«Ecosocialismo» significa aparentemente arrasar la naturaleza para construir mansiones

Cuando el vuelo que sale de Caracas dos veces por semana desciende hacia el parque nacional de Canaima, el personal de cabina insta a los pasajeros a mirar por las ventanillas de babor para obtener la mejor vista. Es un buen consejo. Enormes montañas de cima plana, de al menos quinientos mil años de antigüedad, emergen de la niebla como antiguas puertas a otro mundo. Todo parece prístino, intacto por la humanidad.

Pero si se mira por el otro lado del avión, aparece una imagen más triste. Allí, en el valle, la selva está marcada con parches desnudos de barro y arena, evidencia de la destrucción causada por la minería ilegal de oro. Y el gobierno de Venezuela, lejos de intentar frenar este expolio medioambiental, lo está fomentando.

Venezuela fue en su día famosa por su verdor. En 1977 se convirtió en el primer país latinoamericano en crear un ministerio de medio ambiente. Se designaron vastas extensiones de tierra como parques nacionales. Se promulgaron leyes de conservación de la fauna. Canaima, que era un parque protegido desde los años 60, se convirtió en la flor más brillante de una corona floral. En aquella época, Pdvsa, la empresa petrolera estatal, estaba bien gestionada y proporcionaba a los sucesivos gobiernos tanto dinero que no veían la necesidad de talar los bosques de la nación.

Con Nicolás Maduro, el dictador socialista de Venezuela, admirador de Putin, el plan es diferente. Su régimen tiene poco dinero y es corrupto. Gracias a la mala gestión y a las sanciones, Pdvsa está en ruinas, así que Maduro está desesperado por encontrar nuevas fuentes de ingresos. Desde el Amazonas hasta el Caribe, ha permitido que se produzca una carrera desenfrenada en búsqueda de minerales.

Esa lucha comenzó en serio en 2016, cuando los precios del petróleo eran dolorosamente bajos. Maduro anunció que un territorio en forma de media luna, casi tres veces el tamaño de Suiza, en el sur de Venezuela, estaba abierto para que los mineros lo excavaran. Lo llamó el Arco Minero. El objetivo declarado era atraer inversiones para la extracción de oro, hierro, cobalto, bauxita, tantalita, diamantes y otros minerales.

En 2019, después de que Maduro se robara unas elecciones, Estados Unidos impuso sanciones a Pdvsa. La economía de Venezuela ya se estaba hundiendo, y el régimen se volvió aún más desesperado por efectivo. «Tuvimos que aprender rápidamente a depender menos del oro negro, y buscar el oro del oro», dice un ejecutivo de negocios en Caracas.

Cuando se está en un agujero, hay que empezar a cavar

Se firmaron algunos acuerdos legítimos, entre ellos con empresas mineras chinas, canadienses y congoleñas. Pero ninguno se convirtió en proyectos significativos. Las inversiones a largo plazo en un país con un gobierno tan depredador no son para los pusilánimes. En su lugar, se inició una batalla campal en el Arco Minero, una fiebre del oro supervisada por una turbia alianza de narcotraficantes, generales, bandas y guerrillas colombianas, en la que el régimen se lleva una gran parte de los beneficios.

En 2016, la ONG Global Initiative calculó que la friolera del 91% del oro venezolano se producía ilegalmente. Desde que Maduro creó el Arco Minero, es probable que esa proporción haya aumentado aún más. Una investigación realizada en enero por Armando Info, un sitio de noticias independiente, con el periódico español El País, reveló que los dos principales estados mineros de Bolívar y Amazonas tienen al menos 42 pistas de aterrizaje ocultas para los contrabandistas de oro.

La minería ilegal es atractiva para muchos venezolanos, porque las alternativas son nefastas. Bajo el mandato de Maduro, los salarios se han desplomado. Los trabajadores del gobierno ganan menos de 10 dólares al mes. Decenas de miles de personas, en su mayoría hombres, se han trasladado a Canaima para probar suerte como excavadores autónomos. Muchos lugareños se han unido a ellos. Ahora que los turistas temen venir a Venezuela, los guías indígenas pemones del parque, que antes escoltaban a los excursionistas, tienen poco que hacer, salvo cavar.

Se han derribado árboles para hacer pozos. Según datos de la organización ecologista Global Forest Watch, entre 2002 y 2020 Venezuela perdió 533.000 hectáreas de bosque primario húmedo, alrededor del 1,4% de la superficie total de bosque húmedo. «La minería se ha desbocado», afirma Alejandro Álvarez Iragorry, ecologista. Venezuela es ahora el principal minero ilegal de la Amazonia. En 2019, RAISG, un organismo de control, contabilizó 1.899 explotaciones mineras en la parte venezolana de la cuenca amazónica. En la Amazonia brasileña, un territorio más de diez veces mayor, solo había 321.

