Crece la presión contra el régimen cubano, acusado de «tráfico humano» y «esclavitud»

El drama denunciado hace un par de meses por el entonces presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre elabuso que el régimen cubano estaba llevando a cabo a través de su programa Más Médicos –exportación de personal sanitario a otros países, mientras el gobierno cubano se quedaba con el 70% de sus salarios–, ha alimentado dos líneas de acción contra el Ejecutivo que actualmente preside Miguel Díaz-Canel.

La más reciente tuvo lugar el pasado jueves, cuando fue presentada ante el Senado de EE.UU. una resolución bipartidista por los senadores Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano). En ella, calificaban de «tráfico humano» la venta de los servicios de personal sanitario cubano a otros países y pedía restaurar el prorama de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior. Con esta resolución ambos senadores se hacen eco de la situación que atraviesan los profesionales de la medicina, y acusan a La Habana de someterlos «a una trata de personas patrocinada por el Estado».

«Durante 60 años, el régimen cubano ha estado encontrando nuevas formas de explotar a su gente», criticó Menéndez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en declaraciones al «Diario de Cuba». «La información reciente de Brasil muestra cómo el Gobierno cubano se beneficia de sus misiones médicas en el extranjero patrocinadas por el Estado, que vende como diplomacia médica, pero se parecen mucho más a la servidumbre contratada».

En la resolución, Menéndez y Rubio se refieren específicamente al programa Más Médicos, propuesto por La Habana a Brasilia en 2012 e iniciado por el Gobierno de Dilma Rousseff en 2013. Llevarlo a cabo se utilizó como intermediaria a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evitando así que la propuesta tuviera que pasar por el Congreso brasileño.

«Esta forma de trabajo forzoso no debe pasar desapercibida por la comunidad internacional. Debemos enfrentarnos al esquema de esclavitud moderno del régimen y apoyar a los médicos que buscan justicia después de servir en estas llamadas misiones médicas internacionales», concluye.

La resolución de Menéndez y Rubio advierte que el Gobierno cubano «debe compensar» a los profesionales de la Isla que trabajaron en Brasil «por el monto total de los salarios que les fueron embargados». Consideran además que el Departamento de Estado de EE.UU. debe endurecer la clasificación de Cuba en su informe anual sobre trata de personas.

Antes de asumir el poder, Bolsonaro anunció su intención de revisar el compromiso con Más Médicos, lo que provocó que La Habana retirara de manera inmediata todo el personal sanitario que estaba en Brasil.

Crimen de lesa humanidad

Unos días después, fue la Unión Patriótica de Cuba, una plataforma disidente que ha logrado agrupar a más de 3.000 personas en la Isla y que está coordinada por el opositor y expreso de conciencia, José Daniel Ferrer, quien anunció su intención de llevar al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentra el trabajo forzoso o esclavitud moderna, por este mismo programa. Para ello cuentan con la colaboración de CubaArchive, una ONG, dirigida por María Werlau, que lleva años registrando todos los casos en los que el régimen cubano vulnera los derechos humanos de sus ciudadanos –muertes y desapariciones–. Su documentación va a servor de base para la denuncia que se presentará en La Haya. «Vamos a identificar casos en función de los estándares de la Corte. Llevamos años documentando los atropellos de Cuba, pero sin posibilidad de ir más allá ante la falta de recursos», explica a ABC Werlau, que elogia la participación en esta iniciativa del abogado español Jesús Imbroda, responsable de llevarlo ante la CPI, donde actualmente ya defiende la demanda presentada por la exfiscal general Luisa Ortega contra el régimen chavista.

Fue Javier Larrondo, representante de la Unpacu ante la Unión Europea, quien se puso en contacto con Cuba Archive , recuerda Werlau. «Nosotros les propusimos que incluyeran el tráfico de personas o de exportación de fuerza laboral cubana en el exterior, que es un atropello a los derechos humanos y que cualifica como crimen de lesa humanidad porque es la definición misma de esclavitud».

Principal fuente de ingresos de Cuba

Un tema, en opinión de Werlau, estratégico pues es la «principal fuente de ingresos de Cuba» por delante del turismo. Según información del Gobierno de Cuba, en 2018 había 65.000 trabajadores destacados en más de 60 países. Según Cuba Archive la mayoría va como parte de «misiones internacionalistas» de médicos docentes y entrenadores deportivos, aunque también se exportan arquitectos, geólogos, músicos, obreros de la construcción, entre otros profesionales. En Cuba existirían al menos 85 empresas estatales «que venden estos servicios de exportación». Unos servicios que devengaron alrededor de ocho mil millones de dólares, en 2016, el último año del que hay datos. Su pico habrían sido los años 2012, 2013 y 2014 con más de diez mil millones de dólares. Según esta misma organización, el 75% del PIB cubano procedería de estos servicios de exportación.

Sin embargo, esta iniciativa se enfrentaba a un gran escollo, la CPI solo puede juzgar crímenes cometidos por Estados que son parte del organismo y Cuba no lo es. «Pero sí comete los crímenes en algunos países que son Estados parte, como es el caso de Brasil –puntualiza Werlau–. Cuba tiene misiones en países que son democracias de izquierda, como Uruguay y Portugal, este último está en la UE. Hay formas de llegar con esta denuncia para que sea competencia de la CPI», insiste.

Reconoce que les ha costado mucho que la gente fuera consciente de la importancia que tiene esto. «No solo por las terribles injusticias que se cometen contra estos trabajadores cubanos, el sufrimiento de sus familias en Cuba, de los pacientes en la Isla que no tienen atención o medicamentos porque están dirigidos hacia el exterior». Y cuestiona la formación de algunos de los médicos enviados a lugares remótos en algunos países. «No estoy diciendo que no estén capacitados todos los médicos, pero hay algunos que no tienen preparación». Y pone como ejemplo el caso de una veterinaria, «que cursó un curso de seis meses y la mandaron como médico a un país de África».

No somos desertores

Esta iniciativa para llevar al régimen cubano –las denuncias serían nominales contra Raúl Castro y el actual presidente, Díaz-Canel, entre otros– al CPI contará también con la colaboración de «No somos desertores». Se trata de una plataforma integrada por miles de profesionales y técnicos cubanos, residentes en diversas partes mundo, a los que el Gobierno cubano les niega la entrada Cuba y el derecho a ver a sus familias por «decidir abandonar los convenios laborales en el exterior», lo que ha llevado al régimen cubano a considerarlos desertores. «Y, en represalia, y sin previa consulta con el pueblo cubano nos impone, de manera arbitraria y aleccionadora, un castigo de ocho años y un día sin poder entrar a nuestro propio país, a contar desde el día que abandonamos la misión», denuncian en su página web.

«Por eso muchos se echan atrás, por miedo», afirma Werlau. «A los familiares, aunque tengan visa, no los dejan salir; y los hijos también sufren represalias en los colegios. A los hermanos y esposas los echan de los trabajos. Por eso se ha demorado tanto que saliera a la luz esta situación», lamenta Werlau, aunque se muestra esperanzada porque un tanto por ciento de estos médicos «han consentido en dar su testimonio» para esta denuncia ante la CPI.

Según Unpacu, los médicos cubanos que trabajaban en Brasil cobrabran el 10,5% de los 4.276,25 dólares que pagaba por ellos: 450 dólares en mano (400 para ellos y 50 para sus familias), mientras el gobierno cubano retenía otros 550 dólares durante tres años, hasta que volvieran a Cuba.