MADRID, España.- En 2021, la grave crisis de oferta combinada con racionamiento y ajustes parciales ha dominado la realidad de la economía cubana. El régimen no ha prestado la atención debida a frenar la caída libre de la economía, potenciando las fuerzas productivas internas, y ha optado por continuar a la espera de las divisas procedentes del exterior que no llegaron. El escenario puede ser descrito mediante diez hitos.
El primero, la obligación impuesta de ejecutar la Tarea Ordenamiento en el peor momento posible. Un mandato del PCC en su octavo congreso de mayo, contrario a la lógica económica. Una política con demasiados objetivos, casi todos contradictorios, ha hecho saltar las alarmas de la inflación castigando a los más vulnerables con pérdidas de poder adquisitivo que no se recordaban desde los tiempos del “período especial”, graves desajustes en los balances de las empresas y una enorme volatilidad del tipo de cambio del peso en los mercados informales. En definitiva, ha agravado los problemas con que finalizó la economía en 2020.
El segundo, la apuesta por generalizar las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) para todo tipo de bienes y servicios, incluidos los insumos agropecuarios. Tiendas que, en su día, se crearon como solución parcial y para un período de tiempo determinado. Se ha priorizado la obtención de divisas y MLC por los actores económicos y el conjunto de la población, para tener acceso a más bienes y servicios que en la distribución estatal, generando graves desigualdades sociales y tensiones cambiarias que obligaron a cerrar las operaciones oficiales de las CADECAS así como no admitir depósitos de dólares en efectivo en las cuentas bancarias. La dualidad monetaria peso y CUC, que se quiso eliminar con la Tarea Ordenamiento, ha vuelto con el peso y la MLC.
El tercero, el hundimiento del sector agropecuario, ajeno a la implantación de 63 medidas para comercializar lo que previamente no se ha producido en el campo. El énfasis de las medidas en la distribución comercial ha supuesto el desinterés de los productores por las mismas, a la vez que no se han obtenido los estímulos necesarios para producir más. La distribución estatal sigue haciendo de las suyas, pero el problema principal de la agricultura es que la tierra no es propiedad de quien la trabaja y la hace producir. Las condiciones técnicas y productivas siguen siendo una restricción para el sector agropecuario. Tierras sin cultivo y ociosas, mientras escasean los alimentos.
En cuarto, la solicitud de un nuevo aplazamiento de los pagos de la deuda externa con el Club de París, sin disponer de información sobre el importe total de las obligaciones, lo que ha limitado el acceso a los mercados financieros internacionales. La deuda crece y se hace ingobernable. Las pretensiones del régimen de nuevas condonaciones se han visto rechazadas, y se sustituyen por aplazamientos de pagos, con el lógico aumento de los costes financieros.
En quinto, la ausencia de una política cambiaria realista fijando en la Tarea Ordenamiento un tipo de cambio irreal del peso con las principales divisas, que fue rápidamente corregido en los mercados informales. No se realizó un análisis de fundamentales de la economía para establecer mediante una devaluación del 2.300% (la más elevada de la historia) un tipo de cambio de 1×24 que se vio que no era adecuado. La economía cubana sigue siendo poco competitiva y sin capacidad para exportar.
En sexto, una apuesta por la creación de mipymes y CNAs que ha sido una huida hacia delante del régimen para presionar la desaparición y/o conversión de los trabajadores por cuenta propia, TCP, que alcanzaron el 13% de la ocupación total. Esta medida se pretende que tenga efectos a medio plazo, pero en ningún caso va a permitir el desarrollo de un sistema empresarial privado en Cuba, ya que mantiene el poder máximo de autorización en manos del gobierno, así como la ausencia de derechos de propiedad y garantías jurídicas. Además, puede ir asociada a una mortandad de empresas en sus primeras etapas de vida si los mercados no se consolidan de forma adecuada, y fallan los recursos financieros, canalizados hacia un déficit estatal fuera de control.
En séptimo, el despliegue de una política crediticia arriesgada que puede acabar creando una crisis de impagos entre las entidades que nacen (y que deja fuera a los TCP). Incluso, medidas recientes, como la financiación en MLC de los préstamos a mipymes y CNAs, pueden acabar generando una peligrosa dualidad en el mercado crediticio que reduzca los efectos positivos de la expansión del crédito. La expansión del déficit y su financiación con bonos soberanos por la banca condiciona la concesión de créditos a los actores privados.
En octavo, el progresivo agotamiento de las fuentes financieras externas (menos inversiones, exportaciones, turismo, remesas, suministros de petróleo de Venezuela, pagos por servicios “médicos” y programas de cooperación y ayuda de naciones “amigas”), lo que supone la quiebra del modelo dependiente del exterior.
En noveno, una expansión descontrolada de los gastos públicos corrientes, sin el respaldo de los ingresos por la caída de la actividad económica, ha elevado el déficit fiscal por encima del 18% de 2020, situándolo en las proximidades del 20% del PIB, un nivel insostenible por mucho que la brecha fiscal se financie con bonos soberanos colocados en el Banco Central. La política fiscal tiene límites en ingresos y gastos, y lo complicado será retornar a una senda de consolidación que es urgente para evitar males mayores.
Décimo, en lugar de defender a ultranza el mantenimiento del modelo social comunista de la constitución de 2019, que ha sido el principal obstáculo para lograr que la economía cubana aproveche sus propias potencialidades sin necesidad de recurrir a los estímulos del exterior, las autoridades deberían haber apostado por la influencia positiva que ejerce la propiedad privada sobre la eficiencia y productividad de los factores, o el mercado como principal instrumento de asignación de recursos en una economía.
De lo expuesto, se puede afirmar que una gestión alternativa de las políticas públicas habría sido más adecuada. Es decir, en vez de concentrar la realización de inversiones públicas en la construcción de proyectos faraónicos en el Mariel o de habitaciones de hoteles [1], hacerlo en vivienda o infraestructuras públicas; en lugar de reducir el abrumador peso del estado en la economía, proceder a liberalizar la actividad empresarial privada; y lejos de potenciar la producción de alimentos promoviendo la libre elección de cantidades y precios por los campesinos, el régimen ha vuelto a apostar por el modelo social comunista, sin introducir cambios.
Un modelo obsoleto, y en fase terminal, que resta espacios a la actividad privada, excepto aquella que es dirigida desde el régimen. La permanencia de la economía cubana en recesión está motivada por el empecinamiento comunista en mantener un sistema económico ineficiente, para garantizarse en beneficio propio, la continuidad del monopolio del poder político.
[1] La inversión se concentró notablemente en Servicios empresariales, donde representó el 42,3% del total. En cambio, los motores internos de la economía recibieron poco apoyo, como Construcción, un 2% o Agricultura y ganadería solo un 3,3%. Ver la publicación, Inversión. Indicadores seleccionados enero a septiembre 2021, ONEI.
