Cuentas claras
Parece que el único tema de estos días en el país es el ajuste de cuentas en las altas esferas del poder político. Una campaña disfrazada -hay mucho de show, a juzgar por las sillas de festejos en las que sentaron a los reos para su presentación ante la implacable justicia- de lucha a fondo contra la corrupción, en esta nación donde la honestidad pública es una excepción muy mal vista.
Hay otras cosas que ocurren en el país, así sean de entidad menor: una actividad política cada vez más intensa en el ámbito opositor en el proceso de primaria que elegirá una candidatura única para las elecciones de 2024, si para entonces sigue habiendo país; el caso Venezuela I que adelanta la Corte Penal Internacional y que consiste en la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 en adelante para reprimir la disidencia y la protesta política; esos incansables maestros que siguen en las calles desde enero, y van tres meses, en reclamo de un salario digno que se les niega. En paralelo, ya se sabe, se destapa ese gigantesco robo de los dineros públicos. Una bofetada moral para quien vive de su trabajo.
El profesor Aldolfo P. Salgueiro, abogado y experto en derecho internacional, columnista de El Nacional, autodeclarado desde el fin del gobierno interino de Juan Guaidó en «opositor de la oposición», no pasó por alto entre tanto barullo la aprobación en la Asamblea Nacional opositora electa en 2015 de su presupuesto para el año 2023 por un monto de 49,3 millones de dólares.
La cifra parece irrisoria si se tratara de mantener el parlamento de un pujante, vivo y dinámico país democrático. No es el caso. También es una minucia si se le compara con este último desfalco anunciado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez: 1,5% de la cantidad desaparecida en el primer informe del accionar de Tareck el Aissami y su gente. Con cada día que pasa, el monto de lo birlado se hace una montaña.
Salgueiro, atento a los gestos de quienes mandan, o de quienes pretenden sustituirlos, hace un conjunto de preguntas sobre el uso de esos recursos extraídos del «Fondo para la Liberación de Venezuela», título que sugiere el cuidado y la pulcritud que debería orientar el gasto para la consecución de tan elevado e huidizo objetivo.
Los recursos de ese fondo están en una cuenta bajo custodia de la Reserva Federal de Estados Unidos, protegidos de la voracidad del régimen de Maduro y, es de esperar, de la liviandad que a veces y en mala hora caracteriza a opositores al régimen. Llama la atención Salgueiro que apenas se destine 5% del presupuesto a la protección de activos, que es el centro de la preocupación política de la Asamblea tras el fin del interinato de Guaidó.
También pide que se desglosen otras asignaciones. Por ejemplo, la destinada a «representaciones diplomáticas» que perecieron con el fin del interinato; o la más abultada cuenta para la «Defensa de la Democracia», de la que se desconocen actividades, acciones, planes, en fin: detalles, nombres, beneficiarios. También hay una suma, cerca de 20% del total presupuestado, destinado al funcionamiento de la Asamblea en la que Salgueiro estima se remunera de forma «discreta» el tiempo, esfuerzo y desplazamiento de los parlamentarios.
Por cierto, ¿de cuánto es esa «discreta» dieta parlamentaria? Ha sido un dato escondido. Una legisladora admitió a fines del año pasado que la retribución era entre 1.200 y 1.500 dólares mensuales. No estaba segura. ¿Puede alguien en esta Venezuela en penurias pasar por alto 300 dólares más o menos que le entran en su cuenta? 300 dólares equivalen a 60 salarios mínimos.
Salgueiro termina preguntando si es razonable el reclamo de pedir información. Al régimen no, conocida su alergia congénita a cualquier rendición de cuentas. La oposición está obligada a despejar dudas y erradicar mañas.
