Editorial de El País: Credibilidad rota
Los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y un asesor común a ambos se repartieron presuntamente cientos de miles de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas. No hay relato político que pueda matizar la indignación que produce un escándalo de corrupción que, si bien no está sentenciado judicialmente (los implicados niegan los hechos), se retrata en una investigación policial cuyas conclusiones puede entender cualquier ciudadano. La conmoción nacional ante la información revelada esta semana deja tocada la credibilidad del Gobierno de España, y especialmente la del presidente.
Pedro Sánchez es el responsable de nombrar primero a José Luis Ábalos y después a Santos Cerdán para el puesto orgánico más poderoso del PSOE. Ambos habían sido colaboradores íntimos del presidente en su batalla por el liderazgo del partido. Ábalos fue además ministro de Transportes y durante tres años compaginó la gestión del partido, incluida la tesorería, con la adjudicación de obra pública. Sánchez nunca ha explicado por qué cesó a Ábalos en julio de 2021. Lo incluyó en las listas cuando ya había sospechas sobre él. A Cerdán lo ratificó en diciembre de 2024, con Ábalos ya imputado. Sánchez se declaró decepcionado cuando comenzaron las revelaciones sobre presunta corrupción alrededor del exministro. Ahora se declara sorprendido y triste ante las revelaciones sobre Cerdán. Una década de gestión del partido está en cuestión.
No es suficiente el acto de contrición que Sánchez escenificó el pasado jueves ante las cámaras. Meses de negativas, rechazo a las sospechas y a las preguntas de la oposición (que se lo ha puesto fácil con una sobreactuación inútil) y su obcecada defensa de Cerdán hasta el último minuto han mermado su credibilidad. Ábalos, Cerdán y el asesor Koldo García se repartieron una enorme cantidad de dinero, según la Guardia Civil. Pero falta saber su destino final. Es necesaria una transparencia absoluta e inmediata sobre las cuentas del PSOE, porque han estado en manos de dos presuntos delincuentes. Y este es también un escándalo del Gobierno, porque ese dinero procede de adjudicaciones públicas. El escrutinio se tiene que ampliar a Transportes y a las constructoras señaladas. La ética de la respuesta tiene que estar a la altura.
Con las horas, el impacto va dando paso a la desazón. La democracia española ha vuelto a un pasado que parecía superado. No es solo corrupción; es la corrupción de siempre. El grosero modus operandi de estos personajes está sacado del manual de instrucciones de los escándalos que han sacudido periódicamente al país. Aparte de las responsabilidades concretas de este caso, España tiene que volver a revisar los fallos sistémicos de sus partidos, principalmente relacionados con la falta de control eficaz sobre las mordidas y comisiones opacas. Esos problemas están diagnosticados desde hace décadas sin que nadie haya avanzado en su solución.
Antes de que el agujero de credibilidad vaya a más, Sánchez necesita una muestra de apoyo explícito e inequívoco de sus socios parlamentarios. Desde el jueves, La Moncloa ya no tiene el respaldo indisoluble del partido socialista, ni de la izquierda en general que se movilizó en 2023. El ambiente en el PSOE es de funeral, no de resistencia. Entre sus socios, tampoco es mejor, aunque alguno ya avizora una oportunidad para sacar tajada. El Gobierno tiene que demostrar a los ciudadanos que dispone de una mayoría parlamentaria clara para gobernar. Ante la ausencia de Presupuestos, el mejor instrumento para hacerlo de una manera rotunda es una cuestión de confianza.
Con estos pasos, Sánchez podría seguir siendo presidente los dos años que le quedan. Pero difícilmente volverá la esperanza de la regeneración de los primeros años. Ábalos y Cerdán han echado por tierra esa expectativa.
