The Economist: ¿Qué debe hacerse en Venezuela?

Los diálogos promovidos por el Vaticano son más prometedores de lo que parecen

El momento y la presentación fueron desfavorables. El 24 de octubre, Nicolás Maduro, el sitiado presidente de Venezuela, hizo una llamada no programada al papa Francisco. Mientras tanto, en Caracas, un enviado papal anunciaba que el Vaticano había acordado co-patrocinar conversaciones entre el gobierno y la oposición. La noticia se producía apenas días después de que la autoridad electoral controlada por el gobierno había suspendido-y tal vez cancelado- un referéndum para revocar a Maduro, un objetivo central de la oposición y que la constitución permite. La oposición, que había buscado durante mucho tiempo la mediación papal, en un primer momento se sorprendió ante su arribo.

Las conversaciones, que también implican a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fueron ampliamente descartadas incluso antes de que empezaran el 30 de octubre, bajo los auspicios de Claudio Maria Celli, un experimentado diplomático del Vaticano. Sin embargo, ofrecen la única posibilidad de un retorno rápido y pacífico de un gobierno constitucional a Venezuela.

Es un momento de extrema urgencia. Desde que Maduro reemplazara al fallecido Hugo Chávez, en 2013, ha encabezado la disolución de su país. Sus políticas económicas, basadas en un socialismo estatal, junto con la caída de los precios del petróleo, han producido una depresión salvaje: de acuerdo con el FMI, a finales de este año la economía será un 20% menor que en 2013. La inflación está aumentando. La escasez prolongada de los productos básicos está causando un hambre palpable. La mortalidad infantil está aumentando drásticamente.

La gente se ha vuelto en contra del régimen. En diciembre la oposición ganó las elecciones para la Asamblea Nacional. Las encuestas muestran que el 80% de los encuestados quiere un cambio y más del 60% votaría a favor de revocar al Presidente. Maduro, una figura bovina, es un prisionero del fantasma de Chávez. Se ve a sí mismo como el guardián de la «revolución» de su mentor. En lugar de compartir el poder, se ha transformado en un dictador que gobierna por decreto, haciendo caso omiso de la Asamblea. Muchos analistas creen que su plan es resistir como sea, hasta concluir su mandato en 2019.

¿Puede salirse con la suya? En un par de ocasiones en los últimos dos meses la oposición ha organizado grandes manifestaciones para presionar por el revocatorio. Pero el régimen mantiene el monopolio del poder duro. En lo que un analista de seguridad extranjera llama «un golpe militar sigiloso«, Maduro ha entregado muchas responsabilidades de gobierno, incluyendo la distribución de alimentos, a las fuerzas armadas. Él usa una represión selectiva para intimidar a los oponentes. Según el Foro Penal Venezolano, una ONG, hay más de 100 presos políticos.

Los radicales de la oposición, entre ellos Leopoldo López, preso desde 2014, han puesto su confianza en nuevas protestas masivas. Su estrategia implícita es obligar al ejército a elegir entre disparar contra manifestantes desarmados o romper con el régimen. Esto es arriesgado. Una opción violenta no ayudaría ni a la oposición ni al país. Muchos analistas en Washington exigen que los Estados Unidos tomen acciones más drásticas. Es difícil que ello sea una ayuda. En el 2015 impuso sanciones a varios funcionarios venezolanos; Maduro manipuló el hecho con propaganda nacionalista.

Desde 2014 ha tenido conversaciones de forma irregular con la oposición, a través de la Unasur, cuyo secretario general, Ernesto Samper, es solidario con el chavismo. La oposición, con razón, sospecha que Maduro utiliza este «diálogo» para ganar tiempo. Esta semana se canceló una marcha de protesta después de que el gobierno liberara a cinco presos políticos. Pero el partido de López y otros grupos no confían en las conversaciones. El objetivo de Maduro puede ser intentar utilizarlos para dividir a la oposición.

Que Unasur se encuentre todavía en la mesa oscurece el hecho de que la participación del Vaticano cambia la naturaleza de las negociaciones. Por primera vez, las dos partes se han sentado para discutir una agenda. Ella incluye la restauración del Estado de Derecho, los derechos humanos (léase, la liberación de todos los presos políticos), la economía y el calendario electoral. Thomas Shannon, un diplomático estadounidense, visitó Caracas esta semana para respaldar las conversaciones. Al estar de acuerdo para por fin intervenir en Venezuela, Francisco ha arriesgado su prestigio.

