“Cubagate”: Julen Rementería denuncia presunto fraude entre México y Cuba por 255 mdp
El líder de la bancada panista en el Senado, Julen Rementería, presentó este lunes documentos de un supuesto fraude millonario que implica el pago a 585 médicos cubanos sin título para atender la pandemia
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que la administración de la Cuarta Transformación, refiriéndose al gobierno federal y al de la Ciudad de México, contrataron a médicos cubanos sin título para atender las necesidades derivadas de la pandemia de covid-19 en México.
Al presunto caso de corrupción que denunciaron esta mañana en el Senado Mexicano, le llamaron el “Cubagate”. En días previos, Julen Rementería, líder de la bancada panista, habría asegurado que el gobierno desvió los recursos del Fondo de Desastres Naturales a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, señaló que este lunes publicaría una investigación donde se revelarían los nexos por fraude entre el presidente López Obrador y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.
Rementería señaló que la investigación les tomó seis meses de realización e investigación y que en esta se comprobarían nexos entre el gobierno federal y capitalino de México, con el gobierno cubano para orquestar un fraude millonario.
A través de su cuenta de Twitter fue donde el panista presentó dicha investigación, misma que está sustentada con documentos oficiales emitidos por dependencias e instituciones pertenecientes al gobierno de la Cuarta Transformación.
El coordinador panista afirmó que no había “una sola evidencia de que los 585 cubanos que el gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19 contasen con título profesional”.
En la investigación señaló que “el gobierno del presidente López Obrador, el de Claudia Sheinbaum y el del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, orquestaron un fraude de 255 millones 873 mil 177 pesos al presupuesto de salud”.
A partir de ello, insistió en que se realizó un fraude por cientos de millones de pesos al presupuesto de salud y detalló que el 21 de Abril del 2020, en plena crisis de la pandemia, “el Insabi, a través de un convenio de colaboración, transfirió 135 millones 875 mil 81.52 pesos al gobierno de Claudia Sheinbaum para ayudarle en la crisis del covid”.
Asimismo, acusó que en ese mismo mes, tres días después o sea el 24 de abril de 2020, el gobierno de de Sheinbaum firmó con Cuba dos convenios bianuales: uno por 135 millones 875 mil 81.52 pesos y el segundo por 103 millones 638 mil 266.40 pesos. Dichos convenios tienen por objeto la contratación de médicos cubanos para ayudar en los hospitales públicos mexicanos.
Rementería afirmó que el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió en dichos documentos a garantizar que el personal enviado a México tiene total capacidad y experiencia: “Según ellos, dicen contar con la documentación que acredita como profesionales al personal que envía a nuestro país”. Sin embargo al haber solicitado al IMSS a través de transparencia que proporcionara los siguientes datos de los médicos cubanos: salarios, copias de sus títulos profesionales, acreditación de su profesión en México, criterios de compatibilidad, y unidades médicas a las que fueron enviados, no le fueron entregados.
Acusó entonces que “el IMSS aceptó como médicos a personas extranjeras sin corroborar que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de covid en plena pandemia”.
Finalmente, cuestionó el hecho de que actualmente en México van más de 270 mil víctimas del letal virus “¿Cuántas familias mexicanas perdieron un ser querido por la negligencia médica de estos falsos médicos?, ¿cuántas vidas costó este fraude de la dictadura cubana a las familias mexicanas?”.
Por ello, exigió a nombre de la bancada panista que se hagan públicos los expedientes de los pacientes a quienes trataron estos “falsos médicos”, sentenció. Y aseguró que es derecho de los mexicanos saber “cuántos mexicanos murieron por culpa de este fraude”, y que reciban la debida compensación y los responsables, es decir el gobierno federal y capitalino, respondan ante la ley.