El drama humano en las universidades venezolanas

Una noticia circuló por las redes y prendió fuego. Bastaba una cerilla para encender las brasas ya candentes. Un profesor universitario jubilado, de más de 80 años de edad, fue hallado en su vivienda, en estado deplorable, junto al cadáver de su esposa.

Desde entonces, no han parado las reacciones en las redes sociales. Versiones y desmentidos han proliferado pero hay un mar de fondo que ha salido a la superficie: el abandono e indefensión en que transcurre la vida de los profesores universitarios en Venezuela -y de los ancianos en general- después de toda una vida sirviendo a la Educación Superior en el país.

Un tuit de Leonardo León, periodista y reportero gráfico en la ciudad de Mérida –donde reside el profesor en cuestión- puso el alerta en rojo: el profesor pedro Salinas, jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, habría sido rescatado de su apartamento por efectivos bomberiles. Se encontraba con su esposa ya fallecida. En un principio, corrió como la pólvora la especie de que también el profesor había muerto, una vez en el hospital. Poco después, responsable y puntualmente, el reportero publicó este tuit:

“#24Ene.El Prof Pedro Salinas(83) jubilado de Fac de Medicina #ULA NO ha fallecido, sigue recluido en la emergencia del #Iahula. El Prof Salinas fue rescatado de su apartamento ayer por los efectivos bomberiles, quien se encontraba con su esposa que había muerto”.

Era una pareja de personas mayores que vivía sola, un hecho bastante frecuente en un país donde hijos y nietos se han ido a probar fortuna en otras latitudes y quedan los viejos atrás, muchas veces sin ningún tipo de apoyo.

En vista de lo ocurrido, la conmoción causada y el jaleo que se ha generado con esta historia, recurrimos a las fuentes más cercanas y autorizadas. Un profesor universitario, cercano a la familia y compañero del anciano en cuestión, nos dio luces acerca del caso y las verdaderas circunstancias que lo rodearon. Se trata de Bernardo Moncada, también jubilado de la Facultad de Arquitectura, quien con serenidad y precisión nos aclaró algunos puntos.

“El profesor Salinas era un hombre muy querido y respetado por su trayectoria. Su currículum es impresionante y su hoja de trabajo como universitario impecable. Era un ser humano muy retraído. Vivía sólo con su esposa y recibía una pensión que, para nosotros los jubilados equivale al sueldo que no llega a $100. No era dado a pedir ayuda y menos a recibirla. Le gustaba su privacidad. Se que un familiar fuera del país le enviaba alguna ayuda y se mantenía pendiente llamando de vez en cuando por teléfono. No quiere esto decir que es la situación ideal para un profesor jubilado pero son casos que ocurren con cierta frecuencia. Mi opinión es que, a pesar de tener autoridades sensibles en la Universidad, es mucho más lo que la comunidad universitaria podría hacer para evitar estas situaciones, dada la desidia del Estado hacia el sector educativo”.

El rector de la ULA es un médico y se comporta de una manera solidaria, en opinión de sus colegas. Igualmente el decano de la Facultad de Medicina, Gerardo Tovitto, quien pronto informó que el profesor Salinas no había fallecido y que estaba siendo atendido adecuadamente. También el periodista Leo León, vinculado a la Arquidiócesis, se mantiene en permanente seguimiento de la información.

Algunos tuiteros, indignados, constataban que las versiones de las autoridades universitarias coincidían en destacar la gravedad del caso: “Este profesor –Tovitto- diciendo verdades y la nieta todo lo contrario desde Europa”.

No tardaron en producirse los desmentidos de la familia. Se escucharon explicaciones, vía Wasp, de la administradora del conjunto residencial Paseo La Feria, donde reside el profesor Salinas quien, obviamente, debe tener acceso a la familia: “La señora sufrió un infarto. El esposo fue a buscar ayuda, se resbaló y cayó. Recién operado de la columna, como estaba, ya no se podía mover más. No pudo pedir auxilio. Los vecinos, después de dos o tres días sin verlos, acudieron a llamar a la puerta y fue cuando lo escucharon gritar. Fue así como llaman a los bomberos y a la policía, quienes entraron y consiguieron al profesor en muy malas condiciones, deshidratado totalmente y a su señora fallecida”.

La administradora reveló que la hija única de la pareja, Perla Salinas, pediatra, reside en España y era quien los mantenía. Tenían también un varón, pero falleció hace un tiempo. Según esta versión el profesor «no estaba desnutrido sino deshidratado». Admirable que haya podido gritar después de tantos días sin probar bocado ni tomar agua un señor de tan avanzada edad.

Fue precisamente esta señora administradora quien calificó a la información que circulaba como “amarillista”, uniéndose a la siempre lista tropa que prefiere matar al mensajero. El asunto es que “el mensajero”, en este caso, fue el clamor unísono en las redes sociales. Muy mal estaríamos si, como país, estos casos fueran invisibilizados y no tuvieran eco, al menos, para crear conciencia sobre la necesidad de atender a nuestros ancianos, asistirlos y demandar al régimen la parte que le corresponde.

Lo cierto es que el mencionado profesor pasó 72 horas sin recibir auxilio y quién sabe cuáles serían sus condiciones de alimentación cuando carecían de la asistencia adecuada y puntual en su día a día como personas de edad avanzada. Es la manifestación patente de una realidad donde, como dice el papa Francisco, el descarte se impone y, poco a poco, nuestros ancianos van siendo borrados y la sociedad se va desentendiendo. Y ni hablar del gobierno.

