El dilema de participar o no en elecciones bajo control totalitario
Miembros de la oposición venezolana. (PANAMPOST)
«Es imposible reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen las garantías para el ejercicio efectivo de la democracia», manifestó Luis Almagro, secretario general de la OEA, en referencia a las elecciones recientes en Venezuela.
Hay muchas experiencias en la historia europea y americana sobre la participación de las fuerzas democráticas en procesos electorales en países donde existe un control totalitario. Pero no hay patrones que puedan seguirse.
Para los demócratas americanos están en el tablero las experiencias recientes de Cuba y Venezuela. En Venezuela, la oposición al chavismo participó en elecciones legislativas en 2015 y las ganó ampliamente. Recientemente, participó en elecciones para gobernadores y perdió, también ampliamente.
Pero fueron dos elecciones distintas.
En las primeras todavía había respeto a la Constitución de Chávez. Participaron observadores internacionales. Las segundas, para gobernadores, acabadas de celebrar, fueron convocadas luego de que el madurismo desconociera al Congreso popularmente electo en las primeras y controlado por la oposición, después de ser reprimidas brutalmente grandes manifestaciones opositoras, y cuando el oficialismo había convocado y aprobado una nueva Constituyente, a todas luces fraudulenta, que presentó públicamente como legal.
No. No hay comparación entre ambas elecciones.
Por tanto la cuestión no sería si participar o no en unas elecciones convocadas por un Gobierno totalitario, sino determinar si las condiciones en que se harían esas elecciones, ameritarían participar según el análisis costos-beneficios.
Si existe respeto a las libertades de expresión, asociación, elección y actividad económica, si en definitiva la oposición está siendo permitida, no está siendo ahogada y reprimida violentamente, si puede expresarse, reunirse, hacer su campaña, defender su programa, elegir libremente sus representantes, y las elecciones se hacen bajo garantías confirmadas por observadores internacionales y puede considerarse que existen posibilidades racionales de alcanzar posiciones públicas, valdría la pena participar.
En fin, si una dictadura acepta esas condiciones y es capaz de permitir esas libertades en la práctica, entonces es posible y conveniente participar en esas elecciones, divulgar programas, dar a conocer figuras y hasta ganarlas.
Pero cuando la oposición está aplastada por la violencia, dividida y encarcelada; los empresarios grandes medianos y pequeños en crisis por las acciones monopolista del Gobierno; los trabajadores están violados en todos su derechos; el pueblo está buscando qué comer, empobrecido y huyendo del país como puede, participar en las elecciones convocadas por una dictadura pueden conducir a un fracaso opositor y a una transitoria consolidación del régimen. Lo que ha ocurrido en Venezuela.
La práctica de todos esos procesos electorales, convocados por las dictaduras que realmente no buscan una salida democrática a la crisis del país ni garantizan las libertades fundamentales que la propiciarían, sino una proyección de barniz democrático, para en definitiva consolidar su régimen, demuestran que la oposición puede perder más participando.
Dentro de Cuba
En Cuba, se realizarán próximamente «elecciones» del Poder Popular para elegir a los delegados de circunscripciones. Sin embargo, no existen garantías democráticas elementales que posibiliten a la oposición presentar programas ni candidatos. El Gobierno del general Castro ha hecho todo lo posible por obstaculizar la participación de opositores en los comicios, desde llevarlos presos con o sin motivos, impedirles asistir a las reuniones, presionarlos con asuntos familiares para que no participen, etc. En Cuba siguen en las cárceles muchos presos políticos, se reprime abiertamente toda oposición, y las libertades y garantías fundamentales brillan por su ausencia.
En esas condiciones, movimientos como Candidatos Por el Cambio (CXC), Otro 18, Somos+ y otros proyectos han tratado de presentar candidatos que, a lo más, han servido para demostrar, nuevamente, la ausencia de tales libertades y garantías. Mucho menos puede esperarse de las «elecciones» para diputados a la Asamblea Nacional.
La práctica de todos los procesos «eleccionarios» realizados bajo la Constitución de 1976, incluidas las efectuadas luego de las modificaciones constitucionales posteriores, demuestran que la primera tarea de la oposición y la disidencia es trabajar para que se logren restablecer los derechos políticos, civiles y económicos que puedan garantizar elecciones verdaderamente libres y democráticas.
Mientras tanto, toda tentativa de alcanzar una simple posición de delegado de circunscripción, no pasará del intento.
¿Qué hacer para lograr el restablecimiento pleno de las libertades y derechos fundamentales, que garanticen elecciones libres y democráticas? Bastante se ha escrito, pero vale la pena insistir hasta lograrlo. Abordaré este tema en un próximo artículo.