Las negociaciones no serán fáciles. El objetivo debe ser negociar una transición que obligue a Maduro a restaurar el orden constitucional o que sea sustituido, ya sea a través de una elección anticipada o por un gobierno de unidad nacional. A pesar de las promesas públicas de lealtad, gran parte del ejército quiere una transición. Y Maduro se está quedando sin dinero en efectivo. El gobierno enfrenta pagos de deuda por $ 13 mil millones el próximo año, mientras que sus reservas internacionales han caído a sólo $ 10.9 mil millones (principalmente en oro). La constitución exige que la Asamblea apruebe aumentos en el límite de la deuda. Los inversores probablemente pedirán dicha condición. La capacidad negociadora de Maduro es menos impenetrable de lo que parece. Es por ello que las conversaciones ofrecen la mejor esperanza de salvar a Venezuela.

Traducción: Marcos Villasmil

NOTA ORIGINAL:

The Economist

What is to be done in Venezuela?

Vatican-sponsored talks are more promising than they look

BOTH the timing and the presentation were inauspicious. On October 24th Nicolás Maduro, Venezuela’s embattled president, made an unscheduled call on Pope Francis. Meanwhile, in Caracas, a papal envoy announced that the Vatican had agreed to co-sponsor talks between the government and the opposition. The news came just days after the government-controlled electoral authority suspended—and perhaps cancelled—the referendum to oust Mr Maduro that the opposition seeks and the constitution allows. The opposition, which had long sought papal mediation, was at first taken aback when it came.

The talks, which also involve the South American Union (Unasur), were widely written off even before they began, under the aegis of Claudio Maria Celli, an experienced Vatican diplomat, on October 30th. In fact, they offer the only chance of a swift and peaceful return to constitutional rule in Venezuela.

That is urgent. Since replacing the late Hugo Chávez in 2013, Mr Maduro has presided over the dissolution of his country. His state-socialist economic policies, combined with lower oil prices, have produced a savage slump: according to the IMF, by the end of this year the economy will be 20% smaller than in 2013. Inflation is surging. Prolonged shortages of basic goods are causing palpable hunger. Infant mortality is rising sharply.

The people have turned against the regime. In December the opposition won an election for the national assembly. Polls show that 80% of respondents want a change and more than 60% would vote to recall the president. Mr Maduro, a bovine figure, is a prisoner of Chávez’s ghost. He sees himself as the guardian of his mentor’s “revolution”. Rather than share power, he has slid into dictatorship. He rules by decree, ignoring the assembly. Many analysts think his plan is to tough it out until his term ends in 2019.

Can he get away with it? Twice in the past two months the opposition has organised vast demonstrations to press for the recall referendum. But the regime retains a monopoly of hard power. In what a foreign security analyst calls “a creeping military coup”, Mr Maduro has turned many government responsibilities, including food distribution, over to the armed forces. He uses selective repression to intimidate opponents. According to the Venezuelan Penal Forum, an NGO, there are more than 100 political prisoners.

Radicals in the opposition, among them Leopoldo López, a prisoner since 2014, trust in further mass protests. Their implicit strategy is to force the army to choose either to fire on unarmed demonstrators or to break with the regime. That is risky. A descent into violence would help neither the opposition nor the country. Many Washington think-tankers are huffing and puffing for the United States to take tougher action. It is hard to see that helping. In 2015 it imposed sanctions on several Venezuelan officials; Mr Maduro milked the episode for nationalist propaganda.

Since 2014 he has had desultory conversations with the opposition, through Unasur, whose secretary-general, Ernesto Samper, is sympathetic to chavismo. The opposition, rightly, suspects that Mr Maduro used this “dialogue” to play for time. This week it called off a protest march after the government released five political prisoners. But Mr López’s party and others are suspicious of the talks. Mr Maduro’s aim may be to use them to divide the opposition.

That Unasur is still at the table obscures the fact that the Vatican’s involvement changes the nature of the negotiations. For the first time, the two sides have sat down to discuss an agenda. This includes restoring the rule of law, human rights (read, releasing all political prisoners), the economy and the electoral timetable. Thomas Shannon, an American diplomat, visited Caracas this week to back the talks. By agreeing to intervene in Venezuela at last, Pope Francis has put his prestige on the line.

The negotiations will not be easy. The aim should be to broker a transition that would see Mr Maduro restore constitutional rule or be replaced, either through an early election or by a national-unity government. Despite public pledges of loyalty, much of the army wants a transition. And Mr Maduro is running out of cash. The government faces debt payments of $13bn over the next year, while its international reserves have sunk to just $10.9bn (mainly in gold). The constitution requires the assembly to approve increases in the debt limit. Investors are likely to insist on that. Mr Maduro’s bargaining position is less impregnable than it looks. That is why the talks offer the best hope of saving Venezuela.