El contrabando internacional de bienes naturales mueve entre cinco y 23 millardos de dólares y se magnifica hasta la astronómica cifra de 193 millardos cuando se agregan las maderas y los peces, elevándose al cuarto lugar de la criminalidad global, tras los narcóticos, las armas de fuego y el comercio de seres humanos.

Y, siempre según Wikipedia, son el marfil, la carne de cacería, las medicinas tradicionales y las mascotas exóticas los productos más apreciados por una vastísima red de negociantes liderados por  China y los Estados Unidos.

No es un fenómeno novedoso pero si en auge en los últimos tiempos, estimulado por la globalización, la internet, las redes sociales y el movimiento turístico. Incluso de manera inocente, en procura de panaceas terapéuticas o derivados animales que figuran entre las especies amenazadas, según normas aprobadas gracias a una conciencia protectora cada vez más influyente.

África es, desde luego, el continente más vulnerable, por la avidez hacia los colmillos de elefantes, cuernos de rinocerontes y pieles de felinos y venados que caen abatidos cada día por centenares, y el tráfico de productos de cacería para satisfacer el hambre de una población siempre en aumento, la proliferación de conflictos armados y la acción de grupos terroristas y organizaciones criminales que financian así sus actividades.

En contra ha venido creciendo un combate a partir de la Coalición contra el Tráfico de Vida Salvaje, establecida en 2005 por el Departamento de Estado estadounidense como una asociación voluntaria de gobiernos y organizaciones, que lamentablemente es aún demasiado porosa, víctima de la corrupción y la ignorancia o el menosprecio por el daño causado a la biosfera y, más precisamente, a especies animales que se creería al margen del tráfico delictivo. Como el episodio suscitado en Kenia con el arresto de dos muchachos de nacionalidad belga que pretendían extraer más de cinco mil hormigas negras gigantes para comerciarlas en los mercados de mascotas exóticas de Asia y Europa a un precio superior a los ocho mil dólares.

Los ejemplares habían sido escondidos en tubos de ensayo y jeringuillas habilitadas a fin de mantenerlos vivos por un lapso de hasta dos meses y burlar la seguridad del aeropuerto, en una aventura que según las autoridades atenta contra los derechos nacionales sobre su biodiversidad y priva a instituciones e institutos científicos de materia prima básica para investigaciones con eventuales beneficios económicos.

Y es que las inocentes protagonistas pertenecen a la especie recolectora Messor Cephalotes, de gran tamaño, típica de Kenya, Etiopía y Tanzania y particularmente atractiva para los coleccionistas por su habilidad para construir gigantescas colonias subterráneas.

Por ello resulta comprensible el afán en procurárselos, aun contraviniendo una legislación que intenta ser draconiana porque los insectos desempeñan un papel crucial en la dispersión de semillas, la aireación del suelo y el control de plagas, y una merma de sus reinas –cotizadas en centenares de dólares- acarrearía sensibles perturbaciones al ecosistema.Se trata, pues, de un caso de biopiratería, a ser combatido por la voluntad de las autoridades kenyanas de proteger su patrimonio y prevenir consecuencias nocivas para la salud ciudadana. Y por ello, conforme a la legislación local, los detenidos arriesgan penas de hasta 25 mil dólares y seis meses de prisión.

Varsovia, julio de 2025.