¿Debería un delincuente convicto ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Los ciudadanos estadounidenses confrontan un posible dilema ineludible

El jueves 30 de mayo  del 2024 el expresidente Trump fue condenado en la ciudad de Nueva York por un jurado de siete hombres y cinco mujeres por treinta y cuatro cargos penales por falsificar registros comerciales con la intención de engañar. Independientemente de su diatriba contra el sistema legal estadounidense, el expresidente es un delincuente convicto a menos que pueda demostrar lo contrario en su apelación. Se trata de una condena sin precedentes. Trump es el primer presidente estadounidense que ha sido condenado por actividades criminales. Lamentablemente, el establishment republicano sigue apoyando al expresidente y cuestionando la legalidad de este juicio, desafiando así la integridad del Estado de Derecho. 

Ya sea que uno favorezca o se oponga al expresidente Trump, es evidente que, contrario a lo que él ha argumentado, este juicio demostró que ningún ciudadano de los EE. UU. está por encima de la ley. Según el expresidente y sus simpatizantes, el sistema legal estadounidense está «amañado».  Alegan que el presidente Biden y el liderazgo del partido demócrata han librado “una guerra legal” (lawfare) es decir, convertir la ley en un arma para obtener una ventaja política sobre el expresidente en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Sin embargo, para las personas razonables e imparciales, este juicio representa el éxito del Estado de derecho en los Estados Unidos. A pesar de que los miembros de ambos partidos políticos tratan con frecuencia de influir en el sistema legal estadounidense para obtener una ventaja política sobre sus opositores, en este caso el tribunal y el jurado se mantuvieron firmes. Por ello, para los ciudadanos que respetan el Estado de Derecho, es una fecha para celebrar la independencia de nuestras instituciones jurídicas. 

Muchos, incluyendo ciudadanos estadounidenses y extranjeros, se preguntan si un delincuente convicto podría ser elegido y servir como presidente de los Estados Unidos. La respuesta a su pregunta es un rotundo sí. A pesar del desconcierto de muchas personas, no hay nada en la Constitución de los Estados Unidos que impida que un delincuente convicto ocupe el Despacho Oval si es elegido de manera justa. Sin embargo, la pregunta más apremiante es: ¿Deberían los ciudadanos razonables e imparciales votar por un delincuente convicto basándose únicamente en su política partidista sin tener en cuenta el bienestar general? No se trata de una cuestión fáctica, sino más bien de una cuestión sobre el buen juicio en política. El buen juicio, sin embargo, no es solo acerca si una persona tiene un carácter virtuoso o vicioso, sino también si el programa político que auspicia dicha persona ofrece mejores resultados para el bienestar general. 

Es importante destacar que la nuestra es una democracia constitucional fundada en el respeto al Estado de Derecho y al principio democrático de elección de funcionarios públicos. Si bien el Estado de derecho ofrece garantías legales a los ciudadanos que se presumen inocentes hasta que un jurado de sus pares demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, no restringe la voluntad del pueblo para determinar quién lo gobernará, incluido el voto por aquellos que podrían haber sido condenados a cumplir una pena de prisión. Solo “We the People” («Nosotros, el Pueblo») tenemos el derecho de determinar quién nos gobernará. 

Es probable que los ciudadanos estadounidenses se enfrenten a un ineludible dilema en las próximas elecciones presidenciales. Estamos atrapados entre la espada y la pared. Ya sea para votar por el expresidente Trump, que es un delincuente convicto, o para reelegir al presidente Biden, una persona cuyas facultades mentales y físicas parecen estar flaqueando. A pesar de todas las garantías del establishment del partido Demócrata, es evidente que sus capacidades mentales y físicas son al menos cuestionables. Por lo tanto, permitir que el presidente Biden vuelva a postularse para el cargo podría verse como un desatino por parte de la dirección del partido Demócrata o como un acto de arrogancia o autoengaño por parte del presidente y de aquellos que se beneficiarían de una decisión insensata. Parecen estar jugando con el interés nacional en un momento de gran peligro internacional porque, incluso si el presidente Biden fuera reelegido, es poco probable que pueda terminar su mandato. En caso de que eso sucediera, la vicepresidenta Kamala Harris se convertiría automáticamente en la presidenta interina. Sin embargo, el capital político y la perspicacia de liderazgo de la vicepresidenta son desconocidos. 

Cabe subrayar que los ciudadanos siempre tienen la opción de votar por los funcionarios públicos basado en su carácter, su programa político, o ambos. Por ejemplo, a pesar de los graves defectos de carácter, la población estadounidense reeligió al expresidente Clinton para el Despacho Oval en 1996. Además, fue capaz de ser un presidente eficaz en el país y en el extranjero. Este ejemplo muestra que la falta de integridad moral no tiene por qué impedir que un funcionario electo sea un líder eficaz en la promoción del bienestar general. Por lo tanto, aquellos que apoyan y están dispuestos a votar para elegir al expresidente Trump para el Despacho Oval en función de su programa político pueden defender su argumento citando, por ejemplo, al expresidente Clinton cuando la mayoría de los ciudadanos optaron por elegirlo en función de sus ideas políticas sin tener en cuenta sus deficiencias morales. 

