Crece el temor en el Gobierno y la izquierda a perder el favor de la calle

«El sábado lo van a petar». La advertencia, en tono coloquial, la lanzaba un importante socio parlamentario del Gobierno esta semana en el patio del Congreso de los Diputados, acerca de la manifestación convocada para hoy por Solidaridad, el sindicato afín a Vox, bajo el lema: «El Gobierno te está saqueando. ¡Sal a defenderte!». En realidad son muchas manifestaciones, y «frente a los ayuntamientos de toda España» como reza la convocatoria. Santiago Abascal estará en la que va a tener lugar en la Plaza de Cibeles, frente al Palacio de Correos de Madrid, sede del ayuntamiento de la capital. A eso se une la manifestación de sectores del mundo rural mañana.

El temor de ese socio del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no es anecdótico, ni ajeno al que también se siente estos días en La Moncloa por la posibilidad de ver las calles en contra del Gobierno. El germen está en el descontento de muchos sectores afectados, principalmente, por el encarecimiento de la energía, una tendencia de hace meses que se ha agravado exponencialmente desde la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin.

El Ejecutivo además ha optado por una aproximación a la crisis que evitar tomar decisiones inmediatas. Aunque sí ha prorrogado las adoptadas tiempo atrás. El propio Pedro Sánchez insiste en posponer al menos hasta final de este mes, en el Consejo de Ministros del día 29, las medidas a adoptar, dado que previamente quiere tener el apoyo de los socios comunitarios en el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas a finales de la semana que viene. Su ambición es convencer a los miembros de la Unión Europea (UE) de su idea de desvincular el precio del gas del precio final de la electricidad.

Una receta en la que confía mucho más que en la bajada de impuestos que le pidieron en la Conferencia de Presidentes autonómicos los líderes regionales del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, para combatir el alza de la luz o los carburantes. En concreto, los barones populares solicitan que se baje al IVA superreducido, el del 4%, los gravámenes a la electricidad y los combustibles. Pero el Gobierno da largas, después de haber iniciado esta semana con el PP una ronda de contactos con las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, y se parapeta en lo que puedan decir los socios comunitarios, pese a que varios de ellos, como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica y Polonia ya han aprobado subvenciones y bajadas de impuestos al combustible y la luz sin encomendarse a los acuerdos que se adopten a nivel europeo.

Para algunos de sus socios, es una demora excesiva en la toma de decisiones (en esto coinciden con el PP y otros grupos de la oposición) ante una situación tan comprometida para muchos ciudadanos. Incluso en el seno de la coalición, Podemos reclama una visión más social. Y existe decepción porque el compromiso más claro establecido por el presidente sea el de aumentar el gasto en Defensa. En algunas capas del PSOE la preocupación por un cambio de paradigma respecto a las previsiones de orientar la segunda parte de la legislatura a la recuperación económica pospandemia. «Se puede agravar un caldo de cultivo para la antipolítica, y se consolida un problema para que se sienta representada una generación que no para de encadenar crisis», reflexiona un presidente autonómico socialista.

Ese temor a que las movilizaciones se le vuelvan en contra no es ajeno a la manera en la que el Gobierno está tratando de poner pie en pared a los paros de transportistas que empiezan a producirse en todo el país y que están tensionando el abastecimiento hasta extremos insospechados. Miles de litros de leche, por ejemplo, están teniendo que ser desperdiciados por los ganaderos, entre otras consecuencias de ese parón de la cadena de transporte. La primera reacción del Gobierno ha sido intentar deslegitimar las protestas . El propio Pedro Sánchez ha hablado de conductas «vandálicas cuando no violentas» en esos paros de transportistas, que el presidente del Gobierno y todos sus ministros califican de «minoría» dentro del sector del transporte. Se da la circunstancia de que el actual Gobierno cuenta entre sus reformas la del artículo 315.3 del Código Penal, que despenaliza la actuación coactiva o violenta de los piquetes informativos en las huelgas, uno de los compromisos del acuerdo de coalición firmado a finales de 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos del que esta última formación hizo bandera.

«Problemas reales»

Desde Podemos alertaron de que, al margen de que la oposición intente utilizar las protestas existen «problemas reales» a los que hay que poner solución. Pero en el discurso del PSOE había todavía ayer mucha hostilidad hacia esta movilización: «La ultraderecha está alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y hacer el juego al tirano que ha invadido Ucrania», dijo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Yo no me voy a sentar con un grupo de radicales que están actuando con violencia», defendía este jueves la titular de Transportes, Raquel Sánchez. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, definía este paro como «un boicot en toda regla alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha». Pero el presidente del Gobierno dio ayer muestras de querer bajar ayer un poco el tono, evitando referencias a la «ultraderecha». Y planteando que el Gobierno lleva «desde el año pasado en un diálogo constante, casi diario, con las asociaciones del sector, un diálogo que está abierto».

Al margen de la coyuntura estrictamente actual por la crisis de Ucrania, en el PSOE se advierte desde hace tiempo la pérdida de pujanza en los sectores del campo, que precisamente también se manifestarán de nuevo mañana en Madrid con el apoyo de PP y Vox. Unos sectores en donde tradicionalmente ha habido mucho votante socialista, como evidencian feudos electorales tradicionales de esa formación como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. La sensación es que ir de la mano de Podemos, un partido que tiene sus caladeros electorales fundamentales en sectores urbanos, les ha hecho perder ascendente sobre un mundo rural que, consideran, no ha entendido determinadas reformas por falta de información, singularmente en lo que se refiere a la caza. Importantes dirigentes del PSOE así se lo vienen haciendo saber a Sánchez y hay actuaciones recientes del Gobierno que demuestran que se están tomando cartas en el asunto.

Sin ir más lejos en febrero, durante la campaña electoral en Castilla y León, el ministro de Agricultura Luis Planas (un veterano dirigente del PSOE andaluz) llevó al Consejo de Ministros el Perte agroalimentario, con inversiones millonarias para el sector. Incluso algunos socialistas están empezando a presumir en púbico de la aprobación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que consideran un apoyo claro al sector.