Cuba: precios capitalistas con salarios socialistas

Para mantener su feudo, la elite burocrática militar que gobierna Cuba está rediseñando el sistema económico. Como parte de esto, intenta que los trabajadores asuman directamente algunos costos de bienes y servicios —electricidad, alimentos, medicinas—, que en parte se estaban financiando mediante emisión de deuda a nivel estatal, un mecanismo de endeudamiento insostenible para un régimen quebrado a quien nadie fía.

La dificultad para pagar estas facturas vía presupuesto va agudizándose con el estancamiento de la economía del país a causa de la improductividad inherente al sistema. Esto es algo que el Gobierno espera solucionar —o aliviar ganando tiempo— haciendo que los cubanos paguen directamente con sus salarios estos bienes y servicios, lo que los forzaría a reducir el consumo, o lo ideal —pero menos probable—, a volverse más productivos.

Tales reajustes financieros se antojaban impopulares aun antes de acometerlos, por lo que el Gobierno necesitó un previo «trabajo ideológico» que comenzó ya cuando el PCC preparaba una Constitución a la medida de su conveniencia. En aquel entonces se lanzó a nivel popular la idea de la obligatoriedad del trabajo, una especie de reactivación de esas Leyes de Vagos y Maleantes tan afines a las dictaduras.

Esa idea lanzada como «bola» llegó a la Asamblea Nacional, allí se «debatió» y se descartó, no porque los indignados trabajadores estatales no tuvieran razón —algo que se reconoció explícitamente—, sino porque la Revolución respeta los derechos humanos. Así no solo sembraron el germen de una fricción —entre trabajadores estatales y el resto de la población—que ahora avivan, sino que se irguieron como paladines de los derechos de las personas.

De aquella campaña se evolucionó a la actual «eliminación de subsidios y gratuidades indebidas», que atiza la fricción entre los cubanos que trabajan para el Estado y los que no; entre «los que aportan al bien común» y «los vagos parásitos». De este modo, se crea la matriz de opinión necesaria para desmontar la socialista redistribución universal de la riqueza (que se hacía precisamente mediante las gratuidades y los subsidios), reemplazándola por el pago directo —desde los salarios y no desde el presupuesto— de los bienes y servicios.

La campaña mediática actual a favor de la eliminación de «subsidios excesivos» y «gratuidades indebidas» ha venido a justificar las enormes alzas de precios en servicios y productos —superiores al alza de los salarios—, bajo el principio declarado de acercar sus costes a los del mercado internacional. Ahora los subsidios que caracterizaron al sistema son estigmatizados como injustos, sencillamente porque el sistema no funciona; pero esto no se reconoce.

Sin embargo, como el control de los precios, incluido el precio de la mano de obra, es en Cuba monopolio gubernamental, el Estado los dispone a su conveniencia, quedando los trabajadores cubanos en una situación sui generis y muy desfavorable. En esta situación, el Gobierno esgrime el referente de los precios internacionales para sus cobros, pero ni los menciona en lo que se refiere a sus pagos; es decir, los salarios.

Pero la desdicha del trabajador cubano no termina en cobrar como socialista y pagar como capitalista, sino que los precios que tiene que asumir no son los de un capitalismo en situación cercana a la libertad de mercado. Es decir, no cuenta con la posibilidad real de concurrencia de diferentes oferentes gracias a los bajos costes de transacción y la no existencia de regulaciones infranqueables.

Por el contrario, Cuba es un capitalismo de Estado con un solo propietario que monopoliza los servicios y productos más básicos y necesarios. Como se está demostrando con la Tarea Ordenamiento, este propietario posee la capacidad de organizar el mercado al modo que más le convenga; pues a la vez que único propietario, y como garantía para seguir siéndolo, es además único titular del aparato legislativo, ejecutivo, judicial y represivo.

Debido a ello, por ejemplo, los cubanos pagarán una tarifa eléctrica mayor a la que pagan los estadounidenses. Las tiendas del país venden productos de tercera a precios de boutique de Mónaco, y hasta los bienes de primera necesidad se comercializan en una moneda que nadie cobra.

Con pesar, se observa que las campañas mediáticas del Gobierno han funcionado para suavizar el impacto de los retoques económicos y, aunque hay disgusto y preocupación en la ciudadanía, la ausencia de prensa libre deja a los cubanos sin argumentos para rebatir las diatribas televisivas de Murillo y la cohorte de papagayos de la UPEC (Unión de Periodistas de Cuba).

Lo más probable es que la Tarea Ordenamiento sea un rotundo fracaso y la economía siga en picada. No obstante, servirá para ganar tiempo, gracias en parte al poder mediático del Gobierno, que le permite mediante campañas insidiosas ajustar la realidad a sus intereses.

Mientras reine el Departamento Ideológico del Comité Central, la casta burocrática militar seguirá obteniendo pingües beneficios: le pagará al pueblo a precios socialistas y le hará pagar las migajas que le provee a precios capitalistas monopólicos, mientras que tranquilamente seguirá exportando tabaco, azúcar y cardiólogos.