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El Caribe se ahoga

Un recorrido por algunas de las naciones insulares del Caribe ilustra sus vulnerabilidades ante el cambio climático, y muestra por qué una propuesta presentada en la reciente COP27 debe ser escuchada más allá de esa región.

 

                                                    Foto: Diego Gómez Pickering.

La América insular, una de las regiones menos desarrolladas y más desiguales del continente, suma a sus múltiples retos en lo económico, político y social, los devastadores efectos que la emergencia climática global ha traído a sus costas desde inicios de siglo. “¿Por qué no estamos avanzando?”, se preguntó el pasado 7 de noviembre Mia Mottley, primera ministra de Barbados, durante el discurso inaugural de la ceremonia de apertura de la conferencia mundial sobre cambio climático, conocida como COP27, en el puerto egipcio de Sharm el-Sheikh.

“La voluntad política necesaria, no solo para venir aquí y hacer promesas, sino para cumplirlas y marcar una diferencia en la vida de las personas, parece aún no tener la capacidad de producirse en quienes tenemos la responsabilidad de servir”, reflexionó, en respuesta, la política caribeña, quien ocupa el cargo desde 2018. Mottley hizo también referencia a la devastación causada por la tormenta tropical Lisa en Belice y por las lluvias torrenciales que han caído durante las últimas semanas en Santa Lucía y Dominica. Además, aprovechó la tribuna del principal foro internacional en la materia para presentar una revolucionaria propuesta conocida como Iniciativa Bridgetown, en honor a la capital de la excolonia británica.

“Ninguna otra iniciativa podría tener el mismo nivel de impacto a escala global”, afirma la revista Foreign Policy, que ha dado seguimiento puntual a la presencia latinoamericana y caribeña en la cita africana, sobre el documento presentado por la jefa de gobierno barbadense. Hecha pública el pasado mes de julio en la nación antillana, en presencia de un nutrido grupo de académicos venidos de diversas partes del mundo, ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, la iniciativa aboga porque el FMI haga una aportación única de 650 mil millones de dólares estadounidenses para financiar las necesidades climáticas de los países en vías de desarrollo, a la par de que la banca internacional para el desarrollo otorgue préstamos de bajo interés por un billón de dólares para cubrir gastos vinculados a la mitigación y preparación para el cambio climático en dichos países.

En Egipto, la propuesta recibió el espaldarazo del presidente francés Emmanuel Macron, de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, del presidente del Banco Mundial, David Malpass, del enviado especial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry, e incluso del flamante secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Simon Steil, originario de la también caribeña isla de Granada, quien sucedió en el cargo a la excanciller mexicana Patricia Espinosa y presidió las discusiones en el balneario del Mar Rojo.

La propuesta de Barbados, que además plantea un impuesto a las empresas petroleras, cuya recaudación se utilice para financiar los esfuerzos de reconstrucción en los países en desarrollo que se vean afectados por desastres climáticos, es una bocanada de aire fresco para una región que, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), registra en promedio un índice de desarrollo humano menor al de los países de la América continental y en la que por razones históricas, sociales, económicas, geográficas y, en fecha reciente, climáticas, los desastres naturales causan cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Sobre todo, aquellos desastres naturales que son consecuencia de la considerable alteración en los patrones estacionales de lluvia y sequía.

Esta propuesta debería escucharse también, y con atención, de nuestro lado del Caribe y del Golfo de México, pues plantea soluciones integrales, en voz local, a problemas globales.

Pointe-à-Pitre, Guadalupe
Crucero atracado en Pointe-à-Pitre, Guadalupe: Foto: cortesía del autor.

“Cinco o seis litros, por favor, los más que pueda. Aquí tengo bidones si es necesario”. Alice termina la llamada con la compañía privada de pipas de agua y se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano. Exhala, con cierto alivio. “Seguro el agua estará aquí antes de la hora de cenar”, se dice a sí misma en voz alta. Han pasado casi 48 horas desde que el grifo de su cocina, la llave de su lavamanos y la regadera de su baño se secaran por completo. Cerca de dos días desde que la red de agua potable colapsara en Pointe-à-Pitre, la capital económica y principal asentamiento de la isla de Guadalupe, departamento francés de ultramar en las Antillas menores.

