Comportamientos simétricos

El año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que Álvaro Uribe fuera puesto en detención domiciliaria mientras lo investigaba por presunta manipulación de testigos, el expresidente y sus seguidores acusaron a la Corte de estar parcializada en su contra. Los detractores del exmandatario, a su vez, reaccionaron acusándolo a él y a sus defensores de irrespeto a la justicia.

Lo que vino después es bien conocido. Uribe renunció al Senado, con lo que su caso pasó de la CSJ a la Fiscalía. Esta última revisó de nuevo las pruebas y los testimonios que hacían parte del proceso y, la semana pasada, pidió la preclusión de este. En lenguaje corriente, eso quiere decir que no encontró pruebas de que Uribe hubiera cometido los delitos que se le imputan. Ese no es el punto final de esta historia, pues todavía faltan la decisión de la juez 28 de conocimiento, a quien le correspondió el caso, y la inevitable apelación que vendrá después. Pero ya dos de quienes se presentan como víctimas en el proceso, el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, así como el antiuribismo en general, acusan a la Fiscalía de la misma parcialidad que Uribe le reprochaba a la Corte.

¿Quién tiene la razón? ¿Está sesgada la Fiscalía, mientras que la CSJ sí actuaba conforme a la ley, como dicen los enemigos de Uribe? ¿O es al revés, como dicen los uribistas, y la Fiscalía salvó al expresidente de un juicio politizado en la CSJ?

No ayuda a responder esos interrogantes el que ambas instituciones arrastren un pesado desprestigio. En los pasillos de la CSJ aún resuena el escándalo del ‘cartel de la toga’, proceso al que están vinculados ni más ni menos que tres expresidentes del tribunal. Uno de ellos fue condenado esta semana. Y por el mismo caso está detenido un exjefe de la División ‘Anticorrupción’ de la Fiscalía. Si esto fuera una novela, ninguna editorial la publicaría, por demasiado inverosímil.

Como si fuera poco, el oscuro hacker Andrés Sepúlveda acaba de decir que durante la administración del fiscal Montealegre fue presionado para que testificara en contra de Álvaro Uribe. De ser cierto, se habría desviado irremediablemente la historia reciente del país, pues ese testimonio fue determinante en la campaña presidencial de 2014.

En fin: es tan tóxica y espesa la atmósfera judicial colombiana que tiene razón José Manuel Acevedo, quien argumentó en estas páginas que lo bueno de que el caso contra el expresidente hubiera pasado a la Fiscalía es que lo que ocurra ahora será más público de lo que habría sido en la relativamente más opaca CSJ. Y más ojos lo revisarán. El proceso pasará por varias instancias, ojalá independientes en la práctica y no solo en el papel, como la juez de conocimiento que oirá a la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá, que revisaría las apelaciones. El bien público más importante en un Estado de derecho es la confianza en la justicia, y en Colombia hemos consentido su cuasitotal aniquilación. Para recuperarla es fundamental la transparencia.

Resulta revelador –y decepcionante– que quienes en su momento atacaron a Uribe por cuestionar la imparcialidad de la justicia hoy repitan simétricamente su comportamiento. No era, pues, el acto de cuestionar lo que les molestaba, sino el objeto de dicho acto. Ahora que es contra la Fiscalía, se vuelve aceptable.

Esas personas, entre ellas Cepeda y Montealegre, pero también la alcaldesa de Bogotá, quien nada tiene que ver en el caso, reaccionaron tan en caliente que no se dieron cuenta de que, con sus reacciones, validaban la actitud de Uribe y los uribistas hacia la CSJ, que tan vehementemente condenaban hace unos meses. No se puede criticar en los demás las cosas que uno mismo hace cuando se invierten los papeles.

Thierry Ways
@tways / tde@thierryw.net