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Democratización y legitimación: Primera prioridad venezolana

 

Venezuela atraviesa su momento más crítico cuando el apoyo internacional logró romper la estructura del orden político actual, pero debe encontrar un camino propio con el apoyo de la sociedad venezolana en pleno para restablecer su ordenamiento institucional, En este documento se invita a nuestra sociedad civil organizada a hacer oír su voz y proponer una transición limitada en el tiempo que culmine en el pleno ejercicio de la democracia.

 

            LA PRIORIDAD DE VENEZUELA ES POLÍTICA 

 

Han argumentado actores vinculados a la transición actual que el rescate de su industria petrolera, ligada a una inyección de inversión extranjera y a una reforma de la Ley de Hidrocarburos, es el paso inicial para la recuperación económica y la estabilidad en la etapa de transición lo que, si bien es cierto y no se puede descartar, deja de lado, desestima y desconsidera la trayectoria del pueblo venezolano para reestablecer su democracia.

Desde la conformación del instrumento Constituyente, la realización de elecciones, unas genuinamente ganadas y otras cuestionadas, intentos de modificar las reglas electorales y las bases constitucionales, hasta el desconocimiento de la elección de la Asamblea Nacional del 2015 y de los resultados presidenciales de julio de 2024, Venezuela y su democracia estuvieron sometidas a una tensión que condujo a los sucesos de inicio de enero del presente año.

 

            ESTABILIDAD: CONDICION INDISPENSABLE

 

Reconocemos que, sin un periodo de estabilidad, los objetivos planteados podrían no alcanzarse y aceptamos el enfoque de mantener a los operadores del gobierno actual como condición para conseguirla, entendida esta como un atajo transitorio que debe sustentarse en dos condiciones: una política y otra económica. Lograr la estabilidad política bajo un esquema represivo y sin una amnistía general para los presos políticos es contraria a su propio objetivo. La protesta seguirá como respuesta genuina.

Para lograr estabilidad económica es importante entender que la inversión extranjera en el área petrolera es una palanca necesaria que tiene un elevado componente político y que exige decisiones fundamentales de las empresas internacionales, fuera de nuestro control, tales que su llegada puede no ser inmediata y garantizar una estabilidad sostenible.

En tal sentido, invocamos el rol que pueda jugar y aportar la Economía No Petrolera cuyas actividades económicas, en la producción de bienes y servicios que abastecen el bienestar de toda Venezuela, son de capital importancia estabilizadora. Agregar a ello una decidida política macroeconómica para preservar y garantizar la estabilidad cambiaria (1) es el mejor antídoto contra la pérdida de poder adquisitivo de la población. A ello deben sumarse medidas compensatorias destinadas a la población más vulnerable y de menores ingresos personales.

 

     PRIORIDAD DEMOCRÁTICA 

 

Son muchos los escritos personales y de organizaciones de la sociedad civil (2) reclamando que la transición venezolana tenga como fin reestablecer el orden democrático en pleno, pero esas posturas deberían complementarse con un gran consenso para que los actores principales, el gobierno actual designado, las autoridades de los Estados Unidos y los actores políticos venezolanos compartan la prioridad que tiene Venezuela de legitimar su democracia.

 

 LEGITIMAR LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

 

Se ha hablado de tres fases en este proceso de transición, la estabilización, la recuperación económica y la transición política (3), pero en ninguna de ellas se habla de lo que es demasiado obvio: para alcanzarlas se requiere una condición de legitimidad de las instituciones políticas y ello no es posible si no se produce un escenario claro y un itinerario definido para renovar los poderes públicos.

En primer lugar está la obligación moral y política de reconocer los resultados del 28 de julio pero, estando este en el medio del conflicto político, sugerimos explorar otras opciones en paralelo para que se produzca la completa legitimación de todos los poderes públicos, iniciándose esta con la renovación de la Asamblea Nacional en una elección a celebrarse en diciembre de 2026 y el resto de los poderes públicos, el poder ejecutivo y los poderes regionales, con una elección a realizarse en julio de 2027. Indispensable paso la participación sin restricciones de todas las fuerzas políticas y la conformación de un nuevo CNE acordado por ellas.

El razonamiento que apoya la legitimación de esas instituciones es que, inclusive más allá de sus implicaciones políticas y democratizadoras, ninguna de las decisiones en el campo económico, en especial en el área de los hidrocarburos, tendrá plena vigencia y credibilidad si esas instituciones políticas no son reconocidas y legitimadas por la gran mayoría de los países vinculados a Venezuela (4).

 

Cátedra “La UNIVERSIDAD con VENEZUELA” UCV. Ciudad Universitaria, febrero, 2026.

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1 La creación de un Fondo Soberano de Estabilización es lo recomendable.

2 Citamos los recientes escritos de Ricardo Haussman, Tomas Straka, Ramón Guillermo Aveledo, editorial de Analítica y pronunciamientos de la UCAB, la CEV, el Grupo Orinoco, entre otros.

3 Son las descritas por el Secretario de Estado Marco Rubio en distintas declaraciones.

4 Comenzando por los Estados Unidos, la América Latina y la Unión Europea, casi en su totalidad.

 

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