El conflicto mapuche da un salto en Chile: lucha armada y estado de emergencia
Radicales graban un vídeo portando armas de grueso calibre; Piñera responde con el envío de 900 soldados al sur del país
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó la semana pasada el estado de emergencia en regiones de activismo mapuche, que ha permitido el envío de 900 soldados e importantes medios militares. La semana anterior, por primera vez extremistas de etnia mapuche aparecieron en un vídeo con armas largas de grueso calibre, amenazando con la «lucha armada» en el caso de verse enfrentados por las fuerzas de seguridad. Ambas acciones suponen una escalada en el conflicto entre el Estado chileno y elementos radicalizados de la minoría indígena de la que descienden el 12% de los chilenos (unos dos millones de personas, aunque muchos no se autoidentifican como mapuches) y que básicamente residen en territorios del sur,
alejados de la capital.
El Gobierno asegura que en lo que va de 2021 se han cometido unos 1.500 actos de violencia en las zonas rurales de lo que se conoce como la «Macrozona Sur», lo que constituye un incremento del 46% respecto a 2020. Como consecuencia de esa mayor actividad violenta, desde enero se han detenido a 460 personas, lo que representa algo más de la mitad de todas las detenciones realizadas en los últimos cuatro años en relación con este conflicto.
El envío de tropas –una decisión criticada por la oposición política– afecta a las provincias Arauco y Biobío, de la región Biobío, y a las de Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía.
Propiedad de las tierras
El enfrentamiento no es nuevo y tiene que ver, según denuncian líderes mapuches, con siglos de negligencia hacia los problemas locales y de intentos de asimilación cultural por parte de la mayoría demográfica, de ascendencia europea.
El principal contencioso afecta a la propiedad de tierras, gestionadas muchas de ellas por la Corporación Nacional Forestal o por agricultores no indígenas que emigraron a esa parte del país, pero que dirigentes mapuches reclaman para uso directo de sus comunidades.
La organización multigremial La Araucanía y el Consorcio Agrícola del Sur defienden la actuación del Estado y han aplaudido la polémica decisión de Piñera de enviar el Ejército, pues confían en que esto «traiga la paz a la región y evite nuevas agresiones, atentados y crímenes».
Por su parte, entidades mapuches como la Coordinadora Arauco-Malleco rechazan que el Gobierno les vincule a actividades delictivas como narcotráfico, contrabando de madera y ataques contra bienes e inmuebles, como la quema de maquinaria agrícola e incluso de iglesias.
Riesgo de una guerrilla
En cualquier caso, elementos radicales que enarbolan la causa mapuche han sido responsables de acciones de ese tipo. Esta semana, los tribunales concedieron la libertad provisional a dos jóvenes condenados en 2018 a diez años de prisión por la quema de una iglesia; también los últimos días esa misma gracia fue denegada a otro activista, condenado a nueve años otro incendio y extraditado en 2018 desde Argentina (donde también se extiende la etnia mapuche, aunque con menor presencia).
La Constitución vigente en Chile no reconoce la existencia de pueblos indígenas en el país, algo que cambiará en el nuevo texto que está elaborando la Convención Constituyente. Eso pudiera dar salida a alguna de las aspiraciones de las organizaciones mapuches.
No obstante, por la creciente polarización ideológica en la sociedad chilena, común a lo que ocurre en muchas otras naciones, existe el riesgo de que nazca una guerrilla que, aunque de pocos efectivos y escasos medios, siembre intranquilidad en el medio rural como está sucediendo en Paraguay con el Ejército del Pueblo Paraguayo.
