El autoritarismo de Evo Morales
Marcha de protesta en 2008 de las comunidades indígenas que rechazan el proyecto de Evo Morales en el TIPNIS. GETTY IMAGES
Once años del Gobierno de Evo Morales han dejado una profunda marca de división y polarización en Bolivia. Lo que una vez fue una promesa de inclusión, rápidamente se convirtió en una estrategia política en la que la confrontación de bolivianos, procedentes de distintos grupos étnicos y regiones, sería una receta para abusar del poder y concentrarlo en el Ejecutivo. Esa ha sido la carta de presentación del Gobierno, la persecución de aquellos que piensan de manera distinto, la impunidad de los corruptos, gobernar para unos pocos atados al sistema y el deseo de imponer políticas rechazadas por la gran mayoría de nuestro pueblo.
Un gran símbolo de este abuso de poder que vivimos hoy día en Bolivia está reflejado en el capricho del presidente Morales de construir una carretera de 306 kilómetros por el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS). La iniciativa es ampliamente rechazada por una gran mayoría del pueblo boliviano, incluyendo a grupos indígenas, organizaciones a favor del medio ambiente y muchos otros. A pesar de esto, el Gobierno sigue adelante con su desarrollo, abusando del proceso legislativo que controla y denigrando a aquellos que están en contra.
La justificación oficial de dicha vía es la conexión de los departamentos de Cochabamba y Beni. El presidente Morales justifica su empecinamiento, imponiendo la noción de que es prioritaria para el desarrollo de las comunidades y acusa a sus opositores de tomar como pretexto el cuidado del medio ambiente para mantener a los indígenas en el retraso. La realidad es que no hay razón de intervenir esta reserva indígena que conserva una alta diversidad biológica, en una superficie de 1.091.656 hectáreas donde habitan unas 64 comunidades indígenas de las etnias moxeñas, yurakarés y chimanes. La misma carretera se puede hacer alrededor de la reserva, lo que sería beneficioso para el medio ambiente y para los grupos indígenas de la región.
Pero el capricho de Evo Morales tiene que ver con una estrategia política y trae riesgo para el país. La verdadera razón para la elaboración de la vía es satisfacer a la base política cocalera del presidente, sin importar las dañinas consecuencias que traerá para el medio ambiente ni sus efectos sobre las comunidades indígenas. La carretera facilitará que la reserva sea colonizada por estas bases cocaleras del presidente Evo Morales. Es decir, permitirá a los cocaleros ampliar su frontera para producir más hoja de coca, de la cual más del 90% se va al mercado ilegal (narcotráfico), según un estudio de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La carretera permitirá a los cocaleros ampliar su frontera para producir más hoja de coca, de la cual más del 90% va al narcotráfico
El intento de Evo Morales de causar daño a la naturaleza pristina de este parque, y a las comunidades que allí residen, ha sido recibido con unidad y una serie de protestas populares que Bolivia no ha visto en mucho tiempo. Al frente de esta posición se encuentran las propias comunidades indígenas del TIPNIS, un amplio movimiento ciudadano, algunas ONG y la totalidad de líderes y partidos de oposición que rechazan el proyecto de forma activa. De hecho, más de 60 ONGs de 21 países del mundo, tales como Amazon Watch y el NACLA (North American Congress on Latin America), alzaron su voz rechazando la propuesta de carretera del TIPNIS. Estas protestas comenzaron hace casi ya una década, en 2008, y continúan hoy día. De hecho, el movimiento popular contra el TIPNIS hizo que el Gobierno declarara en 2011 el área como “territorio intangible”, lo que significaba que no podía ser vulnerado por la construcción de la vía.
Lamentablemente, esto solo resultó ser una victoria temporal, marcada por el interés político del presidente. La semana pasada, la intangibilidad del territorio fue revocada por el Senado de Bolivia en unión con el presidente Morales, abriendo así el camino para la construcción de la carretera. Algunos se preguntarán cómo un presidente que se proclama defensor de los indígenas, ahora trata de imponer su voluntad contra estas comunidades. La respuesta, como todo lo que mueve a este Gobierno, es que está netamente motivado por intereses políticos personales. Morales busca acceder a la presidencia una vez más, a pesar de que el pueblo boliviano rechazó la reelección indefinida en un referéndum realizado en febrero de 2016. Morales busca ahora sortear el voto popular a través de otras vías, ya sea siguiendo el aberrante ejemplo del presidente Maduro en Venezuela con la instauración de una Asamblea Constituyente ilegítima o a través del abuso de poder de la rama judicial, la cual ha politizado en su totalidad. Para mantener su proyecto y poder ser reelegido, Morales necesita el apoyo de las empresas petroleras (para las cuales en el 2015 promulgó un decreto autorizando la exploración de hidrocarburos en 22 áreas protegidas) y de sus bases cocaleras de El Chapare.
Es en esta encrucijada política en la que Bolivia se jugará, en un futuro cercano, su posición como país democrático y donde las voces disidentes y de protesta se escucharán. El TIPNIS es un símbolo importante de esta batalla. Si el Gobierno logra imponer su criterio a pesar de la oposición popular masiva, la inestabilidad política crecerá en Bolivia. En resumidas cuentas, podríamos estar en camino a ser una nueva Venezuela, donde un Gobierno crecientemente impopular busca aferrarse al poder.
Samuel Doria Medina es empresario y presidente del Partido Frente de Unidad Nacional. En 2014, fue candidato a la presidencia en Bolivia quedando en segundo lugar con el 25,1% de los votos frente al presidente Evo Morales.
