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El Brexit, pesadilla del ‘Catexit’

Los jueces harán su trabajo, pero esto no exime a la política de tener que hacer el suyo

Antes de que el juicio a los implicados en el procés se convierta en tema único, quizá convenga volver sobre la cuestión catalana desde perspectivas distintas de las habituales. Me refiero a algunas enseñanzas que nos está proporcionando el propio Brexit. Y no solo, como se viene diciendo una y otra vez, a las consecuencias derivadas de opciones binarias sometidas a referéndum. Que este tipo de decisiones son problemáticas es algo que era sabido. Sobre todo cuando el resultado es ajustado.

A donde me gustaría apuntar es a otra cosa que está saliendo a la luz con gran nitidez en estas últimas fases del divorcio británico de Europa; a saber, la gran dificultad para deshacer todo ese conjunto de interdependencias que vertebran a las sociedades complejas entre sí. Como ocurría con la teoría marxista, se sabe más o menos cómo provocar la revolución, pero ignoramos todo respecto al qué hacer una vez que esta se ha producido. A los británicos se les vendió una recuperación de su soberanía para a continuación chocarse de bruces con la realidad de las consecuencias derivadas de su decisión. Tan grande ha sido el choque, que una clase política habitualmente experimentada y capaz anda como pollo sin cabeza para ver cómo resuelve el embrollo.

En la cuestión catalana siempre se ha discutido únicamente la primera fase, cómo alcanzar la soberanía o, en la jerga del independentismo, la “desconexión” del Estado. Y aquí el término elegido no es neutral. La idea es sacar a la luz que ese “desacople” significa literalmente eso, que el territorio catalán deja de ser España, pero que la sociedad funciona más o menos como antes. Eso sí, con los beneficios derivados de un autogobierno pleno, como el cese de los gastos redistributivos a otras regiones. Como ocurrió con los brexiteers, los efectos menos gratos, o se ocultan o se asumen como el sacrificio de una sociedad en nombre de su destino histórico. Pero no se especifican. Algo que ha encendido a algunos británicos es que Europa también decide. Y que siempre lo hará en su propio interés, salvaguardando su propia cohesión interna y desincentivando movimientos similares. España, en el caso de que se llegara a esta segunda fase, haría lo propio. Y el resultado sería enormemente disruptivo. No solo porque las interdependencias dentro de los Estados son aún superiores a las existentes entre los países, sino por la emocionalidad desatada que dominaría las negociaciones. Al fin y al cabo, la UE ha actuado a través de un equipo de tecnócratas fríos y calculadores.

Por todo lo dicho, lo mejor es anticiparse a las peores consecuencias. Por eso deben ser bienvenidas propuestas como las del Cercle d’Economía catalán, que en la línea de los constitucionalistas y administrativistas dirigidos por Santiago Muñoz Machado, hacen propuestas específicas de reforma de la Constitución que, a mi juicio, contribuyen a sacarnos de la persistente inacción política en esta cuestión. Los jueces harán su trabajo, pero esto no exime a la política de tener que hacer el suyo.

 

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