Cúpula militar, comprometida con el discurso de Daniel Ortega

MIAMI – El mayor en retiro Roberto Samcam, afirmó que el discurso del jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, durante la conmemoración del 40 aniversario de las fuerzas armadas pretende esconder que ha violado la Constitución al no desarmar a los grupos paramilitares financiados por el régimen de Daniel Ortega, como lo establece la ley, esto debido a los vínculos económicos que Ortega ha logrado establecer con la cúpula militar nicaragüense a cambio de lealtad.

Avilés dejó claro durante el acto conmemorativo que el mando del Ejército está alineado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al afirmar que con las protestas cívicas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018, se pretendía dar un “golpe de estado al gobierno legítimamente constituido”.

Rodeado de las banderas de Nicaragua y del Frente Sandinista en las que sobresalía la última, Avilés no hizo mención de la represión gubernamental que de acuerdo con denuncias de exmilitares, el Ejército habría tenido participación activa a través de paramilitares debido a la precisión de los disparos que recibieron la mayoría de los más de 300 asesinados, el tipo de armas que es de uso exclusivo de la institución castrense, y los videos cuyas imágenes muestran la salida e ingreso de paramilitares a bordo de camionetas Hilux del hospital Alejandro Dávila Bolaños para abastecerse de pertrechos.

“Para nosotros que estábamos dentro de la unidad (militar) y conocemos algunas de las cosas que se estaban dando por parte del Ejército, esos paramilitares si son militares activos que (estaban) encapuchados para no ser identificados”, dijo un médico exmilitar que ha solicitado asilo al gobierno de Estados Unidos, que grabó la salida de uno de los vehículos con paramilitares del hospital Alejandro Dávila Bolaños que se trasladaba a disparar contra manifestantes el 30 de mayo, el día de la peor masacre contra civiles, según registran las secuencias de videos y fotografías.

Crímenes de lesa humanidad

Los asesinatos producto de la represión del régimen han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales de derechos humanos. Los paramilitares han operado en las narices de la cúpula militar que vende un discurso de ser “apolítico”.

«Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos», dijo Avilés sin dar nombres ni mostrar evidencias de sus acusaciones contra ONG.

Ortega modificó el Código Militar en 2014 para mantener al general Avilés como jefe del Ejército.

“Son los mismos que presionaban para que hiciéramos misiones que no son de nuestra competencia, ignorando o queriendo ignorar las leyes de la república, pretendiendo con nuestra salida provocar una guerra entre hermanos”, dijo Avilés durante su discurso.

Ejército se quita la máscara

El mayor en retiro Samcam, quien se exiló por ser un perseguido del régimen Ortega Murillo, dijo que el discurso de Avilés se alinea al que ha mantenido la pareja presidencial al referir que en el 2018 hubo un intento de “golpe de estado”, un discurso que Samcam considera ridículo porque la historia demuestra que los golpes de estado son cometidos por ejércitos o por contubernios entre políticos y las fuerzas armadas, y no por civiles desarmados que demandaban por la vía cívica la salida del poder del dictador.

“(Avilés) miente porque no hubo nadie que hiciera ese tipo de llamado a oficiales del Ejército, más bien el señalamiento y el llamado que se les hizo es que cumplieran con el artículo 95 de la Constitución política que establece que no hay más grupos armados que el Ejército y la Policía; entonces, es impensable que haya habido un golpe de estado, y más bien lo que Avilés pretende es ocultar que violentaron la Constitución al no cumplir con su responsabilidad”, subrayó Samcam.

Agregó que, al alinearse al discurso de Ortega y Murillo, Avilés está pagando el “derecho de piso” (favores económicos). “Ellos (la cúpula militar) están comprometidos con el régimen porque a partir del 2007 que Ortega asume el poder les permitió el desarrollo incontrolado del “holding empresarial» que tienen. El Ejército tiene empresas en todas las áreas de la economía que solo están bajo el control de ellos (los militares), lo que ha creado una casta de ciudadanos de primera categoría con jubilaciones que representa el doble o el triple de lo que recibe un civil que recibe como monto máximo una pensión de 1,500 dólares, mientras los jubilados del ejército reciben pensiones de cuatro y cinco mil dólares”, acotó Samcam.

