Democristianos critican parálisis castrista y lanzan su agenda de gobierno para Cuba

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) reprochó al gobierno castrista su parálisis ante la grave situación socioeconómica de Cuba y lanzó una agenda de gobierno con acciones concretas para reducir la pobreza y la desigualdad, promover las libertades políticas y económicas y eliminar los gastos de mantenimiento del aparato comunista, incluido una reducción de las estructuras militar y represiva, según un comunicado difundido este miércoles.

“Estamos ante un claro ejemplo de falta de voluntad política por parte de quienes gobiernan Cuba que, constantemente quieren hacer caer la responsabilidad de los problemas del país sobre otros gobiernos; pero les sugerimos veinticinco medidas que pudieron haber tomado en favor de los ciudadanos y familias vulnerables. Todavía están a tiempo”, subrayó Andrés Hernández, presidente de los democristianos cubanos.

Las acciones de gobierno sugeridas por el PDC abarcan alimentación, medicinas, agua potable, propiedad privada, remesas, libre contratación empresarial y laboral, vivienda, protección a las mujeres, integración racial y seguridad vial, eliminación de entidades burocráticas como los CDR, CTC, FMC; y un reajuste del sector militar, incluida la Seguridad del Estado, en correspondencia con el tamaño físico y demográfico de Cuba y la realidad geopolítica de post Guerra Fría.

El documento del PDC recuerda que, desde el 19 de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel es la máxima autoridad gubernamental de Cuba y que, desde el 21 diciembre de 2019, Manuel Marrero Cruz ostenta el cargo de primer ministro y que ambos tienen poder y la responsabilidad de promover medidas a favor del pueblo cubano, «sin esperar a relevo alguno en la Casa Blanca».

En octubre, la Internacional Demócrata de Centro (IDC) criticó la represión y el incremento de la pobreza en Cuba, donde el gobierno evita «deliberadamente» el acceso de la población a la ayuda humanitaria y reiteró que la actual crisis, agravada por la Covid-19, obedece a deficiencias del modelo oficial.

Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Cuba pidió, también en octubre, al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez que invirtiera los beneficios estatales, en concepto de gestión de remesas familiares, en mejora de hospitales y compra de medicamentos, y sugirió la creación de un fideicomiso internacional para proteger las ayudas entre cubanos y abrir una negociación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, ante el anuncio de sanciones de Washington contra la empresa militar FINCIMEX, que entrarán en vigor el próximo 23.

En septiembre, Elena Larrinaga de Luis y Yaxys Cires Dib, dos prominentes miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC) lanzaron una agenda apostando por una transición pacífica a la democracia por la vía de la reforma política y legal, que están consensuando con otros opositores al castrismo y en la que contaron con la asesoría de expertos en Derecho Constitucional.

El PDC forma parte del Monitor Legislativo Cubano, una coalición de organizaciones sociales, políticas, de periodistas y de académicos cubanos, que dan seguimiento a la actividad de la Asamblea Nacional del Poder Popular y es miembro de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) y de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

A continuación, relacionamos las 25 medidas propuestas este miércoles por el PDC a Díaz-Canel y Marrero Cruz, las máximas autoridades gubernamentales de Cuba:

Protección social: Establecer un plan para el enfrentamiento de la pobreza y la desigualdad, estableciendo un sistema de protección social real y efectivo consensuado con la sociedad civil, para apoyar a los ciudadanos y familias vulnerables.

Alimentos y medicinas: Garantizar el flujo logístico ininterrumpido de bienes esenciales, especialmente de alimentos, medicinas y artículos de aseo en el mercado minorista y a precios accesibles para los más desfavorecidos y la población en general.

Impacto de la dolarización: Establecer criterios de la economía social de mercado en la adopción de medidas que amortigüen el impacto de la crisis económica y la dolarización en la población.

Atención primaria de salud: Reorientar el gasto en salud hacia el sistema de atención primaria y el acceso a medicamentos, reinvirtiendo parte de las ganancias estatales de la venta de servicios médicos en el extranjero en la mejora de hospitales y demás centros asistenciales y en el abastecimiento estable de medicinas, especialmente, a los enfermos crónicos, niños y ancianos.

Educación: Renovar el sistema educativo hacia un modelo competitivo, enriquecido con la libertad de cátedra que abandone el adoctrinamiento y defienda el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

Agua: Priorizar la ejecución de un plan para la modernización del sistema de acueductos y alcantarillados en el país para garantizar agua potable a todos los cubanos las 24 horas los 7 días a la semana y reducir las enfermedades transmitidas por mosquitos y otros insectos.

