El desafío que el Perú enfrenta

El Perú viene afrontando uno de sus mayores desafíos a su vida republicana en 200 años de historia. El 07 de diciembre último, el entonces Presidente Pedro Castillo ejecutó un auto golpe de Estado, maniobra que no se veía desde hacía 30 años con Alberto Fujimori. Su intento de ruptura del orden institucional no fue exitoso: el Consejo de Ministros renunció en su integridad; Pedro Castillo fue detenido y viene siendo procesado; el Congreso de la República procedió a vacarlo por permanente incapacidad moral y la vicepresidenta Dina Boluarte le sucedió constitucionalmente, juramentando al cargo de Presidenta de la República el mismo día.

Desde ese día a la fecha vienen sucediéndose una serie de manifestaciones a lo largo del país, las cuales deben ser consideradas de manera integral para comprender el fenómeno de violencia que viene ocurriendo en el Perú. Por un lado, un grupo significativo de ciudadanos han salido legítimamente a exigirle al nuevo gobierno la atención de diferentes demandas sociales que no venían siendo satisfechas, como servicios sanitarios, educativos, infraestructura, etc. Por otro lado, hay también ciudadanos que demandan la ilegal liberación del golpista Castillo, la renuncia de la Presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, la instalación de una Asamblea Constituyente y la inmediata convocatoria a elecciones.

La Presidenta Boluarte, en un delicado contexto político y social, priorizó el interés y la paz de la nación, planteando al Congreso el recorte de su mandato presidencial y el adelanto de elecciones generales para abril de 2024, propuesta que fue finalmente aprobada por una abrumadora mayoría de las fuerzas políticas presentes en el parlamento. La segunda y última votación que ratificará el adelanto de elecciones y permitirá formalizar su anuncio, se realizaría en la segunda semana de febrero próximo.

No obstante ello, a las legítimas y legales movilizaciones pacíficas se han incorporado grupos de personas que buscan acrecentar el caos social a través del ejercicio de la violencia indiscriminada con objetivos políticos, con permanentes ataques a aeropuertos, puestos policiales, sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, industrias y comercios públicos y privados, obstrucción y destrucción de carreteras, vehículos de transporte público e, incluso, atentando contra los domicilios de autoridades nacionales, regionales y locales. El derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas se encuentra reconocido por la Constitución del Perú y garantizado por el Gobierno. Sin embargo, actos vandálicos como los descritos, no se reconocen como parte de la legítima protesta, ni en el ordenamiento legal peruano ni a nivel internacional. El Gobierno dirigido por la Presidenta Boluarte ha decidido intervenir firmemente para mantener la paz social y proteger a la ciudadanía de dichas acciones ilegales y delictivas, en cumplimiento del mandato constitucional que tiene y en el marco del respeto irrestricto de los Derechos Humanos y compromisos internacionales asumidos.

Según la Defensoría del Pueblo, al 20 de enero, han fallecido 44 civiles en los enfrentamientos con la policía, 9 por hechos vinculados al bloqueo de carreteras y 1 policía a manos de los manifestantes. Así, se contabilizan lamentablemente, 772 civiles y 442 policías heridos. El Perú lamenta profundamente la muerte de peruanas y peruanos en estas manifestaciones. Todo el país está de luto. Los organismos competentes han reafirmado su compromiso de investigar estos hechos, encontrar a los responsables y someterlos a los tribunales, en decidido combate contra la impunidad y la corrupción.

Un grupo reducido de violentistas que no pueden comprender las reglas democráticas de una legítima manifestación o, peor aún, que tengan intereses subrepticios en que el caos y la inestabilidad reinen en el Perú, no pueden subyugar a 33 millones de peruanos que buscan un mejor futuro para sus familias y la coexistencia pacífica. El gobierno de la Presidenta Dina Boluarte busca el diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales del país, así como la reconciliación entre los peruanos y el retorno a la convivencia pacífica, y no cejará en dichos esfuerzos en cumplimiento del mandato constitucional que tiene.

Así pues, en esta hora tan difícil donde el Perú ve vista a prueba la solidez de sus instituciones, requiere de la fortaleza de su ciudadanía para no ceder al caos, así como del respaldo de naciones hermanas como España, cuyo apoyo y posición internacional siempre ha sido a favor de la democracia y contra aquellos que han buscado erosionar el orden constitucional interno.

En síntesis, los peruanos desean y anhelan vivir y trabajar en paz, y el Gobierno invoca a tomar la vía del diálogo y de la concertación. Como dice el Papa Francisco, no más muertes. Nadie desea que las haya.