Aun así, se podría argumentar que la analogía anterior no es necesariamente convincente. Hay grados de deficiencias de integridad moral o de carácter. El expresidente Clinton nunca fue un delincuente convicto. Además, nunca fue acusado de interferencia electoral. Tampoco alentó a ningún disturbio en Washington, D.C. para apoyarlo en contra de la voluntad del pueblo. Al exigir que el vicepresidente Pence no certificara la victoria del presidente Biden, se podría argumentar que el expresidente Trump incitó a un golpe legal fallido, pero al fin y al cabo fue un intento de golpe de Estado. Incluso hoy en día, muchos partidarios del expresidente Trump y el propio Trump continúan cuestionando los resultados de las pasadas elecciones presidenciales como si hubieran sido «manipuladas» sin evidencia para respaldar sus acusaciones infundadas. A diferencia del expresidente Trump, el expresidente Clinton no desafió los cimientos de nuestra democracia constitucional ignorando el Estado de derecho o la voluntad del pueblo. 

Algunos acólitos de Trump se han puesto del lado del expresidente argumentando que el juicio de Nueva York tuvo motivaciones políticas y, por lo tanto, fue una farsa legal. Y, sin embargo, ninguno de los que han argumentado hasta ahora han sido capaz de presentar la más mínima evidencia para demostrar que el juez que presidió el caso, el equipo de fiscales o el jurado tuvieron motivaciones políticas en lugar de estar motivados por aplicar la ley. En cualquier caso, el expresidente está dispuesto a apelar su condena y puede agotar todos los recursos legales a su alcance, incluida la apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos (también conocida como SCOTUS) para tratar de demostrar su inocencia. Nadie puede impedir que ningún ciudadano, incluyendo un expresidente, haga uso de su derecho para tratar de demostrar su inocencia más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. Ese es un componente vital del estado de derecho, ya sea en un sistema de derecho consuetudinario como el que prevalece en los EE. UU., o en un sistema de derecho civil como el que prevalece en Europa.

En el pasado, el expresidente Trump ha coqueteado con la idea de perdonarse a sí mismo cualquier delito federal que pudiera haber cometido mientras estaba desempeñando su cargo, pero afirmó que no tenía intención de hacerlo. El solo hecho de que haya aludido a tal posibilidad es preocupante. Como nuestra constitución guarda silencio con respecto a un poder de auto indulto y teniendo en cuenta los cargos federales penales que enfrenta el expresidente, debemos ser escépticos de su palabra. Dada su retórica grandilocuente y su comportamiento un tanto escabroso además de su desprecio o indiferencia por la verdad, es razonable esperar que si el expresidente Trump fuera elegido, podría optar por perdonarse a sí mismo de todos los cargos penales federales que enfrenta en su contra. Por tanto, podría establecer un peligroso precedente por el cual el presidente de los Estados Unidos (también conocido como POTUS) estaría por encima de la ley. Un resultado tan posible pero deplorable iría en contra del espíritu de los “Founding Fathers” (Padres Fundadores), que repudiaron la prerrogativa de los antiguos monarcas en favor de una forma republicana de gobierno basada en el respeto tanto del Estado de derecho como de la voluntad democrática del pueblo. 

En caso de que el expresidente Trump fuera elegido, podría apelar a la Corte Suprema de Justicia para justificar una posible decisión de auto indulto. Dada la actual mayoría conservadora del máximo tribunal, donde el expresidente nombró a tres de los nueve jueces actuales, y la naturaleza sin precedentes de sus cargos penales federales, una decisión mayoritaria de cinco a cuatro a favor de la cuestionable prerrogativa presidencial del auto indulto no solo sería un resultado posible sino también probable.

Por supuesto, «Nosotros, el Pueblo» podemos elegir votar por un delincuente convicto para presidente basado en su política, pero «Nosotros, el Pueblo» también podemos exigirle a nuestros representantes en el Congreso que promulguen una enmienda constitucional fundamentada en el carácter moral de los que ocupen el Despacho Oval. De esta forma se pudiera evitar que cualquier futuro presidente que haya sido convicto se indulte a sí mismo por delitos federales cometidos mientras estaba en el cargo. Permitir que POTUS y/o SCOTUS aprueben una prerrogativa presidencial tan peligrosa sería hacer una parodia del Estado de derecho, amenazando así los cimientos de nuestra democracia constitucional. Independientemente de por quién elijamos votar en las próximas elecciones presidenciales, ya sea en función de su carácter, su programa político o ambos, como ciudadanos vigilantes tenemos el derecho y, lo que es más importante, el deber de prevenir tal amenaza para el futuro de nuestra república.