Vivienda: Crear un Fondo Nacional para la Cohesión Social, dotado con recursos financieros y materiales para la reparación de viviendas, que se financie a partir de los dividendos que obtienen las empresas en las que el estado cubano es accionista, por medio del entramado de GAESA y otras entidades civiles. Tendrían prioridad las viviendas en peligro de derrumbe y aquellas habitadas solamente por ancianos y enfermedades crónicas.

Negros y mestizos: Establecer una política pública para estimular y favorecer el acceso de negros y mestizos a empleos en los ámbitos económicos vinculados al sector de la economía exterior y su presencia en la televisión y el cine.

Mujeres: Promulgar e implementar de manera inmediata una Ley Integral contra la Violencia de Género que incluya medidas en el ámbito penal, de la educación y la obligación por parte de las instituciones estatales de divulgar de manera transparente estadísticas sobre la situación del maltrato a las mujeres y el feminicidio para crear conciencia nacional sobre estos flagelos.

Jóvenes, provincias orientales: Establecer una política de estímulo a la generación de nuevos empleos de calidad sobre todo en las provincias orientales donde hay muchos jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

Trabajadores por cuenta propia. Proteger a los trabajadores por cuenta propia ante contingencias imprevistas, como la COVID-19, mediante prestaciones por desempleo, exención y bonificación de impuestos y tasas.

Accidentes de tránsito: Poner en marcha un plan integral de seguridad vial que incluya el mantenimiento de calles y carreteras, así como la renovación de la flota de transporte público y aumente la frecuencia de las rutas internas e interprovinciales.

Gastos superfluos: Eliminar del presupuesto el gasto público no social destinado a financiar al Partido Comunista y a los CDR.

Reasignación de recursos y prioridades: Redimensionar el gasto en materia de seguridad, proporcionalmente a la extensión geográfica, población y prioridades de un estado que ya no está sujeto a la doctrina de Guerra Fría, liberando de esta manera los probablemente excesivos recursos destinados a este segmento de la burocracia oficial a otros sectores de la sociedad más necesitados.

Trabajador por cuenta propia: Eliminar las limitaciones en el listado de licencias para el trabajo por cuenta propia, estableciendo como principio la libre iniciativa privada.

Profesionales: Liberar el ejercicio de las profesiones independientes.

Empresarios: Liberar la creación de sociedades mercantiles por parte de los nacionales y extranjeros. Perfilar, siguiendo otras prácticas nacionales, cuáles son los sectores económicos que excepcionalmente requieren de licencias administrativas y de la existencia de normas específicas que regulen la entrada y permanencia de empresas en el mismo, por ejemplo, la banca, los seguros, el mercado de valores, las telecomunicaciones, entre otros.

Propiedad privada: Eliminar las limitaciones existentes a la propiedad privada, incluida la tenencia de la tierra y los sistemas de distribución de productos agropecuarios para promover el aumento de la producción y productividad y el suministro estable de carnes, leche, arroz y frijoles, vegetales y frutas.

Mercado interior: Establecer la libre competencia, en especial, en el mercado de bienes de primera necesidad. Extinción del monopolio del conglomerado de empresas estatales que controlan las tiendas en divisas y que establece los precios y el abastecimiento de productos sin competencia alguna.

Préstamos para negocios: Potenciar la inversión extranjera orientada al sector financiero para desarrollar una política de créditos al sector privado.

Remesas: Permitir a las agencias de envío de remesas como la Western Union que puedan escoger libremente sus agentes de distribución en la isla y pasar la participación de FINCIMEX a un fideicomiso independiente, dejando así de ser un negocio controlado por el estado.

Trabajadores de la inversión extranjera y misiones médicas: Reformar la política de contratación laboral en el ámbito de la inversión extranjera y de los servicios en el exterior para que los trabajadores puedan negociar directamente sus contratos y reciban sus salarios directamente de las empresas.

Campesinos: Fomentar el traspaso de tierras improductivas en manos estatales a manos de campesinos y flexibilizar la normativa del usufructo y eliminar las limitaciones en los sistemas de distribución de productos agropecuarios para promover el aumento de la producción y productividad y el suministro estable de carnes, leche, arroz y frijoles, vegetales y frutas.

Importaciones: Liberar las importaciones y exportaciones de empresarios privados y ciudadanos de la regulación estatal y promover una libre competencia entre actores económicos, incluidos gubernamentales y cuentapropistas.

Fomento a la libre iniciativa: Fomentar las remesas de la diáspora como fuente de inversión y capitalización en los sectores económicos privados.