El empresario que pagó 1,85 millones a Garzón lo acusa de no hacer los trabajos y le llama «delincuente»

Escribió una carta al exjuez, la depósito ante notario y se la envió por correo certificado, como ha podido comprobar este diario. Datada el 12 de abril de 2017, comienza así: «En mi relación con Vd. y su bufete siempre me he conducido bajo la plena confianza depositada en su figura y su relevancia internacional adquirida en la defensa de la “justicia universal”. Es por este principal motivo por el que contraté sus servicios, aceptando además una remuneración tan elevada que en otras condiciones hubiera supuesto a lo sumo la décima parte de lo acordado con su firma».

Ruperti le comunica que rescinde el contrato porque «su despacho no ha llevado a cabo los trabajos encargados ni me ha informado de nada relacionado con los mismos». Además, añade que «he perdido absolutamente la confianza depositada en Vd porque he tenido conocimiento, entre otras vicisitudes, que en el año 2012 fue condenado a la pena de inhabilitación de once años por un delito de prevaricación e intercepción de comunicaciones de un preso, siendo expulsado de la carrera judicial».

«Credibilidad»

El empresario sostiene que «en el contrato suscrito con su despacho figura como asunto encomendado la elaboración de un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas de debido proceso sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal» y se pregunta entonces «¿qué valor y credibilidad puede tener un informe sobre garantías procesales si quien lo firma ha sido condenado precisamente por vulnerar garantías en un proceso judicial bajo su dirección?».

Wilmer Ruperti va más allá: «Obviamente un informe elaborado y firmado por un delincuente que se halla cumpliendo condena apenas tiene valor y, de hecho, se erige en contra de los intereses perseguidos como acabamos de ver. Pero es más: un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador difícilmente se va a poder considerar un jurista de relevancia y autoridad internacional, especialmente en cuestiones procesales».

El empresario marítimo venezolano reprocha al abogado español «el hecho de no haberme informado de su condena ni de haber comentado nada de esto en ninguna de las reuniones y comunicaciones mantenidas denota por su parte si no un dolo cuanto menos una grave negligencia, pues una información tan relevante, máxime cuando se contrata a alguien por su prestigio, debe ser facilitada por su parte y discutida abiertamente antes de contratar sus servicios».

Ruperti concluye la carta de este modo: «Habida cuenta además de los elevadísimos honorarios pactados por una reputación cuanto menos dudosa, esta ocultación por Vd. podría incluso constituir un absoluto embeleco», al tiempo que le reclama «la devolución de todas las cantidades hasta la fecha, así como se me informe detalladamente de los trabajos y actuaciones».

Pese a que no ha ocurrido ni una cosa ni la otra, fuentes próximas a Ruperti dicen a ABC que el empresario no ha demandado por estafa al exjuez porque le avisaron de que «le iba a buscar problemas utilizando todos los medios a su alcance».

Sin respuesta de Garzón

ABC se ha puesto en contacto con fuentes oficiales del despacho de Baltasar Garzón para recabar su versión de los hechos, pero no se ha obtenido respuesta alguna. Ilocad, fundado en 2012, ha facturado 14,3 millones de euros hasta el año 2017.

El exmagistrado viajó a Isla Margarita (Venezuela) en el año 2016, como desveló ABC, para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el Ejército venezolano. La agencia antidroga estadounidense, la DEA, acusa a este cartel de introducir en el país cocaína de las FARC, la guerrilla colombiana.

Hugo Carvajal fue director de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) entre los años 2004 y 2011, con Hugo Chávez, y de su sucesora, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, entre 2013 y 2014. Mayor General del Ejército Nacional de Venezuela, una vez retirado entró en política y salió diputado electo de la Asamblea Nacional por el Estado de Monagas en 2016. En 2014 evitó la extradición desde la isla de Aruba, de jurisdicción holandesa, cuyas autoridades denegaron la orden. «El Pollo» Carvajal recaló en Madrid. Enfrentado a Maduro, el pasado febrero reconoció al presidente interino Juan Guaidó en un vídeo publicado en Twitter. El 12 de abril fue detenido en Madrid por agentes de la Policía. La Audiencia Nacional estudia ahora la orden de extradición de Estados Unidos en su contra.