos perdonables el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, por ser éstas las actividades utilizadas como medios para financiar la guerrilla.
Otro de los temas controversiales es el relacionado con las sentencias a ser aplicadas por los tribunales especiales. El documento de la Habana menciona penas entre 5 a 8 años para quienes reconozcan los crímenes cometidos. El Procurador Alejandro Ordóñez en desacuerdo con tal propuesta ha declarado que “las penas deben ser proporcionales al crimen y a las condiciones personales de los responsables”, y ha señalado que el texto suscrito es ambiguo en lo que se refiere a la restricción efectiva de la libertad, por lo que graves delitos pueden terminar sancionados simplemente con la prohibición de salida del país, o la realización de trabajos comunitarios.
Por su parte la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda advirtió a las autoridades colombianas, que las penas que se apliquen “no pueden ser simbólicas o inexistentes”.
En lo que algunos analistas han considerado “un campanazo” al proceso de paz, la fiscal Bensouda ha informado a las instituciones neogranadinas que “una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los hechos cometidos y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aún en el caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”. En estos casos, advierte, la Corte Penal Internacional se activaría “si no se aplica la justicia en un país frente a graves violaciones del derecho internacional”.
Vistos los hechos, pareciera que en el delicado y complejo proceso que comienza a transitar Colombia lejos de promover consensos, por el contrario profundizan graves desencuentros entre las instituciones y partidos que actúan en la vida democrática. Mientras que a nivel internacional no serán pocas las voces dispuestas a oponerse al perdón que se pretende otorgar a los líderes de la FARC.
Con suficientes razones los críticos de Juan Manuel Santos le acusan de haber detenido la derrota progresiva que la narco guerrilla venía sufriendo bajo los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las victorias logradas por el ejército a partir de 2002 y hasta el 2010, acompañadas por el amplio respaldo de la opinión pública, devolvieron la seguridad a la ciudadanía, redujeron la violencia, y colocaron a la defensiva a todas las organizaciones alzadas en armas. Sin duda, a partir de entonces el Estado derrotaba a la insurrección y le conducía a una rendición inevitable. La exitosa política de seguridad democrática convirtió a Álvaro Uribe en el líder de mayor respaldo popular de Colombia en las últimas décadas. Gracias a él comienza a cambiar positivamente la violenta historia del país, y sobre esa plataforma su delfín Juan Manuel Santos logró la Presidencia de la República.
Hoy, las encuestas de opinión ponen de manifiesto algunos elementos que reflejan los sentimientos de la ciudadanía en relación con los términos en los que deberá concretarse la anhelada paz y la desmovilización de las guerrillas. Son datos sobre los cuales gravitará el rechazo o el respaldo a las medidas que finalmente se decidan implementar. El 24 de septiembre fueron dados a conocer los resultados de la medición realizadas por la empresa DATEXCO contratada por el diario EL TIEMPO, en la que el 63,2 por ciento es contrario a que los involucrados en delitos de lesa humanidad reciban penas tan sólo de 5 a 8 años a cambio de verdad y reparación, mientras el 69 por ciento no cree que los acuerdos suscritos garanticen la justicia ni la reparación de las víctimas.
Esos indicadores señalan claramente que la opinión pública no aprueba cambiar impunidad por paz. Por lo tanto, está por verse de qué manera el gobierno de Juan Manuel Santos será capaz de lograr un consenso suficientemente amplio en los sectores democráticos del país que le dé piso estable a los acuerdos. O si, por el contrario impondrá los pactos de la Habana, suscritos bajo el amparo de la dictadura castrista y la complacencia del señor Obama. Pactos que implican la rendición del Estado y la victoria política de los responsables fundamentales de la tragedia colombiana.