Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen la mayor cantidad de periodistas exiliados de América Latina
Una investigación revela el enorme costo que supone informar en países con dictaduras totalitarias.
Más de 900 periodistas han sido forzados al exilio en Latinoamérica, el 92% de ellos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, reveló un estudio internacional del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica.
De acuerdo con el informe resultante, titulado «Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano», que cubre el periodo entre 2018 y 2024, en ese tramo al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países, y ante la necesidad de «proteger sus vidas, su seguridad y la de sus familias», dice el texto.
Según los resultados de la investigación, que supuso entrevistas con decenas de informadores y contó con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y de organismos internacionales, además de los tres países antes mencionados, el problema afecta a comunicadores de Guatemala (19 periodistas desplazados), Ecuador (13), Haití (diez) y El Salvador (diez).
La investigación revela que las dos principales razones que provocan el desplazamiento hacia otros países son la persecución política y estatal y las amenazas del crimen organizado y de otros actores paraestatales corruptos.
«Según consta del relevamiento realizado con organizaciones especializadas y los propios periodistas encuestados, en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o El Salvador la persecución y la estigmatización es liderada por el Poder Ejecutivo. En estos casos, el ejercicio del poder gubernamental carece de mecanismos efectivos de pesos y contrapesos democráticos, lo que facilita el uso de instituciones estatales para hostigar y criminalizar a la prensa. Esta persecución sistemática se traduce en restricciones legales, campañas de desinformación, acoso digital, detenciones arbitrarias y otras técnicas que, en muchos casos, obligan a las y los periodistas a exiliarse», indican las conclusiones del estudio.
«En Cuba, el detonante generalmente se vincula a visitas de funcionarios públicos que le solicitan directamente al periodista salir del país bajo amenaza de que, si no lo hace, será investigado y eventualmente encarcelado», añade.
Los países de acogida de los profesionales son mayoritariamente latinoamericanos, aunque también lo son países europeos y de Norteamérica. «Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, España y México son los principales países receptores de periodistas en situación de desplazamiento. Canadá también comienza a ser un nuevo e incipiente lugar de acogida», indica.
«La elección del lugar depende de la nacionalidad, la presencia de redes de apoyo familiares o de personas conocidas en el destino final, así como de la posibilidad de acceder a un estatus migratorio que permita trabajar legalmente».
En la mayoría de los casos, añade la investigación, el detonante que precipita la decisión de salir del país está marcado por «oleadas represivas o delictivas de los países». En Cuba, la feroz represión que se produjo tras las manifestaciones masivas del 11J condujo a que el régimen endureciera la persecución contra activistas e informadores de los medios independientes, consiguiendo incluso que muchos de ellos anunciaran públicamente su decisión de dejar de trabajar para tales medios.
Según el informe, «para las personas desplazadas, el periodismo supera la noción tradicional de ‘producir noticias’, y se concibe más como una forma de activismo democrático, un mecanismo de conservación de la memoria histórica, una manera de lidiar con el desarraigo, y como una práctica que permite sentir plenamente la seguridad y la libertad».
Mas, a raíz del exilio, «la mayoría de las personas abandona la práctica profesional. La complejidad de fundar y mantener un medio, la dependencia del financiamiento internacional, la dificultad para obtener declaraciones de fuentes, la persecución transnacional y la necesidad de encontrar una forma de vida estable contribuyen a que muchos periodistas opten por dejar la profesión, generando con ello zonas de silencio y desiertos informativos. Como consecuencia, se vulnera el derecho a la libertad de expresión y de prensa en la región tanto en su dimensión individual como colectiva».
Además, de acuerdo con la investigación, es un desafío «ejercer el periodismo en el exilio, ya sea de manera individual o en un medio de comunicación formal. Existir jurídicamente, operar administrativamente y ser sostenible económicamente son solo los primeros pasos de un camino complejo que incluye el rechazo, la xenofobia e impedimentos legales y profesionales de diversa índole».
Giselle Boza Solano, coordinadora académica del estudio y del Proledi UCR, señaló que «los resultados reflejan, de manera preocupante, las condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en un contexto de evidente erosión democrática, un debilitamiento de la institucionalidad y el aumento de la represión hacia el trabajo de la prensa. El periodismo es, cada vez más, una actividad de alto riesgo».
Por su lado, Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo de investigación, añadió que los hallazgos evidencian «un deterioro alarmante de las garantías para ejercer el periodismo en Latinoamérica».
«Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora», enfatizó.
El estudio contó con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y contó con la participación de investigadoras de la Universidad Diego Portales, de Chile, y de Fundamedios, ONG con sede en Ecuador y presencia en Estados Unidos.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica se dedica al estudio, análisis y promoción de políticas dirigidas a fortalecer los derechos ciudadanos relacionados con la comunicación y la información, tanto en ese país como en la región latinoamericana.
