Hace casi cinco años en un texto titulado Un problema “inexplicable”, alerté sobre la imposibilidad de alcanzar una “coexistencia pacífica” entre el sistema socialista de producción y una forma de producir y comerciar bajo las reglas de la oferta y la demanda.
Entonces aventuraba la hipótesis de que se había formado “el circuito cerrado de la prosperidad”, donde los excluidos serían los empleados del Estado que no roban, los jubilados sin parientes en el extranjero y los emprendedores sin éxito.
A lo largo de este lustro las instancias oficiales han listado productos con precios topados, han eliminado y perseguido a revendedores, han hecho promesas basadas en la ilusión de que tendrían resultado sus exhortaciones a producir más. Pero ha sido en vano.
En la vida real, los bienes y servicios más decisivos en la cotidianidad se han alejado de la capacidad de compra de los cubanos, no solo por el monto de lo que cuestan sino porque ahora se consiguen principalmente en tiendas que solo aceptan moneda libremente convertible (MLC).
A comienzos de 2016 supongamos que el 10% de la población económicamente activa disfrutaba del 80% de los productos que se vendían y de los servicios que se brindaban y, como consecuencia, el 90% restante tenía que conformarse con el 20% de lo que aparecía en los mercados.
La lógica de los campesinos y emprendedores particulares era entonces que la forma más cómoda de obtener ganancias no era producir más a un menor precio sino limitarse a satisfacer la demanda de aquellos pocos que podían pagar más en el circuito cerrado de la prosperidad.
La lógica de los campesinos y emprendedores particulares era entonces que la forma más cómoda de obtener ganancias no era producir más a un menor precio sino limitarse a satisfacer la demanda de aquellos pocos que podían pagar más
Con el afán de obtener divisas sin tener que pasar por el engorroso trámite de producir bienes materiales, el Estado ha abierto una red comercial a la que solo se puede acceder a través de tarjetas magnéticas alimentadas con MLC. El costo político de esta decisión es enorme, pues los descontentos militan en todos los puntos del espectro ideológico.
Obviamente el número de tarjetas entregadas por el banco es sustancialmente superior a la cantidad de clientes asiduos a estas tiendas. Esta desproporción quizás sea comparable a la que hay entre el número de pasaportes expedidos y la cantidad de cubanos que logran viajar al exterior.
En los albores de 2021 parece evidente que será menor el número de personas que tengan un alto poder adquisitivo y menor también la oferta en aquellos mercados a donde acuden los peatones, o lo que es igual, «los cubanos de a pie”.
Aunque a los más recalcitrantes del Partido Comunista les disguste ver cómo un reducido grupo de personas exhibe un estatus de vida “de alta gama”, saben que tendrán que aceptarlo con una sonrisa y tendrán que consentir también que estos privilegiados revendan estas apetecibles mercancías. Tolerarán incluso que se hagan compras por encargo para liquidar la deuda con el plomero, con el electricista y, por qué no, con quienes rentan su cuerpo en el negocio sexual.
Es muy difícil hacer pronósticos porque quedan muchos cabos sueltos, pero se puede afirmar que las decisiones más difíciles del Gobierno tendrán que tomarse antes de abril de 2021, en que se supone se complete el traspaso generacional de poderes. Raúl Castro tiene que poner la cara y asumir la responsabilidad de todo lo que haya que cambiar. La aceptación de la existencia de las odiosas diferencias sociales será una de ellas.
El viejo reproche de la izquierda trasnochada que expone las estadísticas donde sobresale el porcentaje de riquezas que acumulan los más ricos podrá aplicarse en Cuba aunque los números pudieran parecer patéticos. Porque la prosperidad es un concepto relativo y en esta Isla no se medirá por la envergadura de los yates privados o la raza de caballos de carrera, sino por el tonelaje de los equipos de climatización y la cantidad de carne guardada en la nevera.