“Ojalá fuera de otra forma, pero esto ya se ha convertido en el pan nuestro de cada día”, se queja, con resignación, la joven maestra de escuela primaria, madre de dos y cabeza de familia, levantando los brazos y secando, ahora, el sudor de su cuello con un pañuelo color púrpura. Alice vive en un edificio tradicional guadalupense de principios del siglo XX, de puertas corredizas de madera, techo de aluminio y un amplio balcón repleto de maceteros con plantas en flor. La entrañable construcción de aire colonial, emplazada en plena Plaza de la Victoria, epicentro de la ciudad, fue completamente restaurada hace un par de años y cuenta con las comodidades y servicios que uno puede encontrar en la Francia metropolitana –con la excepción, más frecuentemente de lo que sus residentes quisieran, del agua potable.

Para Alice es apremiante que el servicio se restablezca a la brevedad. Con las pocas horas libres de que dispone durante la semana, entre su trabajo como educadora y su rol como jefa de familia, tener que arreglárselas para conseguir agua para beber, cocinar, asearse y asear a sus niños, además de para limpiar la casa, es una pérdida de tiempo y de dinero, que en este pequeño territorio europeo del Caribe es casi insuficiente.

Pero Alice no es la única: al dueño del restaurante de los bajos de su edificio también le urge que vuelva el servicio de agua potable a la normalidad, y a sus vecinos de arriba, de abajo y de enfrente: incluso a la oficina del Ministerio del Interior al otro lado del parque. El acceso al agua potable, en latitudes que en promedio superan los 26 grados centígrados todo el año y con un factor de humedad de entre el 60% y el 80%, es indispensable.

El paso de la tormenta tropical Fiona por Guadalupe, la noche del 16 de septiembre, trajo precipitaciones de 100 milímetros por hora por espacio de 12 horas consecutivas. Ello hizo que media isla terminara sin suministro eléctrico, que dos cerros se desgajaran, que 20 viviendas fueran enterradas por el lodo y otras tantas anegadas por el agua, que el principal festival de música de la ínsula se cancelara, que su museo más grande cerrara indefinidamente y que el agua potable se convirtiera en un privilegio de pocas horas al día o de pocos días a la semana.

El problema no es que toquen tierra tormentas tropicales o huracanes. A fin de cuentas, desde que la América meridional y sus islas se poblaron hace miles de años, esta tierra es de lluvias. El problema, desde hace poco más de una década, es la cantidad de agua que cae, los tiempos impredecibles en que lo hace y la fuerza y la magnitud de los vientos que la acompañan. Esos factores juntos hacen que la vulnerabilidad de las islas antillanas ante fenómenos naturales tradicionales se agrave, volviendo casi redundante cualquier medida precautoria, y precarizando aún más la vida de sus comunidades.

Sin embargo, la emergencia climática en el Caribe no se agota en el agua o a la falta de esta.

“Aquí ya prácticamente no queda nada, se ha blanqueado todo el coral, se ha convertido en un desierto, seco e inerme, lo que antes era una jungla, rica y florida, llena de vida”. Jean Cristophe se acomoda los lentes de sol mientras señala, frente a nosotros, el trecho de mar color azul turquesa que separa la Basse Terre, nombre con el que se denomina la mitad occidental de Guadalupe, de los islotes Pigeon. En este breve estrecho de la playa Malendure se encuentra la reserva Cousteau, parte del Parque Nacional de Guadalupe.

El espacio protegido, mil hectáreas de fondos submarinos, lleva el nombre del famoso oceanógrafo galo, quien lo visitó en numerosas ocasiones a finales de los años 50 y quedó maravillado ante su diversidad coralina y de especies acuáticas. Poco de lo que sorprendió a Cousteau sobrevive a seis décadas de distancia. “Una tragedia que ya es demasiado tarde para revertir”, afirma Jean Christophe, desprendiéndose de sus gafas. El sexagenario guadalupense, dedicado a la silvicultura sustentable, lamenta la pérdida de las barreras de coral que rodeaban a su isla –la mayoría en franco estado de deterioro–, a las que como tantos otros isleños recurría de joven y adolescente por las tardes o los fines de semana en busca de tortugas, otrora abundantes, hoy pocas y asediadas por los turistas cazadores de selfis marinas.

El turismo en masa –sobre todo en forma de cruceros, cada vez más voluminosos– y la contaminación excesiva que arrojó en aguas caribeñas hasta hace pocos años –cuando fueron puestas en vigor legislaciones más rigurosas y políticas públicas enfocadas en la protección del medio ambiente– ha puesto en serios aprietos a la flora y fauna de la región insular del continente. A ello debe sumarse la proliferación de plásticos en los mares americanos y la amenaza de especies invasivas como el pez león (Pterois antennata), endógeno del océano Pacífico pero presente en el Caribe como consecuencia de la liberación en las aguas de la Florida de muchos individuos originalmente comprados como mascotas para acuarios domésticos, y cuya voracidad, aunada a la falta de depredadores naturales, tiene a muchas especies de peces caribeños al borde de la desaparición.

