La conversación digital que mantuvieron el miércoles Nicolás Maduro y Michelle Bachelet, Alta Representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha desatado las críticas entre la sociedad civil y la oposición. En la «excelente videoconferencia», como la definió el «presidente pueblo», se repartieron sonrisas y empatía entre sus protagonistas, según destacó el aparato de propaganda del régimen bolivariano en un hábil uso de las imágenes.
Todo ello pese a que la propia ONU ha señalado a Maduro por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
«Es indignante las risas en una reunión técnica con quien está siendo acusado de crímenes contra la Humanidad. Toda una bofetada a las víctimas. ¿Hubiera cordializado en un encuentro con el señor Augusto Pinochet?», se encaró Rafael Uzcátegui, coordinador de la prestigiosa ONG Provea. El padre de Bachelet, general de brigada, falleció en la cárcel durante la dictadura de Pinochet y ella misma y su madre fueron torturadas en Villa Grimaldi antes de huir al exilio.
«Esta foto pasará a la historia de la ignominia. ¡Qué vergüenza! Señora Bachelet, todas las dictaduras son malas«, precisó la diputada Delsa Solórzano, encargada de derechos humanos en el Parlamento encabezado por Juan Guaidó.
«¿Cómo se puede sonreír frente a quien detiene arbitrariamente a trabajadores humanitarios?«, interrogó la activista Ligia Bolívar. Por su parte, el canciller bolivariano, Jorge Arreaza, aseguró que «se conversó sobre el avance en la cooperación con su Oficina, el impacto negativo de las sanciones y nuestra política para controlar el covid-19″.
En Venezuela permanecen actualmente en las mazmorras de Maduro 323 presos políticos, entre ellos 123 militares, 24 mujeres y 2 adolescentes, según el balance efectuado esta semana por el Foro Penal y que la Organización de Estados Americanos (OEA) hace suyo.
Entre ellos figura el diputado Gilberto Sojo, que forma parte de la AN legítima, quien fue detenido la semana pasada en Caracas por las Fuerzas Especiales (FAES) en un control callejero bajo la acusación de terrorismo. Sojo ya permaneció en prisión dos años por culpa de su militancia en Voluntad Popular, el partido de Guaidó y Leopoldo López.
Durante la charla, Maduro volvió a centrar sus excusas en las sanciones de EEUU sólo unas horas antes de que Joe Biden le dejara muy claro que no piensa ceder un centímetro en su presión diplomática: el nuevo presidente comunicó a su Congreso que Venezuela permanece como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad nacional y para su política exterior.
LA CRECIENTE TENSIÓN CON EEUU Y LA UE
«He determinado que es necesario continuar la emergencia nacional declarada con el decreto 13692 con respecto a la situación de Venezuela», concretó Biden, quien de esta forma extiende el famoso decreto ejecutivo de Obama, promulgado en 2015 y que durante años fue usado por el chavismo para denunciar la «injerencia del Imperio».
El régimen de sanciones de EEUU, como lo define el chavismo, comenzó tras el decreto 13692, al principio contra los dirigentes chavistas de forma individual y ampliadas desde 2019 tras reconocer Washington a Juan Guaidó como presidente encargado del país criollo. El «legado perverso» del expresidente y premio Nobel de la Paz, tal y como lo definió el «hijo de Chávez», quien alimentó la propaganda chavista cuando su caída de popularidad avanzaba a la misma velocidad que la recesión económica.
El decreto de Obama precedió a la gran diáspora que ya comenzaba a extenderse entonces y que este año superará a la siria, según las estimaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando más de siete millones de venezolanos habrán huido de su país.
La postura de fuerza de EEUU coincide además con los rifirrafes diplomáticos que el chavismo ha reabierto con Europa. Precisamente la embajadora de la UE, Isabel Brilhante, regresó ayer al Viejo Continente tras ser declarada persona non grata por Maduro. «Mi corazón se queda aquí, te quiero Venezuela», se despidió la diplomática portuguesa, quien mantiene abierta una oficina que gestiona un buen número de planes de asistencia humanitaria para paliar el colapso nacional provocado por la revolución.
El Grupo Internacional de Contacto (GIC) se ha sumado este jueves a la condena internacional por la expulsión de Brilhante, «decisión contraria al diálogo y al respeto» y que sólo contribuirá al «aislamiento» de Venezuela. El GIC, liderado por el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, está conformado por los europeos España, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Italia y Suecia y los latinoamericanos Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Panamá.
La condena ni siquiera fue unánime: Bolivia, aliada de Caracas, no la firmó ni tampoco Argentina, cuyo presidente lidera en el continente al Grupo de Puebla.
