El Centro Carter reitera en su informe final que las presidenciales de Venezuela no fueron democráticas
La organización rechazó la falta de transparencia en el anuncio de los resultados del CNE y la aparente falsificación del mismo
El Centro Carter publicó el lunes 17 de febrero su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, en el que ratificó que el proceso no cumplió con estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrático.
En el texto, la organización rechaza la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación del mismo, y sostiene que estos hechos demuestran que las autoridades venezolanas no fueron capaces de cumplir los objetivos fundamentales en una elección democrática.
El informe destaca que, a pesar de que el Acuerdo de Barbados estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, el proceso electoral reflejó un claro sesgo a favor de Nicolás Maduro.
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Reacciones nacionales e internacionales sobre lo que sucede en Venezuela
La crisis política desatada tras las elecciones presidenciales ha sido aplacada por el gobierno por la vía de los hechos. La reelección de Maduro no pasó las pruebas de la observación internacional que estuvo en terreno, ni la del Centro Carter ni la del Panel de Expertos de las Naciones Unidas. El CNE, por su parte, tampoco ha conjurado las controversias.
Las protestas ciudadanas que se registraron en más de 350 ciudades del país en rechazo a los resultados de las presidenciales anunciados por el CNE, y que fueron rápidamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, también fueron destacadas en el informe.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, validó los resultados en una sentencia sin permitir revisión independiente, lo que consolidó el desconocimiento de las elecciones por parte de la comunidad internacional.
Conclusión y recomendaciones del Centro Carter
El Centro Carter solicita a las autoridades del país el respeto por la voluntad expresada por los venezolanos a través de una revisión transparente e independiente de los resultados.
Asimismo, la organización pidió que se enmienden, deroguen o retiren leyes, proyectos de ley y reglamentos que pretendan restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo; la Ley para el Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines; y la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo.
A continuación los aspectos que el gobierno debe reconsiderar:
- Los procedimientos de designación del CNE para garantizar un mayor apoyo y confianza de todos los partidos y las partes interesadas.
- La publicación de toda la información relevante de manera oportuna y sistemática, incluidas las decisiones del CNE y el calendario electoral.
- Mejorar la capacitación de los miembros de mesa para que sea menos probable que sean reemplazados el día de las elecciones por personas no capacitadas y partidistas.
- Publicación de criterios para el establecimiento de nuevos centros de votación.
- Organizar un registro de votantes integral para los migrantes venezolanos sin restricciones innecesarias basadas en el estatus migratorio.
- Eliminar la facultad del contralor general de inhabilitar a ciudadanos para ser candidatos como sanción administrativa o supletoria, de modo que los derechos políticos solo se suspendan por decisión judicial.
- Adopción de una ley que regule eficazmente el financiamiento político, como se recomendó en 2021.
- Establecer requisitos legales claros para la realización de auditorías preelectorales y poselectorales y la certificación de máquinas de votación electrónica y procesos de votación electrónica para mejorar la integridad y la confianza en el proceso.
- Establecer límites claros a los mecanismos de control social de los votantes y evitar la vulneración de los derechos de los votantes, como los puntos rojos para verificar que las personas hayan votado.