Morne Diablotins, Dominica
Sendero en el Parque Nacional de Morne Diablotins, Dominica. Foto: cortesía del autor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Solo contabilizamos 450 ejemplares, pero de aquel censo (realizado en 2017) han pasado varios años. Es necesario uno nuevo, aunque para ello hacen falta recursos, decisión política y guardias forestales interesados y yo, sinceramente, no veo cómo esa combinación de factores pueda darse en el corto o en el mediano plazo”, explica Bertrand mientras empata el tripié de su potente telescopio al desigual suelo de tierra y arena.

El ornitólogo de formación, quien trabajó hasta jubilarse como funcionario y guardaparques de la autoridad forestal de Dominica, se refiere al sisserou o perico imperial (Amazona imperialis), un impresionante loro de pelaje grisáceo en el pecho y verde en las alas, que llega a superar los 50 centímetros de estatura y el kilogramo de peso. Es la especie más grande de la familia de pericos amazónicos y el ave nacional de la otrora colonia inglesa independizada en 1978, que luce, además, al esquivo pájaro en su lábaro patrio. Es también una de las aves americanas más amenazadas y parte de la lista de animales en peligro inminente de extinción.

“Durante la última década son varios los años en los que los individuos monitoreados no empollan crías. Eso se debe a la prolongación de la temporada de lluvias y a la inclemencia de las mismas. Estas aves son sumamente especiales y se toman su tiempo, meses incluso, para construir su nido y encontrar pareja, pero debe todo ocurrir en temporada seca. Necesitan de un tronco quebrado o hueco que esté completamente seco y ello requiere su tiempo. A veces, los nuevos patrones climáticos no les permiten reproducirse y eso es muy preocupante”, agrega el experto mientras da una mordida rotunda al plátano que lleva en la mano.

Estamos en las faldas del Morne Diablotins, la montaña de los diablos en creole, lengua de la mayoría de los dominiqueses, surgida del encuentro entre el francés de los primeros colonizadores y los distintos idiomas africanos de los esclavos traídos por ellos. Con casi 1,500 metros de altura, es la elevación más alta de la isla y el último reducto del hábitat del sisserou. Los inteligentes pericos antillanos solo tienen una pareja a lo largo de su vida, con la que procrean solo una vez por año, si el tiempo seco lo permite, en embarazos que solo producen una cría. De ahí la urgencia de su caso y la preocupación y ocupación de Bertrand, quien sube al volcán durmiente todos los días de la semana para monitorear a los ejemplares que su telescopio, diseñado para la observación de pájaros, le permite identificar.

La declaratoria de más de 3 mil hectáreas del Morne Diablotins como parque natural en el año 2000 fue una medida celebrada por voces como la del ornitólogo, a quien su familia y amigos apodan afectuosamente Dr. Birdy o doctor Pajarito, pues aseguró, en su momento, la preservación del único hábitat restante del cotorro. No obstante, es una medida que a la fecha resulta insuficiente. “La devastación de María disminuyó severamente la población de los imperiales”, asegura el fornido hombre de 58 años mientras enfoca un colibrí de panza azul, también endémico de la isla, pero sin afectaciones de importancia en sus números o hábitat. Bertrand se refiere al huracán María, que antes de destrozar a Puerto Rico, dejándolo sin agua ni luz en septiembre de 2017, hizo lo propio con Dominica –en donde se le considera la peor tragedia natural jamás acaecida en la isla–, arrasando el bosque lluvioso del Diablotins, hoy de nuevo tupido.

La tragedia que acecha al perico imperial de Dominica no es la única. De acuerdo con el más reciente informe del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) al respecto de las especies en peligro de extinción y las ya extintas, América Latina y el Caribe son las regiones del orbe en las que más especies de animales han desaparecido durante los últimos 50 años. Según la organización no gubernamental, desde 1970 nuestra parte del mundo ha perdido el 94% de su biodiversidad, en gran medida por la acción del hombre y, también, por los efectos del cambio climático. Aunque muchos aún, aquí y ahora, renieguen de ello.

Kingstown, San Vicente y las Granadinas
Costa occidental de la isla de Bequia, San Vicente y las Granadinas. Foto: cortesía del autor.