Los mineros contaminan el agua local. Utilizan mercurio para separar el oro del mineral; los residuos se filtran de forma invisible en los arroyos y ríos. Se han encontrado niveles peligrosamente altos de mercurio en muestras de cabello tomadas a indígenas que se bañan y beben de los arroyos locales. Más de un tercio de los pemones analizados en Canaima el año pasado tenían niveles superiores a los considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, según SOS Orinoco, un grupo ecologista. El envenenamiento por mercurio aumenta la probabilidad de que las madres den a luz a bebés con daños cerebrales.

La empresa petrolera estatal también es imprudente desde el punto de vista medioambiental. Bajo el mandato del predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez, miles de empleados fueron despedidos por oponerse al régimen y sustituidos por lacayos chavistas. Desde entonces, la empresa se ha vuelto incompetente. Se han perdido habilidades, la infraestructura se ha oxidado. Venezuela registra una media de 5,8 derrames de petróleo al mes, según el Observatorio de Política Ecológica, un organismo de control.

En el Lago de Maracaibo, donde se hicieron los primeros grandes descubrimientos de petróleo en la década de 1920, los lugareños dicen que los derrames se han vuelto constantes desde 2015. Las aguas residuales y la contaminación agrícola no han hecho más que empeorar la situación; gran parte del vasto lago está ahora cubierto por una pútrida alfombra de algas. El gobierno acusa a los ecologistas de exagerar el problema y obstaculiza su labor. Tras un vertido en 2020 en el parque nacional de Morrocoy, en el noroeste del país, los científicos se quejaron de que no podían medir los daños en el fondo marino porque Pdvsa había cerrado el acceso a la zona.

En 2011, el gobierno dejó de publicar estadísticas medioambientales. Así que la verdadera magnitud de la contaminación del agua y la deforestación solo puede estimarse. Las estaciones meteorológicas instaladas a un alto costo en la década de 1970 en las cumbres de las montañas de Canaima están abandonadas. En 2014, el Ministerio de Medio Ambiente pasó a llamarse Ministerio de Ecosocialismo. «El gobierno venezolano se enorgullece con razón de la belleza de este país, pero parece que se ha olvidado el deber de protegerla», dice un diplomático.

El pasado mes de octubre, Maduro anunció planes para construir una ciudad «comunal» en el parque nacional del Ávila, una gloriosa montaña que domina Caracas y que está protegida de la construcción desde 1958. El propósito del proyecto no está claro. Una teoría es que Maduro, que ha expresado su interés por el misticismo indio, podría estar esperando construir algo parecido a Auroville, una ciudad en la India construida en la década de 1960 por los seguidores de un gurú «para concretar la unidad humana». Dado que Maduro rara vez cumple con sus anuncios grandiosos, los venezolanos nunca lo sabrán.

Pero en otra parte del país, antes virgen, las excavadoras ya están trabajando. En el Gran Roque, la isla más grande del archipiélago de Los Roques, cerca de un arrecife de coral único, se están construyendo una serie de mansiones de hormigón y un hotel. Esto parece violar los decretos gubernamentales de 2004 que prohíben la construcción. Los expertos temen que el proyecto altere el delicado equilibrio medioambiental de una zona famosa por su fauna, incluida una especie de tortuga en peligro de extinción.

No se conocen los inversores de los edificios, pero los lugareños dicen que un alto funcionario del gobierno parece ser el propietario de una de las casas más grandes. Arrasar la naturaleza para construir mansiones es una extraña definición de ecosocialismo, pero es un mundo loco, loco, loco, el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The Economist

“Ecosocialism” apparently means bulldozing nature to build mansions

Nicolás Maduro lets miners trash Venezuela’s forests

As the twice-weekly flight from Caracas descends towards the Canaima national park, cabin staff urge passengers to look out of the portside windows for the best view. It is good advice. Massive flat-topped mountains, at least 500m years old, emerge from the mist like ancient gateways to another world. Everything appears pristine, untouched by humanity.

But glance out of the other side of the plane and a sadder image appears. There in the valley, the forest is scarred with bare patches of mud and sand, evidence of the destruction wrought by illegal gold mining. And Venezuela’s government, far from trying to stop such environmental plunder, is encouraging it.

Venezuela was once renowned for its greenery. In 1977 it became the first Latin American country to set up a ministry of the environment. Vast tracts of land were designated national parks. Wildlife conservation laws were enacted. Canaima, which had been a protected park since the 1960s, became the brightest blossom in a floral crown. In those days pdvsa, the state oil firm, was well-run and provided successive governments with so much cash that they saw little need to chop down the nation’s forests.

Under Nicolás Maduro, Venezuela’s Putin-pandering socialist dictator, a different plan is afoot. His regime is cash-strapped and corrupt. Thanks to mismanagement and sanctions, pdvsa is in tatters, so Mr Maduro is desperate for new sources of revenue. From the Amazon to the Caribbean, he has allowed an unrestrained scramble for minerals to take place.

