Cuba: La ley y la represión (2018-2023)
Durante el quinquenio 2018-2023, además del Decreto 349, la ciudadanía cubana ha tenido que lamentar otras legislaciones aprobadas en el Parlamento que validan la represión de los derechos humanos
CDMX, México. – El primer acto de gobierno del gobernante Miguel Díaz-Canel fue firmar el Decreto 349, en abril de 2018. Tal norma reprime al arte independiente con multas y confiscaciones para todos los que no sean aceptados por los funcionarios de Cultura y el partido único. Así surgieron el Movimiento San Isidro, el 27N y la plataforma Archipiélago. Frente a la protesta social, la dictadura cubana respondió con la represión. Cada uno de estos proyectos exigió la libertad de creación, pero también la libertad cívica y política para no ser excluidos del país donde nacieron.
La mayoría de sus participantes fueron obligados al exilio: Tania Bruguera, Carolina Barrero, Katherine Bisquet, Camila Lobón, Anamely Ramos, Omara Ruiz Urquiola, Yunior García Aguilera, Hamlet Lavastida, Oscar Casanella. Otros, como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo “Osorbo”, terminaron en prisión, donde cumplen penas de cinco y nueve años, respectivamente.
El 11 y 12 de julio de 2021 se produjo un estallido social espontáneo en más de 60 localidades del país, y el presidente designado ordenó la guerra fratricida entre cubanos, con el resultado de más de 1700 arrestos arbitrarios y 1057 presos políticos en la actualidad.
Durante el quinquenio 2018-2023, además del Decreto 349, la ciudadanía ha tenido que lamentar otras legislaciones aprobadas en el Parlamento que validan la represión a los derechos humanos en Cuba. A través de las redes sociales y la prensa independiente cubana se hizo público el rechazo al Decreto-Ley 370, que sanciona a los ciudadanos por emplazar o criticar al gobierno en el ciberespacio. Luego se protestó contra el Decreto-Ley 35, que legitima la represión arbitraria de las autoridades contra el derecho a la libertad de expresión.
¿Qué políticas públicas han sido contestadas por la ciudadanía?
-La política sobre la violencia de género en Cuba, ineficaz y que oculta la represión estatal contra las mujeres.
-La política sobre la discriminación racial, infructuosa y que permite la impunidad de los policías que han asesinado por la espalda a cuatro afrodescendientes entre 2020 y 2023.
-La política económica que obstruye la posibilidad de producir, exportar e importar sin intermediarios estatales.
-La prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos constitucionalmente reconocidos.
-La política electoral y el funcionamiento del Parlamento cubano.
-La política de confiscación del régimen que permite la expropiación de bienes materiales de los cubanos.
-La opacidad del régimen, que no declara los gastos del presupuesto, ni informa sobre las auditorías a sus funcionarios públicos.
-La política de no transparencia de GAESA, que controla el 70% de los activos económicos y el 95% de las divisas extranjeras.
El listado es más extenso, pero estas han sido las políticas públicas más contestadas por la ciudadanía, de manera reiterada, en las redes sociales y la prensa independiente durante estos últimos cinco años.
Es falso, como afirma el Gobierno, que los cubanos solo protestaron por cuestiones políticas durante la pandemia de COVID-19, o que las protestas sociales se han debido únicamente a la escasez de alimentos y medicinas. Con estos argumentos el Gobierno subestima la capacidad cívica y política de los ciudadanos, a la par que sataniza sus demandas.
¿Qué leyes han sido contestadas por la ciudadanía?
A propósito de la Marcha Cívica prevista para el 15 de noviembre de 2021 y convocada por Archipiélago, la dictadura negó el permiso a la manifestación pacífica, desatando con ello las críticas de la sociedad civil contra la Constitución de 2019. La respuesta negativa del Gobierno evidenció que los derechos expuestos en la Constitución eran letra muerta.
-La Constitución de 2019 ha sido rechazada por la ciudadanía, que la considera irrespetada por la actuación de las autoridades desde su entrada en vigor.
-El Código Penal ha sido considerado por disidentes y activistas como la legalización de la represión contra todos sus derechos civiles y políticos.
-La ley Electoral de 2019 mantiene el efecto no vinculante de las consultas populares e impone comisiones de candidaturas opacas que seleccionan a los candidatos del PCC.
-La ley de Seguridad Alimentaria, la de Fomento del Ganado y la Ley de Pesca, todas de 2019, impiden la producción, exportación e importación libres, así como la propiedad de la tierra y del ganado a los productores. Además, restringe la pesca privada individual y cooperativa.
-El proyecto de Ley de la Comunicación Social anula la opinión pública.
Por otra parte, la ciudadanía ha demandado la aprobación de tres leyes anunciadas desde 2020 y que han sido pospuestas por el Gobierno cubano: la Ley de Asociaciones, la Ley de las Manifestaciones Pacíficas y la Ley de Información Pública, que regularían derechos constitucionales fuertemente reprimidos en la Isla.
El recuento anterior nos permite afirmar que la actuación de la sociedad civil cubana independiente en estos cinco años demuestra que una porción numerosa de cubanos tiene bien claro qué desea, y que el Estado de derecho en Cuba es inexistente. ¿Qué más debería hacer la ciudadanía para ser escuchada por un gobierno ajeno a los derechos humanos universales?
Marlene Azor Hernández
