Cuba tacha de «ataque al Derecho Internacional» la Ley Helms-Burton y avisa a EEUU de que «fracasará»

El Gobierno de Cuba ha rechazado «enérgicamente» la decisión de Estados Unidos de reactivar por completo la Ley Helms-Burton, lo que abre la puerta a demandas contra empresas de todo el mundo que hagan negocios con los bienes confiscados tras la Revolución de 1959, subrayando que se trata de un «ataque al Derecho Internacional» que «fracasará».

«Rechazo enérgicamente anuncio del secretario de Estado (Mike) Pompeo de activación del Título III de la Ley Helms-Burton», ha dicho el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Pompeo ha anunciado este miércoles que desde el 2 de mayo Estados Unidos admitirá en sus tribunales las demandas planteadas contra empresas tanto estadounidenses como extranjeras que «trafiquen» con los bienes confiscados por las autoridades ‘castristas’.

La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, dio este derecho a los ciudadanos estadounidenses, si bien hasta ahora todos los Gobierno norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula «con la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia».

Para Rodríguez, se trata de «un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros estados». «La agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos», ha afirmado el jefe de la diplomacia cubana.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha considerado que «el título III no es peor que el I ni el II, que están en la cartera de acciones contra todo el pueblo de Cuba». «Nadie va a arrebatarnos, ni por la seducción ni por la fuerza, ‘la Patria que los padres nos ganaron de pie’. Los cubanos no nos rendimos», ha afirmado en Twitter.

El «COMÚN DE LOS CIUDADANOS»

El Observatorio Cubano para los Derechos Humanos (OCDH), una organización opositora, ha rehusado posicionarse claramente sobre la Ley Helms-Burton, limitándose a exigir a Estados Unidos que deje claro que «no tomará ninguna medida que afecte directamente al común de los ciudadanos» cubanos.

El OCDH ha sostenido, a través de un comunicado, que «el derecho a la propiedad privada es un derecho natural ampliamente violado en Cuba a nacionales y extranjeros a partir de la llegada del Partido Comunista al poder».

«Si bien en la actualidad los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales permiten las expropiaciones, las mismas son medidas excepcionales, por justificado interés público y social, y se exige que exista una adecuada y justa compensación, cuestión que en el caso cubano todavía no ha ocurrido», ha explicado.

En su opinión, «el Gobierno cubano nunca se ha tomado en serio resolver este viejo diferendo que involucra a ciudadanos cubanos y extranjeros». De hecho, ha indicado, «la práctica confiscatoria continuó durante décadas (…) para beneficiar directamente a dirigentes del Partido Comunista o de sus organizaciones represivas».

A este respecto, el OCDH ha considerado paradójico que «en muchas de las propiedades confiscadas, y sobre las cuales se mantienen reclamos, se establecieron negocios que durante décadas no permitieron la entrada de ciudadanos cubanos» y que hoy opera el Gobierno «tanto en solitario como en unión con empresas extranjeras».

El grupo disidente ha denunciado que en estos negocios, «lejos de cualquier fin social», el Gobierno «continúa violando los derechos laborales de los cubanos, por ejemplo, mediante la apropiación de la mayor parte del salario de los trabajadores». «Esto es algo preocupante, que conculca los Derechos Humanos», ha sentenciado.

EUROPA Y CANADÁ, EN EL PUNTO DE MIRA

La reactivación de la cláusula legal afectará sobre todo a empresas europeas y canadienses, ya que son las que tienen más intereses en Cuba.

Bruselas y Ottawa han aclarado este mismo miércoles en un comunicado conjunto que no reconocerán las sentencias que puedan dictarse en Estados Unidos contra intereses europeos o canadienses en Cuba y han avisado de que su respuesta se enmarcará en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Una alto cargo del Departamento de Estado ha explicado en un contacto telefónico con medios de comunicación desde Bruselas que la decisión de dar plena vigencia a la Ley Helms-Burton obedece a las acciones del Gobierno cubano dentro y fuera de la isla caribeña, subrayando a este respecto su apoyo al Ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela.