A principios de diciembre de 2015 el Departamento Nacional de Planeación colombiano (quizás la entidad pública más omnipresente del país) publicaba una estimación que ganó titulares por doquier: en los próximos años, la economía nacional podría llegar a crecer hasta dos puntos porcentuales más de lo habitual si se cerraban los acuerdos de paz que en aquel momento se ultimaban con la guerrilla más longeva del continente. Las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos firmarían efectivamente el fin del conflicto en septiembre de 2016. Y a pesar de que tan solo unos días después una (exigua) mayoría de votantes rechazaría el texto de los pactos en referéndum, a pesar de que ‘la coalición del no’ ganaría las elecciones presidenciales en 2018 y gobierna Colombia desde entonces, el proceso de paz no se ha echado atrás y la implementación ha seguido adelante hasta hoy. Casi tres años después, es un buen momento para preguntarse si las promesas de un ‘dividendo económico de la paz’ se han cumplido.
La idea de que el final de un conflicto pone dinero en los bolsillos de la ciudadanía lleva tiempo siendo discutida por la ciencia económica, pero si alguien hizo por popularizar el término fueron los políticos conservadores de la ola neoliberal de principios de los noventa: Margaret Tatcher y George W. Bush proponían un descenso del gasto militar estatal, favorecida entre otras cosas por el final de la Guerra Fría, que se traduciría en una inyección de liquidez en el sector privado y en los hogares. Sin embargo, esta condición básica parece que no se ha cumplido en Colombia, donde el porcentaje del PIB destinado a defensa se mantiene en el mismo 3% donde lo situó precisamente a finales del siglo XX alentado en no poca medida por aquellos mismos líderes que abogaban por recortes en sus propios presupuestos.
Resulta instructiva la comparación con Guatemala, otra nación latinoamericana que transitó por un complicado proceso de paz (plebiscito con voto negativo incluido) en 1996. Allá, sin embargo, la reducción de la partida militar fue mucho más pronunciada. Colombia, mientras, se mantiene en niveles que triplican la media continental.
El concepto de ‘dividendo de la paz’ se ha ido ampliando con el tiempo para incluir prácticamente cualquier tipo de beneficio económico que pueda traer el fin de un conflicto prolongado: confianza de los inversores internos y externos, acceso a zonas y recursos antes controlados por la guerrilla, la pura salvación de vidas humanas, de trayectorias vitales que ahora no se ven condicionadas por los fusiles… todo ello, qué duda cabe, puede verse reflejado en las cuentas agregadas de un país. Cabría esperar, como argumentaba el DNP en su informe, un mayor crecimiento de la economía tras el fin de un conflicto.
Si comparamos la diferencia en la trayectoria del PIB per capita entre países latinoamericanos con un proceso de paz en marcha y la media de sus vecinos en ese mismo momento, observamos resultados desiguales. Colombia, efectivamente, registró un incremento mucho mayor al continental el año pasado. Algo que no se dio en la misma medida para Guatemala después de su propia firma de acuerdos (1996) ni para El Salvador (1992), por tomar dos ejemplos clásicos en la región. Sin embargo, es igualmente cierto que el país andino venía de una fase mucho más negativa en el ciclo económico. Parece sensato pensar que lo que se vio en 2018 no fue la paz, sino una remontada natural tras una brusca caída. Las propias previsiones del Fondo Monetario Internacional reducen las tasas a puntos más razonables para 2019-2013, mientras que la experiencia en las naciones centroamericanas sugiere cautela.
Perspectiva territorial
Quizás uno de los rasgos más característicos del conflicto con las FARC fue su regionalización. Mientras algunas zonas del país absorbieron casi todo el golpe, otras apenas se vieron afectadas. Así que tal vez sea más enriquecedor observar si esas mismas partes de Colombia se están llevando algo del ‘dividendo’. A primera vista no lo parece: no hay más, sino menos crecimiento económico en los municipios que más se vieron afectados por el conflicto armado (según la clasificación de CERAC que llega hasta 2012, año de inicio oficial de las negociaciones).
Si subimos a un escalón intermedio, el de los 33 departamentos que conforman la geografía colombiana, y volvemos a la variable presupuestaria, sí observamos una cierta relación entre inversión en inclusión social y la incidencia del conflicto medida por número de ‘hechos victimizantes’ (desplazamiento, secuestro, homicidio, etc) en la década inmediatamente anterior al acuerdo. Pero si tenemos en cuenta que dicha partida incluye la mayor parte del gasto precisamente en víctimas, dicha relación aparece como más débil de lo que uno podría esperar.
Es más: el descenso en este tipo de hechos no ha provocado ningún tipo de cambio en la variable presupuestaria, como si ésta dependiese de factores completamente ajenos al conflicto. Los datos son aquí resbaladizos, porque no podemos observar cuánto del dinero especificado en las fuentes terminó por destinarse a aquello que se prometió, pero la imagen general casa con la ausencia de ahorro significativo en defensa a nivel nacional.
El dividendo atascado
En junio de 2016 el economista Mark Hofstetter se aproximó con realismo a la posibilidad de un dividendo de paz en forma de puntos extra del PIB para Colombia. Su conclusión: es dudoso que jamás llegue. De su aproximación rigurosa uno puede partir para regresar al territorio en la búsqueda de respuestas. Transitando por él se hace evidente, primero, que el final de un conflicto en el país no significa el final de todo conflicto. No sólo permanece el enfrentamiento con la otra gran guerrilla, el ELN, sino que los patrones de violencia relacionados con las economías ilegales (narcotráfico, pero no sólo) sobreviven y hasta gozan de buena salud en buena parte de la geografía del país.
Tómese por ejemplo la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander: el único que no ha registrado ningún descenso en el número de hechos victimizantes antes y después de la firma del acuerdo con las FARC. La nueva cara de la confrontación, como la bautizaron los investigadores Irina Cuesta y Andrés Cajiao, queda allí perfectamente perfilada por uno de los factores clave para entender el mantenimiento del conflicto en la Colombia de ayer y hoy: la ausencia de un Estado que actúe como tal en muchos rincones del país. Sin un agotamiento más acusado de las violencias (la tasa de homicidios no ha descendido en 2018), y sin un aparato institucional completamente funcional, no parece lógico esperar que el ‘dividendo de la paz’ llegue a lugares como el Catatumbo. O como la región Pacífica: Chocó o Nariño son dos de los departamentos donde el volumen de víctimas se resiste más a descender.
Podría decirse que Colombia firmó la paz con las FARC antes de estar completamente lista para producir y absorber todos los beneficios potenciales que ello podría haber reportado. Quizás el verdadero dividendo sólo llegará cuando se termine de construir, y de pacificar, a sí misma.
