Editorial: Escuchemos a los ciudadanos
Con su negativa a asumir responsabilidades políticas, Mariano Rajoy somete al sistema democrático a una tensión insoportable. La corrupción de su partido, probada judicialmente, y su falta de credibilidad personal, cuestionada en sentencia judicial, deberían haberle llevado a presentar su dimisión de forma inmediata y convocar elecciones anticipadas.
Con su rechazo a dimitir se priva a sí mismo de la última posibilidad de dignificar su figura política con una última decisión valiente. El problema es que, con su empeño en seguir, además de dañar a la democracia, genera una peligrosa inestabilidad en un precario contexto internacional y nacional (piénsese en lo acontecido en Italia, con su repercusión en los mercados, a lo que hay que sumar la delicadísima crisis catalana).
La resistencia de Rajoy a dimitir no deja otra opción que recurrir a la moción de censura. Los socialistas, como principal partido de la oposición, tienen la responsabilidad de liderar ese proceso. Precisamente por ello han de hacerlo de forma que beneficie los intereses generales. Cabe decir, primero, que Sánchez se apresuró al presentar la moción sin haber abierto una ronda de consultas en el seno de su propio partido y con el resto de los grupos políticos en busca de una fórmula de consenso, como hubiera sido deseable. Llegados a este punto, es ahora su obligación llevar esa moción a buen puerto democrático, que no puede ser otro que el de dar la palabra a los ciudadanos cuanto antes. Dada la aritmética parlamentaria actual, que solo concede al PSOE 85 votos y requeriría por tanto, además del apoyo de Unidos Podemos, el de los independentistas catalanes y el PNV para lograr una mayoría absoluta, no existe la menor posibilidad de darle a este país un Gobierno estable y coherente. Ni Sánchez tiene capacidad de gobernar con el apoyo exclusivo de su partido, más diezmado que nunca en su representación parlamentaria, ni puede gestionar el apoyo de fuerzas que han actuado y actúan en contra de los intereses de los españoles. Conviene recalcar que si nos encontramos ante este diabólico dilema es exclusivamente por la culpa de Rajoy, que se ha negado a dimitir. Pero nadie debería caer en esa trampa y ahondar en el error de procurar sacar provecho de esa lamentable decisión. Estamos convencidos de que el partido que lo haga, lo pagará gravemente en las urnas, como sin duda lo pagará también el PP.
Las fuerzas políticas tienen la obligación de negociar una salida a esta crisis. Deben hacerlo anunciando de antemano cuáles son los principios que quieren defender. Asistimos, sin embargo, a un penoso juego de ocultamiento en un momento crítico para nuestro país. Los ciudadanos necesitan saber qué quieren de verdad sus representantes. Una fecha electoral, pactada y hecha pública tras unas conversaciones llevadas a cabo con transparencia, sería la mejor manera de acabar con la incertidumbre que se ha adueñado de la situación en los últimos días. También, y sobre todo, de despejar las sospechas de los grupos políticos sobre la existencia de agendas ocultas en unos y otros respecto a la posibilidad de utilizar el ínterin que necesariamente se daría entre el triunfo de la moción de censura, la celebración de las próximas elecciones y, después, la formación del próximo Gobierno, para obtener ventajas políticas frente a los rivales.
La ciudadanía, que asistirá a partir de este jueves a una moción de censura clave en la historia democrática de este país, tiene derecho a conocer con toda claridad cuáles son las pretensiones de los líderes que, en su nombre, pedirán la censura del Gobierno y la confianza de la Cámara.
