Ecuador: la caldera en la mitad del mundo a punto de estallar

              Policías realizan un operativo en la sede del canal de televisión TC en Quito (Ecuador). / EFE

Los dramáticos sucesos de la jornada del martes en Ecuador, toma con rehenes de un canal de televisión y asalto a una universidad incluidos, fueron la clara evidencia de la falta de seguridad que vive el país. La alarma social, agravada por una presencia creciente de bandas de narcotraficantes y eso que se llama “crimen organizado”, no deja de crecer. De ahí que una parte horrorizada y cada vez más numerosa de la población comience a exigir soluciones radicales, con el coste que esto pueda tener para la salud democrática. Hay zonas, poblaciones y estructuras, comenzando por las cárceles, donde la presencia del Estado es inexistente o prácticamente nula.

Lo que está pasando no es solo producto de la juventud ni de la inexperiencia del presidente Daniel Noboa, que ni siquiera lleva dos meses en el cargo (asumió el 23 de noviembre). Todo esto comenzó a gestarse mucho antes y a lo largo del último cuarto de siglo. El proceso se agravó tras la llegada de Rafael Correa al poder. Hoy Ecuador, con 46,5 homicidios por 100.000 habitantes, datos de 2023, se sitúa a la cabeza de América Latina, por delante incluso de Honduras (35), Venezuela (26,8), México (26,1) y Colombia (25,3).

En sus breves dos años y medio en el poder, el anterior presidente Guillermo Lasso debió declarar el estado de excepción en 20 oportunidades. La última vez en plena campaña electoral tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a manos de sicarios vinculados al narcotráfico. La utilización repetida de este recurso es una muestra de debilidad gubernamental, dada la crónica falta de recursos humanos y materiales.

Al comienzo de la pandemia, Guayaquil fue prácticamente tomada por bandas criminales que se adueñaron de una ciudad enclaustrada por el miedo. El control del puerto y de otras áreas costeras es vital para el tráfico de drogas y para la exportación de la cocaína a Europa y Estados Unidos. Si nos remontamos más atrás, a los orígenes de la “revolución ciudadana”, impulsada por Correa, no hay que olvidar que en 2009 los Estados Unidos se retiraron (los echaron) de la base aérea de Manta, que durante 10 años funcionó como un potente centro de lucha contra la droga. La recurrente reivindicación de la soberanía nacional solo sirvió para facilitar la acción de narcotraficantes locales y para abrir las puertas del país a carteles colombianos y mexicanos.

El apoyo de Correa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue otro paso en la misma dirección. Así lo atestigua su airada reacción tras la ejecución del número dos de la organización, Raúl Reyes, durante una estancia en un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. La acción del ejército colombiano, en marzo de 2008, fue vivida como una agresión personal y contra la soberanía nacional. Los lazos de las FARC con el tráfico de drogas, evidentes en Colombia, se extendieron a Ecuador y fueron facilitados desde el poder.

Desde entonces el país vive encerrado en un infernal círculo vicioso: corrupción, miedo, violencia, inseguridad, del cual es muy difícil salir. Y no solo en Guayaquil y otras ciudades costeras, sino en otras regiones del país. Teóricamente, con el objetivo de quebrar tan perniciosa tendencia, el presidente Noboa ha convocado una consulta para eliminar una serie de trabas que dificultan la lucha contra el crimen organizado. En realidad, su objetivo pasa más por mantenerse en el poder y para ser reelegido cuando termine su mandato, de tan solo 18 meses de duración.

La embestida gubernamental y la “bukelización” (por Nayib Bukele, presidente de El Salvador y su política de mano dura con las maras, las bandas criminales) del combate contra el crimen organizado hizo sonar las alarmas en los grupos mafiosos locales, comenzando por los Lobos y los Choneros. Se trata de dos de las mayores bandas nacionales, aliadas de los mexicanos Cartel Jalisco Nueva Generación y del Cartel de Sinaloa respectivamente. La posibilidad de construir nuevas cárceles de alta seguridad, dispersar a los presos, sacar a los militares a la calle y un nuevo estado de excepción fue vivida como una verdadera declaración de guerra y desencadenó los últimos y sangrientos sucesos.

La respuesta de Noboa fue inmediata, declarar un “conflicto armado interno” y equiparar a las bandas criminales con grupos terroristas, lo que permitirá una respuesta militar más contundente. De todos modos, y a la vista de experiencias previas, habrá que ver cuán eficaz esta puede ser. Lo ocurrido estos días ha llevado a Estados Unidos a prometer más ayuda a Ecuador, a la vez que ha generado una ola de apoyo y solidaridad en buena parte de las cancillerías latinoamericanas.

Sin embargo, si los carteles de la droga muestran una elevada capacidad de coordinación y colaboración, de clara proyección transfronteriza, los gobiernos de la región siguen encerrados tras los barrotes de la soberanía nacional e insisten en buscar soluciones individuales. Mientras se persista en este empeño habrá pocos avances en este combate asimétrico y desigual, donde los malos suelen ir siempre un paso por delante.