El 11 de abril venezolano, 24 años después
De aquella carnicería no existen culpables, tampoco reparación judicial
El primer episodio sangriento vinculado con el coronel Hugo Chávez ocurrió durante el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1992. El segundo, el 27 de noviembre de ese mismo año, durante su segundo conato de desestabilización de la democracia. El tercero y primero bajo su mandato democrático fue el 11 de abril de 2002, protesta en la que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas. 24 años después de aquel episodio, son muchas las pruebas que se han extraviado o manipulado. Jorge Tortoza, fotoperiodista asesinado en la avenida Baralt de Caracas ese día, es uno de los casos emblemáticos irresueltos. De no haberse incrustado una bala en su cabeza, tendría hoy casi 80 años. Pero si la justicia no le devuelve la vida, tampoco será la impunidad. Casi un cuarto de siglo ha transcurrido, el mismo tiempo que llevan enterrados en vida varios policías metropolitanos responsabilizados tras un juicio repleto de pruebas manipuladas. El calibre hallado en el cráneo de Tortoza pasó de ser un 9 mm. -munición de arma militar- a aparecer repentinamente como un 38 mm., -el calibre atribuido a la Policía Metropolitana, fuerza del orden del gobierno opositor del alcalde Peña. El entonces fiscal de aquella investigación fue asesinado con un explosivo colocado debajo del asiento de su coche. Voló en pedazos.
Según la Agenda de Seguridad Nacional, ese 11 de abril en Caracas actuaron, entre la esquina la Pedrera y Puente Llaguno. 67 pistoleros, además de los funcionarios de Casa Militar y Guardia Nacional. Se dispararon en total unas 380 armas, incluidas las disparadas por francotiradores desde las azoteas de edificios oficiales. En total, casil mil proyectiles que dejaron a su paso 19 fallecidos y más de 300 heridos, de los cuales 12 fueron reporteros, el blanco móvil y las víctimas de referencia, pues eran los únicos que podía documentar lo ocurrido. La protesta, una de las manifestaciones pacíficas más numerosas durante el Gobierno del entonces presidente Chávez, recibió la primera represión oficial, paramilitar y parapolicial que se convertiría en santo y seña del régimen. De aquella carnicería no existen culpables, tampoco reparación judicial alguna.
El 11 de abril, a las 3:45 pm –hora en que ya habían caído heridas cinco personas en la avenida Baralt, incluyendo a Tortoza– en transmisión nacional de radio y televisión –oficial y justo por ello obligatoria para las televisoras privadas– Chávez sostenía una taza de café mientras hablaba a sus seguidores, «los que oraban a las afueras de palacio». Se refería el presidente al grupo de personas, entre ellos el concejal por el Movimiento V República, Richard Peñalver, quien fue captado disparando contra civiles desarmados desde Puente Llaguno, a 500 metros del Palacio de Gobierno. Parecía imposible que Chávez no escuchara el sonido de semejante tiroteo. Veinticuatro años han transcurrido desde entonces, veinticuatro. Y mientras existan quienes podamos recordarlo, conviene dejarlo por escrito.