Virgilio Castillo, de la Asociación de Profesores de la ULA publicó en su perfil: “Lamentamos la dramática situación del profesor Salinas, consecuencia de la destrucción del salario y la seguridad social propiciada por el gobierno contra los universitarios. A través de la APULA y el IPP, le estamos prestando todo nuestro apoyo gremial”.

Poco a poco, la situación se fue calmando al saberse, por boca del doctor Pedro Fernández, uno de los galenos a cargo, que el profesor se recuperaba satisfactoriamente ofreciendo detalles. Igualmente, Médicos Unidos de Venezuela, Capítulo Mérida, daba a conocer que “la situación del Prof. Salinas es estable, aún en hospitalización. El día de mañana se realizarán algunos estudios de extensión fuera del hospital gracias a la gestión del gremio docente de la Universidad”.

Si bien es cierto que los gremios son ahora más solidarios que nunca debido a la negligencia gubernamental, también lo es el que las universidades públicas jamás habían vivido una agresión como la que se observa hoy. Los presupuestos son de liquidación. Les falta el agua y los servicios más básicos sin que al gobierno se le mueva un músculo. Son constantemente asaltadas y desvalijadas por la delincuencia. La misma universidad de Los Andes denunció hace días estar sin agua en casi en un 80% de sus instalaciones. Los sueldos y las jubilaciones de los profesores son ridículos. Muchos, literalmente, pasan hambre.

Susana Raffali, colaboradora de Cáritas como nutricionista venezolana, profesional acreditada en protección y asistencia humanitaria y defensora de derechos humanos, no tardó en escribir su mensaje: “Inanición, desnutrición, deshidratación o depresión. Es un debate pobre sobre la situación real de desamparo de los profesores de la ULA. Un ruido débil en medio del estruendo que hace un Estado fallido al desmoronarse su obligación de honrar nuestro derecho a la protección”.

Gustavo Marturet respondió a Raffalli: “Un desamparo #DESCA instrumentalizado por Contratación Colectiva Universitaria #CCU, cerco presupuestario a #UniVe con presupuestos reconducidos por años, desmantelamiento Institutos Previsión Social IPP Cajas de Ahorros, violaciones autonomía universitaria libertad académica”.

Es frecuente leer en las redes sociales peticiones de ayuda para los profesores universitarios: para conseguir medicinas, para hospitalización y tratamientos médicos, ¡hasta para funerales!. En las parroquias universitarias se ha visto a profesores haciendo la misma fila que los más humildes para obtener una bolsa de alimentos. Y no es para menos: hoy en día, la paga de un catedrático titular –sin importar su antigüedad- puede llegar a ser entre $17 y $30. Un profesor de la Facultad de Derecho de la UCV nos comentaba: “Te darás cuenta que esto es vergonzoso. No te alcanza ni para una compra en panadería”.

Recibimos el texto de la IV Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario. Y confieso que dar detalles es más penoso que omitirlos. Entendemos que una dictadura prefiere a la Universidad cerrada o sumisa. Y si no lo consigue por las buenas, lo hará por las malas, aún interviniendo o suspendiendo sus actividades, como en efecto tantas veces ha ocurrido. Pero reducir la pobreza crítica a los profesores es un auténtico crimen, no sólo contra ellos y sus familias, sino también contra una tradición de sacrificio y entrega por la Educación en un país donde hoy está más golpeada que nunca.

El profesor Salinas no es el primero ni el único caso. Un señor mayor con una esposa igual, no son capaces de valerse por sí mismos y menos salir a comprar comida, medicinas y solventar otras necesidades. Está visto que ni siquiera para ir por ayuda en momentos críticos.

Este caso se hizo público y viral gracias al aldabonazo de los periodistas. A eso lo llaman “amarillismo” cuando el verdadero amarillismo es otra cosa, un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados. En este caso, el escándalo, lo llamativo, es la indefensión y abandono en que se encuentran los ancianos en un régimen que los ha dejado a un lado por completo. Una jubilación que no les da ni para pagar a alguien que les haga los mandados. Y una tercera edad que se vive entre la indiferencia y la desatención.

“Un jubilado o pensionado –nos dice Giuseppe Giannetto, ex rector de la UCV- no tiene por qué depender de hijos, nietos, familiares, vecinos, para vivir y estar tranquilo en su vejez. El Estado, constitucionalmente, tiene y debe velar por los derechos humanos y ciudadanos de sus connacionales”. Los pensionados, hoy en día, perciben la “astronómica” suma de $7 al mes. Es bueno que se sepa que la canasta básica alimentaria en esta Venezuela mega inflacionaria, va por US $343,75.

Vuelve Giannetto a la carga: “Los jubilados y pensionados, así como todos los trabajadores al servicio del Estado, deben gozar de salarios y remuneraciones justas, lógicas, estables y acordes a la dignidad humana, además de tener garantizada su seguridad social”. Esta última, por cierto, es literalmente inexistente a juzgar por el monto ridículo de los seguros y pólizas para servicios médicos.

Y agrega: “Es el Estado fallido de Maduro y los suyos los responsables de la desgracia de tantos jubilados y pensionados que mueren por desnutrición y por falta de atención médica. Pensiones de hambre y seguridad social inexistente”.

El caso del profesor Salinas no es, ciertamente, el primero; ni será, lamentablemente, el último. Al menos mientras prevalezca el estado de cosas que vivimos en Venezuela.

Son casos como el del profesor Salinas lo que nos sensibilizan para ser más receptivos ante el mensaje del Papa Francisco: “No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos».-