Dictadura

Las encuestas, aun las que han sido frecuentes amigas del presupuesto público, reflejan que el descontento colectivo crece indetenible y que la polarización cedió el paso a un malestar generalizado, que incluye ahora a quienes ayer se favorecían de las numerosas y demagógicas misiones asistencialistas. Además, los sondeos identifican en la gestión de Nicolás Maduro la causa fundamental de la crisis.

El mensaje mentiroso de las campañas publicitarias del gobierno ya no puede contrarrestar el reporte que diariamente nos transmiten los prohibitivos precios, los anaqueles vacíos y el deterioro general de los servicios.

Las farmacias, y los hospitales públicos y privados, son escenarios de la escasez de medicinas y del desastre en el sistema de salud. Se calcula que un 60 por cientos de los medicamentos no se consiguen, afectándose gravemente los pacientes crónicos que sufren enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, Parkinson, epilepsia, cáncer, hemofilia y otras graves patologías. A esto se une el colapso de la infraestructura hospitalaria y los paupérrimos sueldos de médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector, colocándose Venezuela en lo que el gremio médico considera “crisis humanitaria de salud”.

El país se ha quedado aislado del mundo gracias a la gigantesca deuda con las líneas aéreas internacionales, mientras tanto miles de compatriotas emigran buscando empleo, seguridad y futuro, o simplemente escapando de una pesadilla que parece no tener fin.

Al igual a lo ocurrido en Cuba, en la Venezuela del siglo XXI la forzada emigración separa a las familias, y las nuevas generaciones se van, probablemente para siempre.

La caída de los precios del petróleo impone el cese de las políticas populistas y ante la amenaza de un estallido de violencia social se acude a la represión y a la más rígida censura.

Venezuela es hoy un país manejado por un régimen militar-policial y sometido a una desinformación generalizada. Se trata de impedir el conocimiento de los sucesos de interés público y de imponer falsas versiones sobre los terribles acontecimientos que diariamente conmocionan a la ciudadanía.

La masacre del 11 de abril de 2002; el asesinato de Danilo Anderson en noviembre de 2004; la criminal negligencia causante de la trágica explosión en la refinería de Amuay; el silencio impuesto en torno a los desfalcos y negociados de Cadivi y PDVSA; la destrucción financiera y administrativa de las empresas de Guayana; los leoninos empréstitos, los turbios mecanismos utilizados en compras y contrataciones internacionales; el trato dado al caso del general Carvajal solicitado por la DEA, y convertido en un héroe revolucionario rescatado de las garras del imperio, son apenas algunos de los tantos acontecimientos en los cuales la verdad ha sido escamoteada a la opinión pública y la propaganda totalitaria ha intentado imponer sus versiones engañosas.

En la medida en que se deteriora el país, la mitomanía gubernamental inventa nuevos proyectos magnicidas y atentados terroristas; a los paramilitares colombianos y al Presidente Uribe se les involucra en el asesinato de un diputado oficialista y de su secretaria privada, y al otro día del crimen la policía mata a unos conocidos cabecillas de las bandas armadas del PSUV, y los presenta como delincuentes comunes ajenos a la revolución. Así paga la camarilla que controla el poder a quienes le ayudaron a reprimir la rebelión cívica iniciada en febrero de este año, en la que más de cuarenta compatriotas murieron bajo el fuego certero y combinado de policías, guardias nacionales y colectivos. Finalmente este hecho pone en evidencia la pugna de las pandillas enquistadas en el régimen, y como consecuencia de esa pugna el poderoso general Rodríguez Torres queda fuera de su cargo. Ocurrió que los matones rojitos amenazaron convertir las calles en sangrientos escenarios de la guerra interna que ocurre en el seno de la ya descompuesta y demacrada revolución, que alguna vez presumió ser bonita.

El creciente rechazo popular obliga al gobierno a implementar nuevos mecanismos de control y de persecución a la economía privada, a la actividad política y en general hacia todo el desarrollo de la vida social. Sobre los industriales y comerciantes se intensifican acciones policiales que les convierten en vende patrias al servicio de la guerra económica. Incluyendo ahora en esta guerra contrarrevolucionaria a los modestos buhoneros, hasta ayer fervorosos devotos del líder supremo de la revolución.

Además de acorralar a las universidades autónomas, se anuncian medidas que restringen arbitrariamente los ingresos económicos de las universidades privadas, mientras a los colegios se les somete al acoso continuo, y en las escuelas del Estado se oficializa el adoctrinamiento socialista.

