Editorial: Inmigración – Otra España
El Gobierno español ha tardado más de lo conveniente en reaccionar, pero ayer anunció un giro respecto a su política sobre refugiados. El presidente, Mariano Rajoy, se refirió al deber moral de los europeos y afirmó que “no se puede renunciar de ninguna manera a dar asilo a aquellas personas que tengan derecho al mismo, conforme al derecho internacional”. Además, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba la creación de una comisión interministerial para abordar el problema de los refugiados y coordinarse con los Gobiernos autonómicos y los Ayuntamientos. Esta rectificación debería abrir una nueva vía en la política española hacia posiciones más solidarias, acorde con lo que piden los ciudadanos.
Durante los últimos días, muchas ciudades y algunas comunidades autónomas habían dado un paso adelante, ante la falta de respuesta del Gobierno a la crisis migratoria. Las noticias sobre tragedias en la oleada de los refugiados inundaban los medios de comunicación y algunos políticos europeos arrastraban los pies frente a un clamor ciudadano de solidaridad. El liderazgo de Angela Merkel, François Hollande y Jean-Claude Juncker ha servido para que otros líderes de la UE, como David Cameron o el propio Rajoy, pasen de una posición tímida a una defensa de lo que ahora denominan como el “acervo europeo” de la justicia social.
Bienvenido sea ese giro. Pero los anuncios de ayer deben tener una continuidad y salpicar otros aspectos de la política social que ha sufrido recortes durante los años de la crisis. Hasta ahora, el Ejecutivo solo se ha referido a los refugiados que solicitan asilo político, pero queda pendiente el asunto de la llamada emigración económica, que tanto afecta a nuestro país. Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, las devoluciones en caliente de personas que llegan ilegalmente a España son legales, a pesar de las advertencias de la Comisión Europea en contra.
La historia de España nos debería hacer recordar que durante la Guerra Civil y la posterior dictadura del general Franco millones de españoles fueron acogidos como refugiados políticos en diversos países de Europa y América. Y cómo olvidar que la emigración en busca de trabajo y una vida mejor ha sido una constante en nuestro país. Es un recuerdo que debería estar presente en las decisiones de nuestros gobernantes.
De cualquier forma, lo que corresponde ahora es actuar lo más rápidamente posible para atajar el grave problema de los refugiados. Es cierto que hay que esperar a que la Unión Europea fije una posición y unas reglas de actuación comunes; pero, mientras tanto, se debe poner en marcha la comisión ministerial y coordinar las innumerables propuestas de acogida de personas emprendidas por Ayuntamientos, Gobiernos autonómicos, ONG y ciudadanos particulares. Al igual que hacen falta soluciones globales para un problema global, es imprescindible organizar y canalizar ese caudal de solidaridad que ha surgido estos días en España y aprovechar ese nuevo espíritu para acometer otras tareas y problemas pendientes.