“¿Cambio climático? No lo sé realmente. Lo que sí puedo decir es que este país cada vez va peor, pero supongo que no hay mucho que podamos hacer al respecto. La política y los políticos ¡uf!”, se queja Grant mientras continúa encerando con cuidada atención su camioneta japonesa de modelo reciente. El emprendedor de 45 años, descendiente en quinta generación de los escoceses venidos un par de siglos atrás, atraídos por la caza de ballenas, a este archipiélago situado en el extremo sureste del Mar Caribe, cercano a las costas venezolanas, duda del discurso que predomina en la agenda multilateral, pero no niega los efectos que el clima alterado ha traído a su día a día. El hombre tatuado de manos y brazos, quien porta una gruesa cadena de oro al cuello y pertenece a la minoría blanca en esta nación insular independiente dese 1979, enfatiza el mal estado de la economía, en una nación en extremo dependiente de insumos externos, tras más de dos años de pandemia de covid-19 y una proloongada crisis energética y de transportes. Agravada, reconoce, por la ferocidad de la naturaleza, sobre todo en los últimos años, incluida la erupción del volcán La Soufriere entre 2020 y 2021, que provocó la evacuación de cerca de 20 mil personas, muchas de las cuales siguen sin contar con vivienda propia o sin poder regresar a la que habitaban antes del desastre natural.

“Ya hace tiempo que en la época de huracanes llueve mucho más de lo que solía llover, lo cual causa más destrozos de la cuenta, entre deslaves, inundaciones y mareas altas. Al mismo tiempo, la época de sequía se ha alargado, ahora es más potente y cálida”, denuncia el transportista cuyo negocio se ve continuamente afectado por la falta intermitente de combustible, en su mayoría enviado por el régimen chavista, así como por los perennes desperfectos carreteros provocados por las cada vez más severas tormentas tropicales.

De acuerdo al informe presentado por el relator especial de la ONU para derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, tras su visita a la nación antillana en diciembre de 2021, “el cambio climático está causando estragos en granjas, bosques, la industria pesquera y de la construcción, en hogares, infraestructura y comunidades a lo largo y ancho de San Vicente y las Granadinas, y al hacerlo está violando los derechos a la vida, la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la cultura y a un medio ambiente limpio, sostenible y saludable de los vicentinos”.

Las consecuencias reales y muy actuales de las que habla Boyd en su reporte, ampliamente difundido en el país, las sufren diariamente Grant y el resto de los poco más de 110 mil vicentinos. Amén de su gobierno, de corte socialdemócrata y afiliado desde sus comienzos a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, una plataforma ideada por Caracas para incidir políticamente en la región a través de la toma de decisiones de sus países miembros en foros multilaterales. Algo que, al parecer, está funcionando en el caso de San Vicente y las Granadinas, según las declaraciones de su ministro de Finanzas en el contexto de la COP27.

“Dejen de firmar declaraciones que están encaminadas a asegurar su destrucción”, escribió en Twitter Camillo Gonsalves, titular de la hacienda pública vicentina, la víspera del inicio de la cita mundial sobre el clima en Egipto, instando a los representantes del Caribe que asistirían a la conferencia internacional a no firmar la declaración final, punto culmen de toda reunión multilateral en donde se expresa, aunque solo sea en papel, el rumbo a seguir en escenarios tan delicados.

El llamado del ministro vicentino, replicado por otros políticos de la América insular, denuncia, con razón, un doble rasero por parte de algunos países desarrollados en su agenda climática. Sin embargo, reivindica también, y de forma peligrosa, las tesis negacionistas que claman la inutilidad de las cumbres multilaterales, señalando su ineficacia y dispendio, aunque desestimando que constituyen el único marco con verdadero alcance global desde el cual atajar la problemática.

El tono, la narrativa y el discurso de estos actores, diametralmente opuestos a los de Mottley y la vanguardista propuesta que presentó en Sharm el-Sheikh, se alinean insidiosamente con la retórica aislacionista y nacionalista de países del ALBA, como Nicaragua o Bolivia, que, siguiendo intereses de origen más mezquino y, desde mi punto de vista, alejados de las aspiraciones de sus sociedades, no menos afectadas por las desgastantes y costosas consecuencias de la emergencia climática, abogan por hacer de citas globales como la COP lugares de disenso y no de consenso. Un discurso confrontativo que, en lugar de unificar a América Latina con el Caribe en apoyo de la primera iniciativa de tal envergadura en la región para enfrentar decididamente y con elementos tangibles un mal común para todos, puede convertirse en el iceberg que hunda el barco antes incluso de zarpar, y con este a todos nosotros. Porque ante el próximo huracán, la siguiente tormenta tropical, las próximas inundaciones o la persistente sequía extrema, con sus múltiples, variadas y ramificadas implicaciones en lo económico, lo humanitario y lo social, no hay un solo día que perder.

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