Se implementan mecanismos y presiones para debilitar la gestión del Gobernador de Miranda Henrique Capriles y lograr su destitución por medios ilegales; a Henri Falcón Gobernador de Lara, a pesar de sus candorosos llamados al diálogo, se le arman expedientes destinados a justificar su remoción y enjuiciamiento. Igual amenaza se asoma continuamente sobre el alcalde Ledezma; y luego de excluir inconstitucionalmente de la Asamblea Nacional a María Corina Machado, a Richard Mardo y a Juan Carlos Caldera, los jueces de la revolución se disponen a procesarlos penalmente.

Los alcaldes y dirigentes apresados a raíz de las protestas cívicas, son sometidos a tratos inhumanos caracterizados por la crueldad y el ensañamiento. Los jóvenes Raúl Baduel y Alexander Tirado son golpeados brutalmente por los custodios de la cárcel de Uribana. Y a pesar de los reiterados pronunciamientos de la CIDH, de las exhortaciones de intelectuales, líderes políticos y organizaciones internacionales, y del enérgico pronunciamiento ocurrido en las Naciones Unidas, Leopoldo López sigue preso, y junto a sus compañeros de celda Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchesse, es objeto de sádicos maltratos copiados de los métodos de la KGB y del G-2 cubano.

Mirando todos esos hechos, queda claro que el régimen agiliza los pasos hacia una dictadura despojada de los falsificados ropajes democráticos que durante 15 años pudo exhibir, gracias a los inmensos recursos utilizados en la compra de apoyos políticos. La consciente destrucción de la economía privada, el monopolio de la opinión y la información, el secuestro de la justicia, la represión y la restricción de las libertades han llegado con intenciones de quedarse, pues forman parte del plan totalitario.

Con el fin de consolidar de manera definitiva el proyecto dictatorial, la actual Asamblea Nacional se dispone reforzar aún más el dominio del gobierno sobre el nuevo CNE y sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto los medios de comunicación, así como los partidos gubernamentales y de oposición, intentan crear el ambiente favorable para la elección de los cargos legislativos el próximo año. Y como todos se disponen a jugar de nuevo con las reglas establecidas es previsible un resultado similar al que creó el actual esperpento parlamentario.

Así las cosas, el proyecto hegemónico-autoritario continúa avanzado a pesar de un rechazo cada día más generalizado en la población. Rechazo que no encuentra canales ni opciones pacíficas para el cambio urgente que necesita el país, pues la injustificable dispersión del sector democrático convierte sus reacciones en actos anodinos y esporádicos.

Los partidos que controlan a la Mesa de la Unidad han negado la propuesta de una gran movilización cívica que solicite activa y militantemente la renuncia de Maduro. Y descartaron también la convocatoria de la Asamblea Constituyente por iniciativa popular contemplada en los artículos 347 y 348 de la Constitución. De esta forma las mayoritarias fuerzas del descontento se fragmentan política y anímicamente al no debatirse con amplitud y sensatez los caminos a seguir. Y en estas condiciones la inercia tiende a conducirnos a una elección parlamentaria que no permitirá relegitimar los poderes públicos ni cambiar el sistema impuesto ilegalmente, ni adelantar en libres elecciones presidenciales la sustitución de un gobierno repudiado por la inmensa mayoría de los venezolanos. Por el contrario, sea cual sea el resultado, esa elección tiende a allanar el camino a los actuales gobernantes para que completen su mandato hasta el 2019, y para que continúen usurpando el poder sobre las ruinas de un país destruido.

En el mejor de los casos, una victoria de la oposición en las próximas elecciones parlamentarias serviría tan sólo para poner en evidencia el rechazo popular al régimen, pero el país seguiría gobernado bajo la misma política y por la misma camarilla responsable de la debacle nacional. Y además, las funciones efectivas de la nueva Asamblea serían bloqueadas por los otros poderes que continuarían actuando como incondicionales instrumentos del Ejecutivo. Mientras tanto, la Ley Habilitante en manos de Nicolás Maduro da los puntillazos finales al orden constitucional. Por ello la ONG Control Ciudadano afirma que las 50 leyes decretadas el martes 18 violan garantías que no pueden suspenderse “ni siquiera en estado de guerra”; y los análisis económicos más realistas advierten sobre los terribles efectos de la hiperinflación y de la escasez, llevadas a peligrosos niveles nunca antes vistos en Venezuela.