Y es que las actividades económicas del Ejército no son fiscalizadas por ninguna instancia de gobierno pese a que recibe millonarios fondos del erario anualmente y se ha convertido en un poder económico que posee inversiones en el extranjero.

Negocios origen PDVSA

Samcam sostiene que una serie de negocios de los Ortega Murillo están siendo trasladados al Ejército, una de ellos son los activos de la empresa previsional Servicios Médicos Especializados (Sermesa).

El traslado de activos tiene como objetivo evadir las sanciones que Estados Unidos y Canadá han designado a miembros de la familia presidencial y del círculo cercano a Ortega por corrupción y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el mayor en retiro, la mentalidad del régimen y del mismo Ejército es que Estados Unidos no va a tocar la institución militar.

“Los activos fueron trasladados al Ejército a finales del 2018, esa empresa médica generó ingresos por 27 millones de dólares, sumado a ello los 13 millones de dólares que ganó el PAME, que es la empresa médica previsional del Ejército. Qué empresa en Nicaragua genera 27 millones de dólares (al año), entonces el Ejército tiene que pagar (a Ortega).

“Sermesa nace cuando surge la cooperación petrolera venezolana y empezaron con unas empresas médicas pequeñas, cuando muere Tomas Borge (comandante del FSLN) le quitan a la familia de Borge y al diputado (del FSLN) Mario Valle, la empresa médica Cruz Azul, entonces empezó a crecer Cruz Azul y después hicieron compras forzadas (obligando a los propietarios a vender) de empresas médicas pequeñas que las agrandaron de manera artificiosa porque el trabajador que cotiza al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, debe recibir servicios médicos), se supone que a través de una tómbola determinan cuál empresa previsional le corresponde a un trabajador y por defecto le aparece Sermesa y el PAME, es decir el INSS es el gran distribuidor (de clientes) de esas empresas médicas previsionales (propiedad del Ejército)”.

Cruz Azul es parte de las empresas médicas de Sermesa, de acuerdo a la página de internet de esa empresa. Cruz Azul es el hospital cuyas autoridades negaron atención médica al adolescente Alvaro Conrado, que recibió un disparo en el cuello realizado por un francotirador al inicio de las protestas antigubernamentales. El menor murió desangrado.

El origen de las protestas en Nicaragua fue precisamente por las reformas al INSS, arcas que Daniel Ortega recibió con superávit y que ahora está a las puertas de la bancarrota. Ortega ha despilfarrado los fondos de la seguridad social destinando fondos a instituciones y privados, uno de los “beneficiados” ha sido el ejército. El dictador pretendía incrementar el monto de las cotizaciones y reducir el monto de las pensiones de los jubilados lo que dio origen al estallido social.

¿Testaferro?

Samcam sostiene que esas empresas crecieron al amparo de la cooperación petrolera y la estrategia de los Ortega es evitar perder los negocios ante las sanciones.

“Si hay sanciones a la familia presidencial, en este caso a Rafael Ortega Murillo, (hijo adoptivo de Daniel Ortega y hermano de padre y madre de Zoilamérica Ortega Murillo) que es el que manejaba todo ese emporio médico ya no le afectaría las potenciales sanciones porque son del Ejército y como no hay fiscalización del estado a ninguna de las empresas de las fuerzas armadas porque es excesivamente discrecional (movimientos económicos) y nadie sabe dónde van a ir a parar esas utilidades.

Sanciones

Congresistas y senadores han solicitado al Departamento del Tesoro para Rafael Ortega Murillo encargado de administrar los negocios de la familia presidencial y a la esposa de este Yadira Leets, así como a Juan Carlos Ortega Murillo.

El grupo Sermesa es el segundo más grande en Nicaragua que tiene mayor número de afiliados a través del INSS.

Samcam sostiene que Ortega le está exigiendo al jefe del Ejército lealtad y adhesión a las políticas del régimen. “Ortega trabaja con la mentalidad o se hunden todos o se salvan todos”.