Derechos humanos, Corea del Norte y America Latina

El pasado 18 de noviembre se consideró, en la Asamblea General de la ONU, una resolución crítica sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, en cuya oportunidad 111 países votaron a favor, 55 se abstuvieron y 19 lo hicieron en contra. Los países de América Latina que votaron favorablemente fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay; se abstuvieron El Salvador, Nicaragua y República Dominicana; y lo hicieron en forma negativa Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela.

Como puede apreciarse, ante un caso emblemático en el que las libertades fundamentales son severamente violadas, la posición de los latinoamericanos es contradictoria, incluso entre aquellos países como Argentina, Brasil y Uruguay que en la región guardan un silencio cómplice frente a la represión política en Cuba y Venezuela.

Hay que tener en cuenta que la República Democrática Popular de Corea está considerada como el régimen más cerrado y represivo del mundo. El informe elaborado por Léo Moreau sobre el segundo examen periódico universal de Corea del Norte en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destaca situaciones de una gravedad incomparable. Una de ellas es la estructura social de Corea del Norte, típicamente orwelliana, que contempla a tres grupos: las clases «esencial», «vacilante» y «hostil».

El informe, publicado por el Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Programa Puente Democrático de CADAL, también señala que en Corea del Norte existen cuatro tipos de castigos básicos: la pena de muerte, la pena de trabajo correccional de duración indefinida, la pena de trabajo correccional de duración limitada y la instrucción por el trabajo. A lo anterior se sumaría la existencia de «campos de concentración de presos políticos» (kwan-li-so).

Durante el examen periódico universal de Corea del Norte, realizado el corriente año en Ginebra, Argentina había expresado preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, y señalado que la situación de las personas privadas de libertad en campos de reclusión requería particular atención, por lo cual recomendaba realizar esfuerzos para lograr que se respeten todos los derechos y libertades fundamentales del conjunto de la población, en particular de las mujeres y los niños. Argentina también había recomendado adoptar cuantas medidas fueran necesarias para garantizar la lucha contra la impunidad de los autores de delitos, actos de violencia y todas las violaciones de los derechos humanos; poner fin a la práctica de la privación de libertad en campos de presos clausurando los campos de presos políticos y promoviendo las reformas necesarias en el sistema judicial para garantizar un juicio justo y el respeto de las debidas garantías procesales.

Por su parte, en una posición claramente opuesta a la de Argentina, el gobierno cubano dejó en evidencia su rechazo al respeto universal de los derechos humanos, al señalar que Corea del Norte “se estaba esforzando por consolidar una sociedad socialista frente a las agresivas políticas imperialistas dirigidas contra el país”. De la misma manera, Bolivia encomió los “progresos realizados en Corea del Norte” y alentó al país a que continuara “fortaleciendo la protección de los derechos humanos en los planos institucional, legal y normativo”.

Mientras una democracia ejemplar, como la de Suecia, se mostraba alarmada por las conclusiones de la comisión de investigación, que había destacado una “vulneración sistemática de los derechos humanos, atrocidades contra los presos políticos y pruebas de que se habían cometido crímenes de lesa humanidad”, la República Bolivariana de Venezuela encomió los progresos realizados durante el periodo objeto del examen.

Mención aparte merecen las erráticas posiciones de Ecuador y El Salvador. El gobierno de Rafael Correa, que votó en contra de la resolución en la Asamblea General, anteriormente había expresado en el examen periódico universal de Corea del Norte una recomendación que pedía combatir la impunidad investigando y enjuiciando oportunamente a los responsables de actos de violencia y de violaciones de los derechos humanos. Destacaba en particular los cometidos por los agentes del orden y otras autoridades, y proponía aplicar una moratoria de la pena de muerte.

Por su parte, El Salvador, que se abstuvo en la votación sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, es el país que actualmente preside la Comunidad de las Democracias y, por lo tanto, su cuestionable postura de indiferencia frente al régimen más represivo del mundo demuestra que no está en condiciones de integrar el organismo con sede en Varsovia y mucho menos para presidirlo.

De todas maneras, a pesar de no tener las expresiones contundentes de las democracias desarrolladas durante el examen periódico universal de Corea del Norte, al menos la mayoría de los países latinoamericanos votaron el pasado 18 de noviembre en favor de la resolución crítica sobre la situación de los derechos humanos en este país y así quedó nuevamente en evidencia la división política de fondo que existe en la región.

Sin embargo, cuando algunos países latinoamericanos —que condenan al oprobioso régimen norcoreano— al mismo tiempo se comportan de manera cómplice con la dictadura cubana, la represión criminal del gobierno venezolano y el creciente autoritarismo en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, demuestran una enorme y preocupante inconsecuencia en su política exterior en materia de derechos humanos.

Gabriel C. Salvia es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).