Colombia se ausenta ante la OEA cuando Nicaragua más lo necesita

Arturo McFields es periodista y exembajador de Nicaragua ante la OEA.

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has escogido el lado del opresor”. Así lo dijo el arzobispo Desmond Tutu, convencido de que la neutralidad es también una forma de alineamiento. Durante una sesión extraordinaria celebrada el viernes 12 de agosto, 27 países de América condenaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la persecución religiosa y otras violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En la cita fue notoria la silla vacía de Colombia, país que cuenta con una de las más grandes y robustas delegaciones en la OEA, pero que en esta ocasión brilló por su ausencia.

Esta ausencia deja un hueco muy grande para ser ignorado, y parece arrojar ciertas pistas sobre la nueva política exterior de Colombia y su posicionamiento en materia de derechos humanos.

Colombia no es cualquier Estado escondido dentro de la multitud de banderitas de la OEA. Este país tiene una larga historia y ha marcado diversos hitos en el coro de naciones hemisféricas. En 1948, durante la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, se adoptó la Carta de la OEA, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas Pacto de Bogotá” y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta fue la partida de nacimiento de la OEA y, por si fuera poco, el periodista y expresidente colombiano Alberto Lleras Camargo fue el primer secretario general de esta organización.

Otro hito importante fue en 2001, en Lima, bajo el secretariado general del colombiano Cesar Gaviria, cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana, considerada el máximo instrumento en temas de democracia y derechos humanos en las Américas. La carta establece que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia”. En su primer artículo, el documento deja claro que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

En hechos más recientes, el 11 de noviembre de 2021, bajo el liderazgo de la delegación de Colombia, se aprobó la Carta Empresarial Interamericana. El documento busca fomentar el desarrollo de un entorno favorable e inclusivo para fortalecer el crecimiento de un sector empresarial competitivo, impulsando la formalización, la inversión, la innovación, la economía naranja y la integración de las empresas a las cadenas globales y regionales de valor y de suministro. Otro de los tantos logros e iniciativas de Colombia en la OEA.

La ausencia en la sesión del gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue justificada indicando que su embajador designado todavía no ha tomado posesión de manera formal. Pero sea cual sea la razón, esta ausencia no es cosa menor. Genera muchas dudas y temores, mostrando al nuevo jefe de Estado lejos de la izquierda democrática de Chile y peligrosamente cerca de la demencia ideológica de Andrés Manuel López Obrador en México: una izquierda dura, sectaria y radical, alineada a un proyecto político del siglo pasado. Durante la sesión de la OEA del viernes 12, México, junto a El Salvador, Honduras y Bolivia, se abstuvieron de condenar la deriva autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la decapitación de casi 1,500 ONG, la persecución a la Iglesia católica y la tortura de 190 presos políticos. Los derechos humanos no tienen ideología y esto lo demostró el voto de países con gobiernos de izquierda como Perú y Argentina, que se sumaron a la condena de los abusos de Ortega.

En este primer ejercicio de política exterior y derechos humanos, Petro reprobó el examen. Es más, no asistió. En su primera semana en el poder, el presidente se ha alejado bastante de la OEA y se ha acercado a los gobiernos totalitarios de Cuba y Venezuela. Aquel viernes 12 de agosto, el gran país sudamericano no tuvo el liderazgo suficiente para condenar de viva voz los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Ortega en Nicaragua.

Sin embargo, todavía existe una segunda oportunidad, si consideramos la ausencia de Colombia en la sesión de Nicaragua como una situación de calendario burocrático y no una muestra de una política exterior cómplice con la dictadura. De ser así, el presidente Petro todavía podría rectificar y enviar una carta al Consejo Permanente de la OEA para solicitar, como ha sucedido en otras ocasiones, que anexen a Colombia a lista de patrocinadores de la resolución sobre el país centroamericano y requerir que su voto a favor conste en las actas de esta importante sesión. Esta acción no borra el tropiezo de la nueva administración de Colombia, pero marca una voluntad política firme y clara en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Es demasiado temprano para juzgar tanto la línea de la política exterior de Gustavo Petro como sus principios y valores, sus omisiones y sus lealtades. Esa tarea corresponde al pueblo colombiano. Sin embargo, cuando se trata de Nicaragua y de condenar a la dictadura que lleva ya 16 años atornillada en el poder, yo voy a tener que pronunciarme y, en mi caso, no estoy dispuesto a dejar la silla vacía.