Disturbios y protestas en Colombia tras la muerte de un hombre al ser arrestado por la Policía

En Colombia, el 9 de septiembre es el día nacional de los derechos humanos. Pero este miércoles pasado, destinado a la reflexión y el análisis sobre un tema hoy crucial para el país por las masacres que no cesan y el continuo asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, terminó en una jornada de violencia sin cuartel.

Con el paso de las horas, la celebración se convirtió en conmemoración: el día cerró con siete muertos, 248 ciudadanos lesionados, de los cuales 58 heridos por arma de fuego, como la propia alcaldesa Claudia López confirmó. En los vídeos que se vieron durante toda la noche del miércoles, lo que sorprendió y avivó la indignación ciudadana no fue tanto el vandalismo y los excesos a los que recurrieron grupos de manifestantes (que dejaron a 114 policías heridos, saqueos y pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros), sino el vandalismo ejercido por agentes de la policía.

El día empezó muy mal. En un video que corrió al amanecer aparece un hombre, Javier Ordóñez (44 años), sobre la calle, en Bogotá, y con dos policías encima: uno que lo trinca con la rodilla en el cuello y forcejea para girarle el brazo y esposarlo, mientras el otro trata de someterlo a punta de descargas eléctricas con una pistola Táser.

El hombre no está armado y pide que se detengan. Pero siguen, con evidente sevicia a pesar de que testigos y amigos de Ordóñez les advierten que están siendo grabados y les gritan a los agentes que se detengan. Pero continúan hasta que llega un tercer policía y de allí se lo llevan esposado a la estación, en un recorrido en el que no está claro qué sucedió y luego del cual, tras un paso por la comisaría, lo trasladan de urgencia a una clínica cercana, pero llega muerto.

El resto de la película está por resolver, incluida la versión de que a media noche Ordoñez salió de su casa, con unos tragos encima y algunos amigos a comprar más licor y se encontró con los policías. Uno de ellos, al parecer, tendría una vieja disputa con el ingeniero, lo cual sería un motivo adicional para que en vez de estar hoy separados de sus cargos y con posibilidad de que su caso sea tramitado a puerta cerrada por la justicia penal militar -que es lo que suele suceder-, pasen a manos de la Fiscalía y afronten los cargos por homicidio agravado ante la justicia ordinaria. Cada uno por su lado, la Fiscalía y un grupo de investigadores de la policía, tomaron el caso para investigarlo.

Reformar y formar

Pero a las siete de la mañana Bogotá estaba indignada. Los programas radiales hablaban de asesinato, comparándolo con el de George Floyd en Estados Unidos, y los telediarios pasaban las imágenes del brutal exceso, mientras las autoridades procuraban bajarle el tono al suceso con términos neutros, hablando de casos aislados e inclusive, como el propio presidente Iván Duque comentó, repitiendo discursos de «cero tolerancia con abusos de los Derechos Humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública que históricamente han sido entregados, gallardos, abnegados con cultura de respeto al ciudadano».

La convocatoria para salir a protestar en la tarde no demoró en surgir en esta ciudad en la que los enfrentamientos entre estudiantes y grupos ciudadanos de manifestantes con la policía cada vez resultan más violentos. Según la alcaldía, la Policía Metropolitana tiene abiertos 137 denuncias por abuso de fuerza y un largo historial de impunidad. Y según legisladores y expertos en seguridad, lo que se requiere urgente y a profundidad es una reforma a los procedimientos permitidos, que incluyen golpes a la cabeza a ciudadanos desarmados, estrangulamiento, uso de armas no letales –como la pistola eléctrica- y no aplazar más los cambios varias veces diagnosticados y nunca aplicados.

Las marchas reclamando justicia para Ordoñez se dan en diferentes ciudades del país, como Medellín, Cali, Barranquilla e Ibagué, algunas de forma pacífica. En Bogotá, en cambio, la jornada es violenta: los registros de muchos manifestantes, periodistas y ciudadanos dejan ver no solo la manera como varios jóvenes aplican el clásico y repudiable manual del vándalo arrojando piedras, incendiando el transporte público, rompiendo vidrieras y acabando con 56 estaciones CAI, entre otros desmanes, sino la forma como agentes de la policía le dan vuelta a sus chaquetas de dotación y amparados en cierto anonimato actúan como vándalos: apedrean ventanas de apartamentos y comercios de las zonas más conflictivas, disparan indiscriminadamente contra manifestantes reunidos en una cancha deportiva, dan palazos a ciudadanos que graban e inclusive reciben armas de fuego de manos de hombres de civil, con las que disparan contra los manifestantes, eludiendo así el registro en su arma de dotación.

En vivo, transmitiendo por las redes, los ciudadanos solo pueden refugiarse o grabar los excesos de agentes que apoyados en sus motos transitan calles desiertas, pero agreden a quien se asome; imágenes de policías que entran violentamente a una casa de familia y acosan a sus residentes; otro más arrastra a una muchacha por un andén desierto y otro llega para apoyarlo dándole patadas a la joven.

El saldo, siete jóvenes muertos –algunos recogidos por la propia policía en camionetas, sin esperar la presencia de la Fiscalía para el debido levantamiento-, una sensación de desmadre y de una violencia soterrada, agazapada que ya no es claro para la mayoría de los bogotanos de dónde puede surgir: si de los vándalos que a su paso también arrasan con el derecho a la protesta amparado por la Constitución, o si de los policías que tienen por deber proteger a la ciudadanía.

Así lo dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tras los sucesos recordó que «todo uso excesivo de la fuerza que desconozca los principios internacionales de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad debe ser investigado, juzgado y sancionado de manera oportuna e independiente». Mientras tanto, jóvenes en diferentes ciudades hacen plantón frente a las estaciones de policía y el Ministerio de Defensa ofrece recompensas para encontrar a los culpables de las muertes y una vez más asegura que habrá cambios en la policía.