That scramble began in earnest in 2016, when oil prices were painfully low. Mr Maduro announced that a crescent-shaped territory almost three times the size of Switzerland in southern Venezuela was open for miners to dig up. He called it the Arco Minero, or the mining arc. The stated aim was to attract investment for the extraction of gold, iron, cobalt, bauxite, tantalite, diamonds and other minerals.

In 2019, after Mr Maduro stole an election, the United States imposed sanctions on pdvsa. Venezuela’s economy was already tanking, and the regime became even more desperate for cash. “We had to learn quickly to depend less on black gold, and look for gold gold,” says a business executive in Caracas.

When in a hole, start digging

Some legitimate deals were signed—including with Chinese, Canadian and Congolese mining firms. But none led to significant projects. Long-term investments in a country with such a predatory government are not for the faint-hearted. Instead, a free-for-all began in the Arco Minero, a gold rush overseen by a murky alliance of drug-traffickers, generals, gangs and Colombian guerrillas, with the regime sucking up a big share of the proceeds.

In 2016 Global Initiative, an ngo, estimated that a whopping 91% of Venezuelan gold was illegally produced. Since Mr Maduro created the mining arc, that proportion is likely to have increased even further. An investigation in January by Armando Info, an independent news site, with El Pais, a Spanish newspaper, revealed that the two main mining states of Bolívar and Amazonas have at least 42 concealed airstrips for gold-smugglers.

Illegal mining is attractive for many Venezuelans, because the alternatives are so dire. Under Mr Maduro wages have collapsed. Government workers make less than $10 a month. Tens of thousands of people, mostly men, have moved to Canaima to try their luck as freelance diggers. Many locals have joined in. With tourists now afraid to come to Venezuela, the park’s indigenous Pemon guides, who once escorted hikers, have little to do but dig.

Trees have been torn down to make way for pits. According to data from Global Forest Watch, an environmental group, between 2002 and 2020 Venezuela lost 533,000 hectares of humid primary forest, or around 1.4% of the total humid forest area. “Mining has gone amok,” says Alejandro Álvarez Iragorry, an environmentalist. Venezuela is now the leading illegal miner in the Amazon. In 2019 raisg, a watchdog, counted 1,899 mining sites in the Venezuelan part of the Amazon basin. The Brazilian Amazon, a territory more than ten times the size, had only 321.

Miners are polluting the local water. They use mercury to separate gold from ore; the waste then leaches invisibly into streams and rivers. Dangerously high levels of mercury have been found in hair samples taken from indigenous people who bathe in and drink from local streams. More than a third of the Pemon people tested in Canaima last year had levels above what is deemed safe by the World Health Organisation, according to sos Orinoco, an environmental group. Mercury poisoning increases the likelihood that mothers will give birth to infants with brain damage.

The state oil firm is environmentally reckless, too. Under Mr Maduro’s predecessor and mentor, Hugo Chávez, thousands of staff were sacked for opposing the regime and replaced with lackeys. Since then the firm has become less competent. Skills have been lost, infrastructure has rusted. Venezuela averages 5.8 oil spills a month, according to the Ecological Policy Observatory, a watchdog.

In Lake Maracaibo, where the first big oil discoveries were made in the 1920s, locals say spills have become constant since 2015. Sewage and agricultural pollution have only worsened matters; much of the vast lake is now covered with a putrid carpet of algae. The government accuses environmentalists of exaggerating the problem, and impedes their work. After a spill in 2020 in the Morrocoy national park in the country’s north-west, scientists complained that they were unable to measure damage to the seabed because pdvsa had closed off access to the area.

In 2011 the government stopped publishing environmental statistics. So the true scale of water pollution and deforestation can only be estimated. Weather stations installed at a steep cost in the 1970s on the peaks of the Canaima mountains lie abandoned. In 2014 the Ministry of the Environment was renamed the Ministry of Ecosocialism. “The government here is rightly proud of the beauty of this country, but there seems little sense of the duty to protect it,” says a diplomat.

Last October Mr Maduro announced plans to build a “communal” city in the Ávila national park, a glorious mountain which overlooks Caracas and has been protected from construction since 1958. The purpose of the project is not clear. One theory is that Mr Maduro, who has expressed interest in Indian mysticism, might be hoping to build something like Auroville, a town in India built in the 1960s by followers of a guru “to realise human unity”. Since Mr Maduro seldom follows through on his grandiose announcements, Venezuelans may never know.

But in another once-unspoilt part of the country, the bulldozers are already at work. On Gran Roque, the largest island of the Los Roques archipelago, close to a unique coral reef, a series of concrete mansions and a hotel are being erected. This appears to violate government decrees from 2004 banning construction. Experts fear the project will upset the delicate environmental balance of an area famed for its wildlife, including an endangered species of turtle.

The investors in the buildings are not known, but locals say a high-ranking government official appears to be the owner of one of the largest homes. Bulldozing nature to build mansions is an odd definition of ecosocialism, but it’s a mad, mad, mad, Maduro world in Venezuela.