Cuba: a legalizar lo que se hace ilegal

LA HABANA, Cuba.- El pasado 18 de noviembre la Gaceta Oficial de Cuba Extraordinaria No.27 publicó el Decreto Ley No.389 en el que Miguel Díaz-Canel firma como presidente del Consejo de Estado, pues a pesar de la fecha en que se dio a conocer, había sido redactado el 8 de octubre, o sea más de un mes antes. Así se cumple el dicho: “en Palacio todo va despacio”.

El documento tiene una primera parte dedicada al terrorismo en la que al parecer, en estos momentos, no encajamos los disidentes, pues un artículo publicado en el periódico Granma sobre José Daniel Ferrer –hace apenas unos días– califica al líder opositor de contrarrevolucionario y mercenario, pero no usan la palabra terrorista, como siempre han acostumbrado a decir de los defensores de los derechos humanos dentro de la Isla.

En el Capítulo II, dedicado a las técnicas especiales de investigación, se define a una serie de personajes que conocemos con nombres populares, especialistas en las técnicas que ejecutan –que son tan viejas como la prostitución–, que desde La Biblia fue catalogado como soplón.

Este Decreto Ley explica que los llamados “chivatos” son agentes encubiertos, entrenados por los órganos especializados del Ministerio del Interior para penetrar y mantenerse informados, a fin de ejercer el control de las actividades delictivas de que se trate, con la utilización o no de otros recursos técnicos.

Sin embargo, es de conocimiento general que apartando a unos cuantos “ciudadanos revolucionarios”, la mayoría de los que se dedican a realizar este trabajo son personas a las que se les chantajea, en particular en aquellos casos en los que están encubiertos en organizaciones disidentes.

No obstante, la normativa dice: “Nadie puede ser obligado a actuar como agente encubierto, y su negativa no implica la exigencia de responsabilidad alguna”, algo que si no fuera tan triste llamaría a risas, porque son disímiles los chantajes y las bajezas que utiliza la policía política para obtener información de sus mal llamados “agentes”.

También define –el antes mencionado Decreto Ley– al que “echa paꞌlante” como “colaborador eficaz”. Quizás ese es el título que debe llevarse Sergio García González, que según la Fiscalía es quien está acusando a José Daniel Ferrer y a otros tres activistas de la UNPACU de haberlo secuestrado, amarrado y golpeado, al extremo de tener que ser ingresado.

Pero en la realidad el nombrecito de “colaborador eficaz” no cuadra con el que le diría cualquier ciudadano de a pie a la actitud que ha tenido este hombre, a través del cual se ha llevado a prisión a una persona honesta que lucha por el derecho  de todos los cubanos a ser libres. ¿Cómo le llamaría usted que está leyendo este artículo?

De igual forma, en este documento legal están tratando de justificar algo que han llevado a cabo durante muchos años en Cuba, y que es parte del acoso que tienen contra los disidentes y otros miembros de la sociedad: la vigilancia electrónica y/o tradicional, que incluye, como es natural, las cámaras que tienen puestas frente a sus casas algunos opositores y los micrófonos que han sido instalados en sus viviendas para obtener conversaciones, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos.

Aunque plantean que esto se hace con el fin de permitir, conocer y demostrar hechos delictivos, en realidad es una forma de control de todos aquellos que no comparten las ideas del régimen, e incluso, como bien se conoce, lo hacen hasta con los diplomáticos, empresarios localizados en el país, y por qué no con los mandatarios. Todos recordamos la grabación de la conversación telefónica que tuvo Fidel Castro con el ex presidente de México (2000-2006), Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional, y que dio a conocer de forma pública en un programa televisivo.

Algunos abogados me han dicho que el Decreto Ley es inconstitucional, ya que contradice postulados que quedaron aprobados en abril de este año cuando se estableció la nueva Constitución de la República.

Se supone que en el próximo mes de diciembre, cuando se reúna la Asamblea Nacional del Poder Popular, se ratifique este Decreto Ley, según lo establecido en el artículo 108 del texto constitucional. Si hubiera un poco de vergüenza entre los diputados, se obtendría una revocación de este instrumento legal que se pone en vigor con el fin de tapar lo que se ha estado haciendo en Cuba hasta el momento, sin ninguna vergüenza.

Los que seguimos la actuación de la dictadura estamos conscientes de que violan sus propias leyes. Así puede verse cada vez que detienen a alguien –sin causa alguna– y lo mantienen en calabozos por más de 24 horas; o cuando ponen multas excesivas, amparados en artículos que incluso ni existen. La modalidad de este mes que ha sido no dejar salir a los disidentes de las casas.