Delirio Constitucional

¿Quién podría no querer que un buen texto cerrara este proceso?  Llegarían entonces los nuevos tiempos. Chile se avocaría a la superación de la crisis política y económica a partir del establecimiento de nuevas instituciones. Veríamos entonces cómo éstas cambian el rumbo, aunque sigan integradas por los mismos burócratas, empresarios, jueces, políticos y la eterna lista de actores que componen la casta política. Hablamos de los que deslegitimaron con palabra y acto la Carta Magna de 2005, pero que, de ahora en adelante, con la nueva Constitución, nunca más violarán su juramento.

Así, suponen muchos, el país se irá mejorando de sus males. Todos cambiarán: los acostumbrados a delinquir, los felices con la plata dulce de la corrupción y el narcotráfico, aquellos que no resisten la tentación de coludirse con su competencia, los jueces que condenan a carabineros y premian a los vándalos, revolucionarios y terroristas y, cómo no nombrarlos, esos políticos que, en lugar de respetar la Constitución, la vejaron atribuyéndose facultades ajenas y entregándola al octubrismo. Todos verán el nuevo amanecer y querrán ser protagonistas de nuestra recuperación. Incluso, ¡quién lo diría! Esa izquierda que, al fin, podrá aceptar las reglas del juego democrático, pues ya no tiene la excusa de estar viviendo bajo el peso del traje constitucional del régimen militar. Ahora, con una Carta Magna nacida en democracia, los golpistas del 18-O se sentirán en su casa y podrán abandonar esas doctrinas revolucionarias cuyo objetivo último es el poder total.

La verdad, estimado lector, es que cuando oigo y leo declaraciones tan delirantes como las que he sintetizado, pienso en Gabriel González Videla e imagino cómo debe estar agarrándose la cabeza a dos manos en “el más allá” viendo que nuestras élites siguen sin entender la naturaleza de la extrema izquierda. Fíjese usted que el PC con el que Videla llegó al poder no lo dejaba gobernar; tenía al país por las cuerdas. Y el problema no era la Constitución de 1925, sino, el mismo de siempre: el desprecio por la democracia burguesa -en la que la izquierda nunca logra mayorías, por lo que tras la caída del muro se ha dedicado a la captura de los organismos internacionales- y sus apetitos por poseer y ejercer el poder total. Videla lo entendió y aprobó la ley de Defensa Permanente de la Democracia, publicada en el Diario Oficial un día 18 de octubre. (Curiosidades de la historia).

A pesar de la experiencia histórica, la casta política -que incluye a burócratas y empresarios- parece no entender que una nueva Constitución no va a modificar el mapa neurológico de la extrema izquierda ni, me atrevo a agregar, el de ninguno de los actores antes nombrados. Y es que las leyes no operan por sí solas; requieren de una legitimidad dada por las creencias y los hábitos. Maquiavelo lo sabía. En sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio afirma: “Cuando la materia no está corrompida, las revueltas y otras alteraciones no perjudican; cuando lo está, las leyes bien ordenadas no benefician a no ser que las promueva alguno que cuente con la fuerza suficiente para hacerlas observar hasta que se regenere la materia, lo que no sé si ha sucedido o si es posible que suceda, porque vemos, como decíamos antes, que una ciudad en decadencia por corrupción de su materia, si vuelve a levantarse, es por la virtud de un hombre vivo, y no por la virtud universal que sostenga las buenas leyes, y tan pronto como él muere, se vuelve a los malos hábitos pasados […]”. ¿Le trae algunas reminiscencias? ¿Es coherente con la demanda ciudadana de un Bukele chilensis?

Por supuesto que nos gustaría que la realidad fuese distinta. Es, justamente, porque no nos gusta hacernos cargo de ella que caemos en delirios como el del proceso constituyente que hoy promete de “un cuanto no hay”. Y es que, en nuestro país la materia -nuestras costumbres, creencias, hábitos, ideas, moral y prácticas- está corrompida. Por eso era tan importante cerrar la cocina política en torno al proceso, arremangarse la camisa del trabajo y empezar a hablar en serio sobre la recuperación del Estado de Derecho. Ello implica la aplicación de la ley, sobre todo, a los golpistas del 18-O.

Uno no sabe si es flojera, miedo o impotencia lo que ha impedido se siga por el único camino capaz de enderezar las acciones de los enemigos de la democracia constitucional. Lo que sí sabemos quienes evitamos caer en estados delirantes y tenemos a la vista el pasado y la historia reciente, es que un texto, por el solo hecho de ser nuevo, no va a cambiar la naturaleza de la doctrina de los golpistas ni los hábitos de corrupción que han destruido el tejido social y socavado el imperio de la ley en nuestro país.

En lo personal, creo que una nueva Carta Magna sólo puede empeorar nuestra situación. Daré tres razones. Primera, bajo el modelo del Estado social y democrático de derecho, inevitablemente, tendremos más Estado y con ello mayor captura y corrupción. Segunda, la jurisprudencia -es decir la interpretación de la ley que sienta precedente y doctrina- estará en manos de jueces que, en un alto número, adhieren al marxismo jurídico eufemísticamente denominado “derecho garantista”. ¡Qué decir de la perspectiva de género (la ONU reconoce 112 géneros distintos) y la igualdad sustantiva que muchos jueces, sobre todo mujeres, han transformado en su ideal de justicia! Las consecuencias serán devastadoras. Un buen ejemplo son los tribunales laborales que, siguiendo la doctrina del derecho del más débil (garantismo puro y duro), fallan casi siempre a favor del trabajador. En contraste, nuestra jurisprudencia actual tuvo como protagonistas a jueces sensatos y, en su mayoría, carentes de anteojeras ideológicas. Y, aunque su legado sea blanco de ataques y se haya debilitado ostensiblemente, sigue siendo preferible al marxismo jurídico que se impondrá si se aprueba una nueva Carta Magna.

La tercera razón está relacionada a las dos anteriores. El derecho garantista considera que el derecho de propiedad es un derecho de segundo rango dado que desiguala a los seres humanos. Por tanto, el cambio de un modelo subsidiario a uno garantista -aunque se establezcan muchas restricciones- deja en manos de jueces neomarxistas la interpretación de la ley. De ello se sigue que, en lugar de haber cerrado el capítulo constitucional como tantos anhelan, solo habremos institucionalizado el camino hacia el socialismo que nos prometía el mamarracho rechazado.